El Gobierno y el PP coincidieron este jueves en el Congreso en una apreciación sobre el estado de la justicia en España: ambos viven en “realidades paralelas”. Lo que para el ministro de la Presidencia y Justicia está siendo la “mayor transformación en décadas de la justicia española”-un estribillo que Félix Bolaños repite incansable- constituye para el PP apenas un proceso “caótico y delirante”. Mientras los independentistas catalanes se consideran víctimas de una “dictadura de togas” -en expresión de Josep Pagès, de Junts, reprobada por el ministro-, PP y Vox denunciaban que es el poder judicial quien está sometido al asalto del Gobierno. Así que diputada popular María Jesús Moro no tuvo más remedio que constatar: “Vivimos en realidades paralelas”. Y en eso coincidió plenamente el socialista Francisco Aranda: “Efectivamente, vivimos en realidades paralelas”.
Y a pesar de todo, la comparecencia de Bolaños deparó algunas coincidencias insospechadas. Por ejemplo, Mikel Legarda, del PNV, y Javier Ortega Smith, de Vox, concordaron en repudiar los acuerdos entre PSOE y PP para repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Más aún: Pagès y Pilar Vallugera, de ERC, en sendas intervenciones muy duras con el ministro, se declararon expresamente de acuerdo con algunas otras apreciaciones del propio Ortega Smith. En el caso del diputado de Junts se declaró coincidente con el de Vox al atribuir un sesgo político a la Fiscalía, aunque con una inclinación opuesta a la que le había achacado este último.
Se constató una coincidencia más y de mayor trascendencia, porque parece anunciar dificultades para una de las reformas impulsadas por los socialistas: la que pretende restringir la acusación popular, a la vista de las actuaciones impulsadas por grupos ultraderechistas como Manos Limpias, Abogados Cristianos o Hazte Oír. No solo los dos grupos de la derecha reiteraron su oposición a un cambio legislativo que ambos atribuyen a un intento de frenar investigaciones como la de la esposa del presidente del Gobierno. También el socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, mostró enormes reticencias, aunque por motivos diferentes.
“No se puede legislar a golpe de titular o de campanadas de Fin de Año”, reprochó el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, vinculando la iniciativa de los socialistas con la querella contra la humorista Lalachús por mostrar una imagen que parodiaba una estampa religiosa en el programa de Nochevieja de TVE. “La investigación sobre los casos de corrupción del PP no podría haberse llevado a cabo sin la acusación popular”, alertó Santiago, quien defendió que ese tipo de acciones han contribuido a alcanzar “las más altas cotas de la justicia española”.
Pagès, sin especificar la postura definitiva de su grupo sobre la cuestión, puso en evidencia la contradicción de los socialistas, que, mientras abogan por impedir que los partidos ejerzan la acusación popular, se han personado en la causa abierta por la dana de Valencia. “Mientras esté contemplado en la ley, ejercemos nuestro derecho”, respondió Bolaños, quien apeló a las doctrinas del Tribunal Supremo y del Constitucional que aconsejan prohibir esas actuaciones de los partidos ante la justicia. El ministro reiteró que su propósito es frenar lo que definió como una “feria de ultras” que utilizan ese mecanismo para “perseguir y hostigar a personas progresistas: humoristas, periodistas, funcionarios, familiares…”.
Bolaños tuvo que afrontar una pregunta directa, primero formulada por los periodistas a la entrada de la comisión y luego por el portavoz de Junts: ¿debería dimitir el fiscal general del Estado en caso de que se abra juicio contra él? En ambos casos el ministro evitó anticipar nada, aunque defendió a Álvaro García Ortiz como un “servidor público honesto, íntegro y ejemplar”, que “se dedica a perseguir el delito” y que “dijo la verdad” cuando desmintió el bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, sobre los tratos entre el novio de esta y la Fiscalía para eludir la cárcel por sus reconocidos delitos a Hacienda. Sobre ese aspecto, Enrique Santiago, atizó con dureza al Tribunal Supremo por abrir un procedimiento contra el fiscal general que “ha traspasado todo lo aceptable”, con el objetivo de “intimidar y llenar de porquería a la institución” y “ocultar los trapicheos” de la pareja de la presidenta madrileña.
Ante la insistencia del PP, y sobre todo de Vox, en el discurso —“grotesco”, en palabras del ministro— de que el Gobierno está acabando con la democracia, Bolaños inquirió a la diputada Moro: “¿Usted cree de verdad que estamos en un Estado autocrático?”. “De momento, no”, admitió ella, aunque a continuación puntualizó que algunas leyes del Gobierno llevan ese camino. Bolaños remató con una ironía: “¡Qué tiempos aquellos cuando éramos jóvenes y discutíamos de la amnistía!”. Transcurridos los meses, la derecha pasa ahora de puntillas por el asunto que tanto escándalo suscitó.
