El secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, advirtió que estamos presenciando una reactivación de los conflictos vinculados a la gran minería y que, en ambos casos, el Estado ha tomado partido por la inversión minera, dejando desprotegida a la población.
Desde el lunes 17 de febrero, los pobladores del Valle de Tambo, en Arequipa, iniciaron un paro indefinido en defensa de su valle, el agua y la agricultura. La medida responde a la posible reactivación del proyecto minero Tía María y La Tapada, operado por la empresa Southern Copper Corporation.
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Por otro lado, desde el 14 de febrero, los comuneros de Ccollpa Ccashahui, en el distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas, Cusco, mantienen una protesta indefinida contra el proyecto minero Crespo. Exigen el retiro definitivo del proyecto del territorio y la nulidad de los permisos obtenidos para la fase de construcción y explotación.
Ambas medidas de resistencia buscan proteger el agua, un recurso vital para la agricultura, la ganadería y la vida de la población. En el caso de Tía María y La Tapada, se trata de un proyecto que demandaría grandes volúmenes de agua, afectando el abastecimiento del Valle de Tambo y poniendo en riesgo los ríos, la agricultura, la ganadería y la salud de los habitantes.
En cuanto al caso de la comunidad de Ccollpa Ccashahui, la protesta exige el retiro definitivo del proyecto minero Crespo, propiedad del Grupo Apumayo. La movilización se originó tras el inicio de la fase de exploración de oro en una zona clave: la cabecera de cuenca del río Santo Tomás.
Esto ha generado gran preocupación entre los pobladores, ya que temen que la actividad minera contamine las fuentes de agua que abastecen los ríos y valles de los distritos de Santo Tomás.
El Observatorio de Conflictos Sociales reportó que en diciembre de 2024, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) atendió una denuncia sobre una posible contaminación del río Santo Tomás, causada por la rotura de una poza en la unidad minera Crespo.
Los comuneros exigen al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas, al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y al OEFA el cierre definitivo de la unidad minera Crespo.
Ante la creciente tensión, se espera la llegada de una comisión de alto nivel para instalar una mesa de diálogo el próximo 13 de marzo en Chumbivilcas, con el fin de encontrar una solución al conflicto. Si bien el caso de Tía María es más antiguo que el de Chumbivilcas, el Gobierno ha desplegado fuerzas policiales en ambas zonas para controlar las manifestaciones.
El secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, advirtió que están presenciando una reactivación de los conflictos vinculados a la gran minería y que, en ambos casos, el Estado ha tomado partido por la inversión minera y ha desprotegido a la población.
«Se supone que el garante y protector de los derechos de todos los peruanos y peruanas es el Estado, representado por el gobierno nacional. Sin embargo, lo que vemos es que este prioriza la inversión privada sin cuestionamientos, mientras acusa a la población de ser radical, antiminera o de boicotear el desarrollo,» señaló Borda.
Finalmente, concluyó que de un gobierno autoritario, que busca imponer la gran minería por la fuerza, no se puede esperar nada, mucho menos la implementación de estrategias de respuesta basadas en el diálogo. «Este Gobierno ha claudicado y renunciado a escuchar a la gente que dice representar,» enfatizó.
