En Guinea Ecuatorial, la mentira ha dejado de ser una simple estrategia de distracción para convertirse en uno de los pilares del aparato de poder de Teodoro Nguema Obiang Mangue. El vicepresidente ecuatoguineano ha instaurado una estructura de desinformación en la que la verdad se persigue y la calumnia se utiliza como instrumento de intimidación. El país permanece sometido a una élite cleptocrática que utiliza las instituciones públicas, las fuerzas de seguridad y el aparato mediático estatal como herramientas de represión selectiva e instrumentalización política.
Uno de los episodios más grotescos de esta campaña de desprestigio se produjo cuando el vicepresidente de la República, Teodoro Nguema Obiang Mangue, difundió en su cuenta oficial de X, en octubre de 2025, un fragmento de una grabación privada presentado de forma parcial y manipulada. A partir de ese corte, Teodoro Nguema Obiang Mangue intentó construir la narrativa de que la reconocida abogada ecuatoguineana Gemma Jones habría incurrido en un delito contra el empresario español José Luis Romero Ruiz, en Madrid, durante la celebración de la junta general ordinaria y extraordinaria de la empresa adjudicataria del contrato de la TDT. Sin embargo, aquella acusación se ha desmoronado ante la justicia española.
El pasado 18 de septiembre de 2026, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza n.º 19, dictó el Auto n.º 1991/2026, mediante el cual el juez Antonio Viejo Llorente acordó el sobreseimiento libre y el archivo definitivo de las actuaciones iniciadas a raíz de la denuncia presentada por Romero Ruiz contra Gemma Jones y su representado, Mohamad Aladib.
La resolución judicial desmonta la tesis sostenida contra Gemma Jones y establece que la reunión celebrada en el Hotel Meliá Castilla se produjo en el contexto de una negociación mercantil entre las partes, en el marco del conflicto societario relacionado con Wayang Teknikal Soluciones Globales S.L. El auto descarta que los hechos investigados permitan sostener la existencia de amenazas, extorsión, chantaje o coacciones.
Hecho judicialmente acreditado: no existe un vínculo demostrado entre Gemma Jones y Diario Rombe
José Luis Romero Ruiz, molesto por las investigaciones periodísticas de Diario Rombe sobre el caso TDT, señaló durante la instrucción a Gemma Jones como responsable de las filtraciones y de la información difundida por este medio. Sin embargo, el Auto dictado por el Juzgado de Instrucción n.º 19 de Madrid aborda expresamente la supuesta relación entre Jones y Diario Rombe y concluye que no ha quedado acreditada su participación en las publicaciones.
La resolución señala: «…al igual no queda acreditada la intervención de los denunciados en la publicación de la prensa; aun así, no estaríamos ante un supuesto penal».
La conclusión judicial es clara: no se acreditó que Gemma Jones interviniera en la publicación de las informaciones difundidas por Diario Rombe. Y, además, el propio instructor considera que, incluso en el supuesto de que hubiera existido alguna intervención, los hechos no constituirían un ilícito penal.
Este punto resulta especialmente relevante porque durante la instrucción se intentó vincular a Jones con las informaciones publicadas por Diario Rombe, convirtiendo esa supuesta relación en uno de los argumentos utilizados contra ella. El auto judicial desmonta esa conexión.
El doble rasero del régimen ante la desinformación
La cuestión adquiere una dimensión política cuando se contrasta esta actuación con el marco legal aprobado por las propias autoridades ecuatoguineanas. En diciembre de 2024, el poder legislativo de Guinea Ecuatorial aprobó la Ley n.º 7/2024, de 23 de diciembre, por la que se regula el uso de las redes sociales, los delitos informáticos y la ciberdelincuencia, que establece mecanismos de persecución de determinadas conductas relacionadas con la difusión de contenidos considerados ilícitos en redes sociales y entornos digitales.
El régimen ha presentado esta legislación como una herramienta para combatir la desinformación y proteger el honor y la convivencia social. Sin embargo, su aplicación plantea una evidente contradicción cuando quienes controlan el aparato propagandístico del Estado difunden acusaciones contra periodistas, opositores o ciudadanos sin que exista una resolución judicial que las sustente. La pregunta es inevitable: ¿se aplicaría esa misma legislación a Teodoro Nguema Obiang Mangue y a los responsables de los medios propagandísticos por difundir acusaciones que posteriormente quedan desmentidas o descartadas por los tribunales?
Si las leyes se aplicaran con independencia, igualdad y sin excepciones políticas, la respuesta debería ser la misma para todos, incluidos los responsables de los medios de comunicación vinculados al aparato propagandístico del régimen y quienes ocupan las más altas instituciones del Estado. El problema no es únicamente la existencia de una ley. El problema es quién la aplica, contra quién se aplica y quién queda al margen de ella.
La ofensiva contra la disidencia: las querellas como mecanismo de presión
La campaña contra Gemma Jones se produce, además, en un contexto más amplio de ofensiva judicial y mediática contra periodistas, activistas y opositores ecuatoguineanos en el exilio. En las últimas semanas, Teodoro Nguema Obiang Mangue ha emprendido acciones judiciales contra Diario Rombe y contra otras figuras visibles de la disidencia y de la comunicación independiente.
El contraste resulta significativo, ya que, mientras el régimen denuncia públicamente determinadas informaciones y presenta a sus críticos como responsables de campañas de difamación, desde sus propios canales institucionales se han difundido acusaciones contra personas que posteriormente no han encontrado respaldo en los tribunales ecuatoguineanos.
Quien ocupa la Vicepresidencia de Guinea Ecuatorial y concentra un enorme poder político y económico dentro del Estado se presenta así ante los tribunales europeos como víctima de ataques, mientras desde el aparato del régimen se mantiene una política de represión contra periodistas, activistas, influencers y opositores que ejercen su actividad fuera del país.
Represión transnacional: la maquinaria del régimen más allá de sus fronteras
El episodio contra Gemma Jones y las acciones judiciales contra disidentes en el exilio no pueden analizarse como hechos completamente aislados. Forman parte de un contexto más amplio de presión sobre la oposición y el periodismo independiente ecuatoguineano fuera del territorio nacional. Ante el creciente descontento social interno y el aislamiento de determinados sectores del régimen en el exterior, las autoridades ecuatoguineanas han intensificado sus esfuerzos para controlar la información, vigilar a sus críticos y desacreditar a quienes investigan el patrimonio, los negocios y las actuaciones de la élite gobernante.
Las maniobras destinadas a neutralizar a la oposición, el acoso a activistas de derechos humanos y las campañas contra periodistas independientes reflejan una estrategia que trasciende las fronteras nacionales. Cuando una dictadura no puede controlar físicamente a quienes la fiscalizan porque se encuentran fuera de su territorio, puede intentar recurrir a otras herramientas: campañas de desprestigio, vigilancia digital, presión judicial y utilización de sus canales oficiales de comunicación para presentar a sus críticos como delincuentes o difamadores. El caso TDT constituye un ejemplo significativo de esa dinámica.
Un auto que desmonta una acusación
El Auto n.º 1991/2026 representa un elemento judicial de especial relevancia porque pone límites concretos a una acusación que había sido utilizada públicamente para cuestionar la actuación de Gemma Jones. La resolución no puede interpretarse como una sentencia definitiva sobre todas las cuestiones políticas que rodean al caso ni como una declaración judicial sobre el funcionamiento del régimen ecuatoguineano.
Pero sí establece algo concreto: las actuaciones penales contra Gemma Jones y Mohamad Aladib han sido objeto de sobreseimiento libre y archivo definitivo, y no se ha acreditado la participación de Jones en las publicaciones de Diario Rombe.
Además, el auto no constituye todavía una resolución firme, al ser susceptible de los recursos ordinarios de reforma y apelación. Pero el dato esencial permanece: una acusación difundida públicamente desde las más altas instancias del poder ecuatoguineano no ha encontrado respaldo en la investigación judicial española.
Para Gemma Jones, se trata de un importante paso hacia el esclarecimiento de los hechos. Para quienes intentaron convertir una disputa mercantil en una acusación penal y utilizarla después como arma de propaganda, el auto representa un serio revés.
