El caso CEIBA nació de una investigación sobre la desaparición y posterior venta de un avión ATR-72-500. Las actuaciones administrativas impulsadas desde la Vicepresidencia dieron paso a investigaciones penales contra antiguos responsables de la compañía. Uno de esos procedimientos quedó registrado como Sumario Ordinario n.º 036/2023, en el que fueron procesados varios exdirectivos y un empresario por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de funciones, abuso de bienes de interés general, apropiación indebida, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
El procedimiento no terminó con una condena generalizada como esperaba la población. La sentencia de la Audiencia Provincial de Bioko Norte, hecha pública el 12 de diciembre de 2025, estableció responsabilidades diferentes para cada acusado. Ruslán Obiang Nsue y Luciano Esono Bitégue fueron absueltos. En el caso de Ruslán, el tribunal bajo la influencia de la Abogacía del Estado consideró que su condición de director general adjunto no significaba que tuviera el control efectivo de la compañía, cuya dirección general habría estado bajo la responsabilidad de otros directivos. Respecto a Luciano Esono Bitégue, la acusación fue retirada durante el procedimiento y el tribunal misteriosamente no encontró elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal.
La situación fue distinta para Cruz Nguema Ela Nchama y Alfonso Osa Nguema Mokuy (Caco), ambos antiguos directores generales de CEIBA. Los dos fueron condenados por malversación de caudales públicos a dos años de arresto mayor y al pago de una multa penal de 15 millones de francos CFA cada uno. Además, Cruz Nguema Ela Nchama debía responder civilmente por 38.520.717 FCFA, mientras que a Alfonso Osa Nguema Mokuy (Caco) se le fijó una responsabilidad civil de 138.613.962 FCFA. El tribunal también condenó a Bonifacio Obiang Esono Afana como cómplice de malversación, imponiéndole seis meses de arresto menor, una multa de cinco millones de FCFA y una responsabilidad civil de 50 millones.
Los tres condenados fueron absueltos de otros delitos que se les habían atribuido, al no considerar el tribunal suficientemente acreditados esos cargos. Otros investigados, entre ellos Julia Nchama Obama, Menfis Biru Weldegeosis y Nebil Mohammad Shash, quedaron en situación procesal distinta, al haber sido declarados rebeldes y continuar sus actuaciones por piezas separadas. La sentencia, por tanto, distinguió entre quienes quedaron absueltos, quienes fueron condenados por malversación y quienes debían responder económicamente por los daños atribuidos a su gestión.
La sentencia también dejó abierta la posibilidad de recurrir en casación, por lo que el fallo no era firme en el momento de su notificación el 12 de diciembre de 2025. En este sentido, Cruz Nguema Ela Nchama —centro de este reportaje— interpuso recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia contra la sentencia n.º 64/2025 de 25 de noviembre; sin embargo, hasta el momento de publicar esta historia, el tribunal no ha contestado formalmente a dicho recurso.
La justicia que no alcanza a todos: absoluciones, apellidos y privilegios dentro del poder
La sentencia del caso CEIBA dejó al descubierto una realidad que va más allá de las responsabilidades administrativas y penales de los antiguos directivos de la aerolínea: no todos los procesados ocupaban la misma posición dentro del sistema de poder de Guinea Ecuatorial. Entre los absueltos había personas estrechamente vinculadas a la familia presidencial y a las estructuras dentro del Consejo de Administración de CEIBA que han dirigido el país durante décadas. Y entre los condenados también figuraban personas con relaciones familiares relevantes dentro del propio entorno de la Presidencia. Sin embargo, el destino de unos y otros después de la sentencia terminó siendo muy diferente.
El caso más significativo es el de Ruslán Obiang Nsue, hijo del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y hermano de Teodoro Nguema Obiang Mangue, Vicepresidente de la República y una de las figuras centrales del poder político. Ruslán no era un antiguo empleado cualquiera de CEIBA. Durante años ocupó responsabilidades directivas en la aerolínea nacional y formó parte de las estructuras institucionales y empresariales del Estado. Su nombre quedó vinculado a uno de los episodios más controvertidos de la gestión de la compañía: la operación de venta de un avión ATR-72.
Su absolución en el Sumario Ordinario 036/2023 resulta especialmente relevante por el contexto familiar y político en el que se desarrolló el procedimiento. La investigación y el proceso contra antiguos responsables de CEIBA se produjeron en un escenario en el que Teodoro Nguema Obiang Mangue había adquirido un papel determinante en la supervisión de las actuaciones contra quienes habían dirigido la compañía. La circunstancia de que uno de los hijos del presidente, además hermano del vicepresidente, terminara absuelto mientras otros antiguos directivos recibían condenas plantea una pregunta inevitable sobre la igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia.
El tribunal justificó la absolución de Ruslán señalando que no había quedado acreditado que tuviera el control efectivo de la dirección general de CEIBA durante el periodo examinado. Esa es la explicación judicial y debe quedar recogida. Pero la resolución también deja una cuestión política que merece ser examinada: ¿habría tenido el mismo recorrido el procedimiento si el acusado no hubiera sido hijo del jefe del Estado?. Una condena contra Ruslán habría colocado a un miembro directo de la familia presidencial ante las consecuencias penales de la gestión de una empresa pública. También habría establecido un precedente especialmente delicado para el resto del entorno familiar que ha ocupado durante años posiciones de poder.
Alfonso Osa Nguema Mokuy: condenado, encarcelado y liberado tras una muerte familiar
El contraste con Alfonso Osa Nguema Mokuy resulta especialmente llamativo. La sentencia le impuso dos años de arresto mayor, una multa penal de 15 millones de francos CFA y una responsabilidad civil de 138.613.962 FCFA. Tras el fallo, fue trasladado a la prisión pública de Black Beach junto con el comandante Cruz Nguema Ela Nchama, también condenado a dos años de arresto mayor y a una multa de 15 millones de FCFA.
Pero Alfonso Osa tampoco era una persona ajena a los círculos de poder. Según la información recabada por Diario Rombe, Alfonso Osa es hermano de Agustina Mangue, la madre de María del Pilar Avomo Nguema Mangue, quien en vida desempeñó el cargo de viceministra encargada de la Tesorería y Patrimonio del Estado. Lo que ocurrió después de su muerte constituye uno de los episodios más delicados de este caso.
Según fuentes conocedoras de los acontecimientos consultadas por Diario Rombe, Constancia Mangue Nsue Okomo ordenó la puesta en libertad de Alfonso Osa Nguema Mokuy, después del fallecimiento de su sobrina. La decisión se habría producido pese a que, de acuerdo con la información recibida por esta redacción, el condenado no había satisfecho la totalidad de las obligaciones económicas impuestas por la sentencia. Estamos ante un hecho de enorme trascendencia: una persona condenada por un tribunal había recuperado la libertad no como consecuencia de una resolución judicial conocida por esta redacción, ni después de acreditar el cumplimiento de las sanciones impuestas, sino por una decisión de la esposa del jefe del Estado.
Cruz Nguema Ela: el chivo expiatorio de CEIBA encarcelado por ser «hijo de un don nadie»
Mientras figuras con conexiones familiares en la cúpula del poder recuperaban la libertad al margen de los cauces procesales, la situación de Cruz Nguema Ela Nchama discurre por un camino radicalmente opuesto. La marcada asimetría en la aplicación de la justicia en este caso pone de manifiesto cómo la falta de influencia política convierte a unos en eximidos de hecho y a otros en chivos expiatorios del colapso de la aerolínea estatal.
Casi un año después de la resolución y de la interposición del correspondiente recurso, la situación penitenciaria del antiguo director de CEIBA sigue planteando serios interrogantes. Según la documentación oficial recabada por Diario Rombe, Cruz Nguema Ela Nchama cumplió con el ingreso efectivo de los 38.520.717 FCFA correspondientes a la restitución de fondos y responsabilidad civil ante la Tesorería General del Estado (avalado mediante recibo de caja de BGFIBank y nota de ingreso del Juzgado de la Audiencia Provincial de Malabo). La cantidad que continuaba pendiente era la multa penal de 15 millones de FCFA, cuya distinción jurídica frente a la reparación civil resulta fundamental para comprender por qué el pago de los 38,5 millones no supuso, por sí solo, su inmediata excarcelación.
Sin embargo, el obstáculo decisivo para liquidar la sanción restante y lograr su puesta en libertad no reside en la falta de voluntad de pago, sino en las trabas institucionales impuestas por el Fiscal General del Estado, Anatolio Nzang Nguema. Ante la imposibilidad del procesado de cubrir la multa penal en un solo tracto, la propia compañía aérea CEIBA Intercontinental intervino formalmente reconociendo una deuda salarial acumulada de 136.856.256 FCFA a favor del comandante por sus servicios como empleado y piloto.
La presidencia ejecutiva de la aerolínea propuso al Fiscal General del Estado, Anatolio Nzang Nguema canalizar el pago de las obligaciones pendientes mediante un fraccionamiento en cuotas mensuales de 500.000 FCFA. Pese a esta predisposición y al reconocimiento contable de la deuda por parte de Ceiba Intercontinental, el Fiscal General del Estado, Anatolio Nzang Nguema, bloqueó de manera efectiva cualquier solución, obstaculizando la salida de prisión del procesado.
Fuentes consultadas bajo condición de anonimato señalan que este proceder responde a una estrategia de complacencia e hipercelo punitivo por parte del Fiscal General —quien, según denuncian, ha enviado a prisión a numerosos inocentes bajo el pretexto de cumplir directrices atribuidas a Constancia Mangue Nsue Okomo y Teodoro Nguema Obiang Mangue—, con la pretensión personal de granjearse méritos de cara a su ansiado nombramiento como Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
La incoherencia del actuar fiscal resulta aún más evidente al examinar el historial del procedimiento. Durante la fase instructora iniciada tras su procesamiento en 2021, Cruz Nguema Ela no se encontraba bajo arresto domiciliario, sino sujeto a una prohibición de salida del país con cierre de fronteras. En este periodo, las autoridades ignoraron sistemáticamente todas las gestiones realizadas para que pudiera renovar sus licencias de vuelo; no obstante, fue el propio comandante quien decidió dejar de pilotar voluntariamente al considerar que el estrés derivado del proceso penal convertía el pilotaje en una imprudencia temeraria.
La paradoja procesal alcanzó su punto máximo tras la vista oral. Paradójicamente, durante la fase en que Anatolio Nzang Nguema solicitaba una pena de hasta 18 años de prisión y una fianza provisional de 400 millones de FCFA, Cruz Nguema Ela Nchama permaneció en libertad preventiva y con movilidad interna para desplazarse a su localidad natal. Sin embargo, en un giro incomprensible, cuando el tribunal redujo la condena a 2 años de arresto mayor, fue la propio Fiscal General, Anatolio Nzang Nguema el que solicitó de inmediato su ingreso en prisión alegando un repentino «riesgo de fuga», y ejecutando la orden a pesar de que se le había notificado expresamente al Ministerio Público que la sentencia aún no era firme al estar pendiente el recurso de casación.
Este celo punitivo contrasta de forma sangrante con la benevolencia mostrada hacia otros implicados de alto perfil, que han sido reubicados en la administración pública o puestos en libertad por orden superior sin llegar a abonar las sumas impuestas. Fuentes cercanas al caso coinciden en que el factor determinante de este trato discriminatorio es su origen social: al ser «hijo de un don nadie» —sin vínculos familiares con la élite en el poder—, sobre Nguema Ela recae de forma selectiva todo el rigor penal que se le perdona al resto de responsables del quebranto económico de la aerolínea.
El caso CEIBA no solo debe examinarse por las cantidades de dinero público que estuvieron bajo investigación. También debe analizarse por lo que revela sobre el funcionamiento de la Justicia: quién responde penalmente, quién queda fuera del alcance de las condenas y quién puede recuperar la libertad cuando cuenta con la protección adecuada.
