Mientras Teodoro Biyogo Nsue Okomo, hermano de la primera dama Constancia Mangue Nsue Okomo, disfruta de absoluta libertad y acompaña al dictador en sus viajes oficiales, los demás implicados en el caso de la televisión digital terrestre (TDT) llevan más de dos años encerrados en los calabozos de la cárcel pública de Black Beach, sin juicio, incomunicados y, según las denuncias recibidas, sometidos a torturas. La diferencia de trato es evidente: a quien el Fiscal General de la República, Anatolio Nzang Nguema señala como el principal beneficiario de la operación permanece libre, mientras otros implicados soportan las consecuencias de un proceso judicial que sigue sin resolverse.
La trama salió a la luz tras una investigación impulsada por la abogada y defensora de los derechos humanos hispano-ecuatoguineana, Gemma Jones Ndjoli en defensa de los intereses de su cliente e impulsada Teodoro Nguema Obiang Mangue, quien aprovechó la denuncia para acorralar a su tío, Teodoro Biyogo Nsue Okomo.
Las pesquisas de la Gendarmería señalaron que Teodoro Biyogo Nsue había operado mediante un testaferro, Jesús Cántaro Nsegue Nzang, conocido como Ebaco, quien acabó en Black Beach después de revelar los detalles de la operación. A través de la mediación de Jesús Cántaro Nsegue Nzang se canalizaron 531.839.682 francos CFA (unos 810.780 euros).
La operación quedó amparada por un contrato de colaboración empresarial firmado el 30 de noviembre de 2021 entre la mercantil Grupo Candy, representada por el propio Teodoro Biyogo Nsue Okomo, Jefe de Protocolo de su cuñado Teodo Obiang Nguema, y la sociedad Wayang Teknikal Solucoes G.E.S.L., firmada por el empresario español Miguel Macarro Herrero, quien actualmente reside en España sin que conste que haya sido sometido a las mismas medidas judiciales. El acuerdo había servido para canalizar comisiones aprovechando la influencia directa de Biyogo Nsue sobre el dictador y acelerar así los pagos.
Cuando Teodorín intentó utilizar las pruebas para detener a su tío, Teodoro Biyogo Nsue Okomo, se encontró con la intervención directa de Constancia Mangue Nsue Okomo. Según las informaciones recabadas por Diario Rombe, la primera dama prohibió que su hermano fuera citado a declarar y amenazó al fiscal general con destituirlo inmediatamente y fabricarle una causa si se atrevía a investigarlo. La advertencia habría bastado para apartar a Biyogo Nsue de cualquier consecuencia judicial, pese a los indicios que lo señalaban en la operación.
Esta protección privilegiada contrasta con la actitud de Constancia Mangue hacia otros miembros de su propia familia. Es el caso de Cándido Nsue Okomo, también hermano de la primera dama, contra quien, según las informaciones de Diario Rombe, habría ordenado en numerosas ocasiones a su hijo Teodorín cerrar las fronteras para impedirle moverse con libertad en el país. La diferencia de trato resulta significativa: mientras Constancia Mangue interviene para evitar que Biyogo Nsue responda ante la Justicia, habría promovido medidas para restringir los movimientos de otro de sus hermanos. En su entorno familiar, la protección no parece ser un derecho compartido, sino un privilegio reservado a quienes cuentan con su respaldo.
La protección dispensada a su hermano contrastó también con el trato reservado al resto de los implicados. Constancia Mangue auturoizó para que las investigaciones y detenciones continuaran contra quienes quedaron expuestos, aprovechando además la operación para ajustar cuentas con antiguos adversarios políticos y miembros de la familia de su marido como hizo con Ruslan Obiang Nsue, Gabriel Mbaga Obiang Lima a través de Crispin Edu Tomo Maye.
Entre ellos figura Francisca Obiang Giménez, expresidenta de Geproyectos y hermanastra de Teodoro Nguema, que logró abandonar el país antes de las redadas y conserva sus contratos públicos. Su socio, Jeremías Augusto Barleycons, no tuvo la misma suerte: terminó encarcelado. En Black Beach permanecen figuras relevantes de aquella operación, entre ellas el exministro de Telecomunicaciones, Máximiliano Martín Meko Abeme —acusado de reclutar a la empresa sin mediar concurso público a cambio de contraprestaciones económicas—, mientras que su sucesor en el cargo Rufino Ondo Engonga junto como el exministro Eugenio Nze Obiang, cumplen arresto domiciliario.
También están en Black Beach, el vicepresidente de Geproyectos, Bonifacio Esono Nsolo; el informático Carlos Joaquín Oko Iyanga; el director general de Obras Públicas, Demetrio Ela Edu Nfono; y el magistrado del Tribunal de Cuentas, Leoncio Ndong Micha Nchama. Mientras tanto, Teodoro Biyogo Nsue Okomo, señalado como uno de los principales beneficiarios de la trama, continúa disfrutando de libertad.
El caso de la TDT ha terminado convertido, según las denuncias sobre su gestión, en un mecanismo de presión económica de Constancia Mangue Nsue Okomo sobre los detenidos. Las informaciones recabadas apuntan a que Constancia Mangue y su hijo exigen el pago de multas millonarias como condición para recuperar la libertad. El proceso ha dejado de perseguir exclusivamente responsabilidades judiciales para convertirse en un instrumento de recaudación privada en beneficio del entorno familiar que, paradójicamente, mantiene fuera de prisión a su hermano Teodoro Biyogo Nsue Okomo.
El indulto que Obiang quiso conceder
Teodoro Obiang Nguema permanece cada vez más aislado, debilitado por su estado de salud y sometido, según fuentes próximas a la Presidencia, a la influencia de su entorno familiar, particularmente de Teodoro Biyogo Nsue Okomo. En ocasiones, cuando consigue recibir información de personas que tienen acceso directo a él, el presidente reacciona e intenta frenar las decisiones de su esposa, Constancia Mangue Nsue Okomo, y de su hijo, Teodoro Nguema Obiang Mangue, a quienes responsabiliza del deterioro de la situación política del país.
En la última reunión del PDGE, según las informaciones trasladadas a Diario Rombe, llegó a advertir: «Las propias personas que comen conmigo en la mesa quieren mi muerte». Con motivo de su cumpleaños, Obiang había decidido conceder un indulto a 300 personas que permanecen detenidas injustamente, según las fuentes consultadas. La iniciativa encontró la oposición de Constancia Mangue, partidaria de mantener a los reclusos en prisión.
«Obiang Nguema sabe cuidar de las personas que lo han aupado, siempre que no hayan participado en delitos contra su vida», explica un contacto próximo a la Presidencia. Por instrucciones del jefe del Estado, se organizó una comisión para desplazarse hasta Black Beach y reunirse con los presos seleccionados. Entre ellos figuraban detenidos relacionados con los expedientes de la televisión digital terrestre (TDT), la ANDGE y el INSESO.
La reacción de la primera dama y su hijo fue inmediata. Ambos cuestionaron a los integrantes de la comisión y exigieron saber quién había autorizado el procedimiento. El ministro de Justicia respondió que las instrucciones procedían del propio presidente de la República. La respuesta no evitó las represalias. El ministro habría sido sancionado con una suspensión de sueldo durante 30 días. También se había ordenado el arresto domiciliario de un alto funcionario del Gobierno relacionado con el procedimiento.
Finalmente, Teodoro Nguema Obiang Mangue, bajo la influencia de su madre, había conseguido modificar las instrucciones de su padre. La selección quedó restringida en 70 presos, según las fuentes, a jóvenes vinculados al grupo conocido como los Ocho Machetes. Se trataría de una fórmula mucho más fácil de controlar: liberar a unos pocos mientras continúan las detenciones. «El día que liberan a diez presos, al día siguiente entran otros treinta», resume una fuente conocedora de la situación penitenciaria.
Black Beach: hacinamiento, enfermedades y abandono
La situación en la cárcel pública de Black Beach es especialmente preocupante. Según fuentes próximas al Ministerio de Justicia, el centro, concebido para albergar aproximadamente a 300 personas, mantiene actualmente a más de 2.600 internos. Los testimonios describen condiciones de vida extremas. Mientras los hijos de Pastor Hassan Obiang Mangue disfrutan de condiciones privilegiadas para dormir, otros menores pasan la noche en las escaleras de la prisión. Algunos internos sobreviven alimentándose de lo que encuentran en los cubos de basura. Otros padecen tuberculosis sin recibir la asistencia sanitaria necesaria.
Los médicos acudirían aproximadamente una vez por semana y los medicamentos disponibles serían insuficientes para atender a la población reclusa. La falta de atención sanitaria, la alimentación deficiente y el hacinamiento agravan las condiciones de quienes llevan meses o años privados de libertad sin haber sido juzgados.
Maximiliano Martín Meko Abeme: una detención con trato diferenciado
El caso de Maximiliano Martín Meko Abeme merece especial atención. Un contacto del Ministerio de Justicia sostiene que su ingreso en Black Beach no respondería únicamente a las acusaciones relacionadas con la TDT. Existiría una operación anterior que habría sido orquestada por el entonces director general de GITGE, Oscar Ondo Ngomo Nchama, con el apoyo de Pastor Hassan Obiang Mangue. Diario Rombe publicará próximamente los detalles de esa operación. La misma fuente afirma que Meko Abeme terminó incluido en el expediente de la TDT por motivos que iban más allá de las responsabilidades administrativas que pudieran atribuírsele. «Solamente porque se sabía que él era amigo del hijo de Purificación Angue Ondo», explica.
El conflicto había adquirido mayor intensidad después de que se difundieran ampliamente unos audios en los que Purificación Angue Ondo hablaba del perfil profesional de Maximiliano Martín Meko y lo comparaba con el de Teodoro Nguema Obiang Mangue. Según el contacto, aquellas conversaciones provocaron el malestar de Constancia Mangue y su hijo, que habían decidido enviarle y someterlo a un trato especialmente severo en prisión.
La diferencia de trato resulta especialmente llamativa al compararlo con otros antiguos miembros del Gobierno que participaron en la firma del contrato de la TDT. Algunos habían obtenido arresto domiciliario, mientras Meko Abeme continúa encarcelado. Según la denuncia recibida, tampoco disfruta de las mismas condiciones que otros internos. Lleva más de dos años privado de libertad, sin juicio y sin acceso adecuado a asistencia médica. Además, había sufrido torturas psicológicas y físicas.
«No tienen pruebas contra Maximiliano. Él fue ministro durante un año. Tuvieron que cesarlo como ministro para tener el camino libre y hacerse con el dinero de la TDT», afirma el contacto. La fuente añade que otros responsables relacionados con la operación no habrían sido llamados a declarar, entre ellos Eucario Bacale, Oscar Ondo Ngomo Nchama, Jerónimo Osa Osa Ecoro, Carlos Miko y el ex primer ministro Pascual Obama Asue.
El precio de recuperar la libertad
Mientras los detenidos esperan una resolución judicial o un eventual indulto, las condiciones para recuperar la libertad han adquirido una dimensión económica. Según las denuncias recibidas por Diario Rombe de fuentes judiciales, Constancia Mangue y su hijo están exigiendo pagos de cientos de millones de francos CFA a determinadas personas para permitir su excarcelación.
Las mismas fuentes aseguran que se estaría recaudando dinero para financiar la localización y captura de ciudadanos ecuatoguineanos declarados en busca y captura. Todos los detenidos han aceptado pagar las cantidades exigidas, pero también se les había obligado a firmar documentos mediante los cuales renuncian a emprender acciones judiciales contra el Estado de Guinea Ecuatorial.
El propósito de esos documentos sería impedir que los afectados pudieran reclamar judicialmente contra Constancia Mangue Nsue Okomo y Teodoro Nguema Obiang Mangue. «En pocas palabras, les están obligando a renunciar a cualquier demanda judicial contra Constancia Mangue y Teodoro Nguema Obiang Mangue, porque ellos son ahora el Estado», sostiene. Pero ni siquiera el pago ha garantizado la excarcelación. «Lo peor es que, a pesar de haber pagado, llevan más de un mes esperando y siguen encerrados en la cárcel en condiciones inhumanas», denuncia.
El temor que, según este contacto, existe entre los propios miembros del Gobierno queda resumido en otra de sus declaraciones: «Todos los miembros del Gobierno tenemos miedo de Constancia Mangue Nsue Okomo. Cuando te odia, es tu desgracia de por vida».
