La corrupción institucional en Guinea Ecuatorial rara vez se traduce en consecuencias reales como investigaciones judiciales, destituciones efectivas o rendición de cuentas. A menudo, incluso cuando una auditoría oficial documenta irregularidades graves y exige rescindir contratos fraudulentos, los implicados conservan sus puestos o son incluso restituidos en ellos. Los casos de Jesús Namabal Bilingung Ngung y Rimme Bosio Riocalo ilustran crudamente esta contradicción.
Diario Rombe destapó uno de los escándalos más graves en la gestión del Ministerio de Justicia, Culto y Derechos Humanos. Las investigaciones, sustentadas en una auditoría oficial y en documentación bancaria, revelaron que empresas vinculadas a altos cargos del propio departamento se adjudicaron subvenciones públicas destinadas a las cárceles y centros de reeducación de menores.
La primera publicación, titulada «Un escándalo oculto: la auditoría destapa un desvío abusivo y sistemático de subvenciones en Justicia por empresas de Reginaldo Biyogo, Rimme Bosio y Jesús Namabal», expuso las redes de complicidad y los flagrantes conflictos de intereses detectados en la administración de fondos públicos.
La segunda, «Escándalo en el Ministerio de Justicia: 91 millones de FCFA desviados hacia Mifindi E&B S.L., empresa del secretario de Estado Jesús Namabal», profundizó en los movimientos bancarios que certificaron transferencias por 91,6 millones de FCFA a favor de la sociedad de Namabal.
Detrás de estas revelaciones se encuentra un documento oficial de 14 páginas, fechado el 27 de mayo de 2025 y elaborado por la Comisión para la Verificación de las Subvenciones del Gobierno destinadas a Instituciones Penitenciarias y Centros de Reeducación de Menores. Dicha comisión contó con la participación de Juan Aba Elo Nchama, viceministro encargado de Auditorías, junto a altos representantes del Gabinete Civil y del Departamento de Auditorías.
El informe examinó el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de marzo de 2025. Sus conclusiones fueron demoledoras: abuso de funciones, corrupción sistémica, malversación de subvenciones, conflictos de intereses, pagos sin justificación y un entramado empresarial vinculado directamente a miembros del Ministerio.
Hoy, en noviembre de 2026, mientras el régimen presume de una campaña de detenciones contra altos cargos por presuntos delitos de corrupción como los exministros Rufino Ndong Esono Nchama, Maximiliano Martín Meko Abeme, dos de los principales señalados por aquel informe —Jesús Namabal Bilingung Ngung y Rimme Bosio Riocalo— continúan ocupando puestos de máxima responsabilidad en el Ministerio de Justicia. Ninguno ha sido apartado del cargo ni han tenido que rendir cuentas ante la Gendarmería.
Rimme Bosio y Rioko Rere S.L
La auditoría oficial del 27 de mayo de 2025 incluyó expresamente a Rioko Rere entre las empresas vinculadas a miembros del Ministerio que recibían adjudicaciones públicas. En sus conclusiones, la comisión señaló que estos contratos generaban conflictos de intereses y problemas de justificación de los servicios realizados. Por ese motivo, recomendó rescindir el servicio de mantenimiento y limpieza del Instituto de Práctica Judicial adjudicado a Rioko Rere.
La relación empresarial de Bosio con Rioko Rere ya había sido objeto de una investigación anterior de Diario Rombe, publicada en el marco de los GQLeaks. Aquella investigación examinó correos electrónicos y documentación societaria que apuntaban a la participación de la viceministra en la gestión de negocios privados relacionados con la contratación pública.
Entre otros elementos, el reportaje documentó una factura de 200.000 FCFA por servicios de catering y una nota de pago de 1.660.000 FCFA relacionada con material para el departamento ministerial. Estas operaciones no deben confundirse con el importe del contrato de mantenimiento y limpieza del Instituto de Práctica Judicial.
La cuestión central es que la propia auditoría identificó a Rioko Rere dentro del grupo de empresas vinculadas a responsables del Ministerio y recomendó poner fin a su servicio. Sin embargo, no se ha publicado una explicación sobre cuánto se había pagado a la sociedad por ese contrato, qué trabajos fueron efectivamente realizados, quién certificó su ejecución ni qué medidas se adoptaron para recuperar o revisar los fondos.
La ausencia de ese desglose no elimina el problema; al contrario, refuerza la necesidad de publicar el contrato, las facturas, los justificantes de pago y las certificaciones de los trabajos. Y plantea una pregunta institucional que sigue sin respuesta: ¿por qué una responsable del Ministerio vinculada a una empresa contratista pudo continuar ejerciendo funciones públicas después de que una auditoría oficial recomendara rescindir el servicio de esa sociedad?
Jesús Namabal y los pagos a Mifindi E&B S.L
El 11 de octubre de 2025, Diario Rombe destapó que Mifindi E&B S.L., propiedad del entonces secretario de Estado de Culto e Instituciones Penitenciarias, Jesús Namabal Bilingung Ngung, recibió fondos públicos masivos por el supuesto suministro de verduras a centros dependientes de su propia cartera.
La estructura de pagos contemplaba transferencias fijas de 13 millones de FCFA mensuales para la prisión de Bata y 4,9 millones para el centro de menores de Teguete: un total de 17,9 millones de FCFA al mes (214,8 millones anuales) destinados a un suministro básico cuya ejecución real el Estado estaba obligado a fiscalizar.
La auditoría oficial del 27 de mayo de 2025 dinamitó la coartada administrativa al advertir sobre la peligrosidad del sistema de pagos fijos mensuales a Mifindi E&B S.L. La comisión determinó que este mecanismo facilitaba el fraude al abonar sumas millonarias sin certificar la entrega efectiva de los alimentos ni contrastar los volúmenes facturados.
Entre el 1 de enero y el 11 de junio de 2025, la empresa cobró 91,6 millones de FCFA: 64 millones procedentes de la cuenta de Asistencia Penitenciaria y 27,6 millones de las cuentas de Teguete y Riaba. La pregunta sigue en el aire: ¿cómo pudo una empresa pantalla de un alto cargo enriquecerse con fondos públicos destinados a los presos mientras él mismo gestionaba los servicios penitenciarios? La auditoría exigió rescindir el contrato, pero los ciudadanos continúan sin ver depuradas las responsabilidades ni recuperados los fondos desviados.
La continuidad de los responsables y el silencio institucional
El elemento más alarmante de esta trama es la absoluta impunidad política. Lejos de ser destituidos, los protagonistas de las irregularidades han afianzado su posición. Según la información contrastada por Diario Rombe, Jesús Namabal ha sido ratificado como secretario de Estado de Culto e Instituciones Penitenciarias, mientras que Rimme Bosio Riocalo continúa ejerciendo como viceministra. Esta anomalía choca frontalmente con el discurso oficial anticorrupción impulsado por la Presidencia.
La continuidad de ambos plantea un dilema inevitable sobre los criterios de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo:
- ¿Por qué unos altos cargos son encarcelados o investigados mientras otros, señalados en auditorías oficiales por saquear los recursos públicos bajo su tutela, conservan intactos sus despachos?
- ¿Considera el entorno de la Presidencia que Namabal y Bosio están blindados frente a cualquier escrutinio, o responde esta diferencia de trato a lealtades dentro de las redes de poder del régimen?
La auditoría del 27 de mayo de 2025 dejó constancia fehaciente del fraude en las instituciones penitenciarias y ordenó la anulación de los contratos de Mifindi E&B S.L. y Rioko Rere S.L. Lo que falta por saber es qué destino dieron el Ministerio de Justicia y la Gendarmería Nacional a esas conclusiones.
Una auditoría que documenta corrupción no puede quedar archivada en un cajón mientras los implicados siguen administrando el Estado. Hoy, los propios funcionarios del Ministerio de Justicia se hacen la misma pregunta en los pasillos: ¿Por qué unos terminan en Black Beach y otros, señalados por saquear los recursos de los más vulnerables, conservan sus cargos y son premiados con la continuidad?
