Los nuevos documentos de la Tesorería General del Estado y la base de datos de Geproyectos obtenidos por Diario Rombe vuelven a situar a ABC Construcciones S.A., empresa vinculada a la primera dama, Constancia Mangue Nsue Okomo, en el centro de la contratación pública de Guinea Ecuatorial.
Tras analizar miles de adjudicaciones de obras públicas realizadas a empresas relacionadas con miembros de la familia presidencial, la documentación revela un patrón que, según diversas fuentes de la Tesorería y Geproyectos consultadas por este medio, se habría repetido durante años: la adjudicación de contratos multimillonarios a ABC Construcciones S.A. y la posterior subcontratación de gran parte de las obras a otras empresas, muchas de ellas extranjeras.
Entre esas compañías figura Construcción Wei S.A., de origen asiático, así como Afrom Guinea, propiedad de Gonzalo Esono Alo, cuya participación en este sistema de subcontrataciones ya fue revelada por Diario Rombe en una investigación publicada el pasado 25 de julio.
Un teatro de más de 53.500 millones de francos CFA que nadie encuentra
Uno de los casos más llamativos aparece en la documentación correspondiente a 2015. Ese año, el Gobierno adjudicó a ABC Construcciones S.A. la construcción del denominado Teatro de la República de Guinea Ecuatorial por un importe de 53.512.972.060 francos CFA. Posteriormente, ABC Construcciones subcontrató la ejecución del proyecto a Construcción Wei S.A.
Sin embargo, tras numerosas consultas realizadas por Diario Rombe a distintas fuentes y una revisión de la información disponible, no ha sido posible localizar ninguna infraestructura que corresponda a ese supuesto Teatro de la República, ni en Malabo, ni en Bata, ni siquiera en Oyala, la nueva capital administrativa promovida por la familia del dictador para saquear las arcas públicas.
La aparente inexistencia de esta obra plantea serios interrogantes sobre el destino de los fondos públicos consignados para su construcción y sobre los mecanismos de supervisión aplicados a un contrato de semejante magnitud. Ante estos indicios, el Tribunal de Cuentas, presidido por Melchor Esono Edjo, sobrino de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, tiene la responsabilidad institucional de abrir una investigación pública e independiente que permita esclarecer el destino de los 53.512.972.060 francos CFA adjudicados para este proyecto.
Dicha investigación debería determinar si el procedimiento de adjudicación a ABC Construcciones S.A., empresa vinculada a la primera dama Constancia Mangue Nsue Okomo, se ajustó a los principios de legalidad, transparencia y concurrencia exigibles en la contratación pública, así como establecer las posibles responsabilidades administrativas, contables o penales que pudieran derivarse en caso de detectarse irregularidades.
Contratos multimillonarios concentrados en una misma empresa
La documentación también refleja otras adjudicaciones de enorme volumen económico a favor de ABC Construcciones S.A. Entre ellas destaca un contrato por 54.892.300.335 francos CFA para la construcción de un edificio administrativo en Oyala. El concepto que figura en los documentos se limita a indicar: «Construcción del edificio administrativo de Oyala», sin aportar una identificación más precisa del inmueble.
A ello se suma otro contrato por 5.155.844.974 francos CFA destinado a la construcción de 80 viviendas sociales en Micomeseng. Los registros analizados muestran igualmente una adjudicación por 96.687.195.281 francos CFA bajo el concepto «Adicional desembocadura y drenaje de dos ríos en el campo de obra de la nueva terminal de Malabo», también vinculada a ABC Construcciones S.A.
Pero el mayor contrato localizado corresponde a la construcción de la Nueva Terminal Internacional del Aeropuerto de Malabo, incluyendo urbanización, mobiliario, accesos y un aparcamiento con capacidad para 400 vehículos, por un importe de 99.869.268.668 francos CFA.
En conjunto, los documentos sitúan a ABC Construcciones S.A. entre las empresas que más recursos públicos han recibido dentro del consorcio ABC-WEI, responsable de buena parte de las grandes obras ejecutadas en Oyala.
La principal beneficiaria de la contratación pública
La información obtenida por Diario Rombe apunta a que la empresa vinculada a la primera dama figura de forma recurrente entre las mayores receptoras de contratos públicos de infraestructura. Según fuentes extraoficiales de la Tesorería General del Estado y de Geproyectos consultadas por este medio, una parte significativa de esos contratos habría sido posteriormente subcontratada a otras compañías encargadas de ejecutar las obras.
Este modelo, sostienen las fuentes consultadas por Diario Rombe, habría permitido que la empresa adjudicataria concentrara contratos de enorme valor económico mientras la ejecución material de las obras recaía en terceros. Diversos técnicos y empresarios cuestionan, además, la calidad de numerosas infraestructuras construidas bajo este sistema, denunciando deficiencias prematuras, sobrecostes y una escasa fiscalización de los proyectos.
En este contexto, una fuente de la Tesorería General del Estado, que solicitó permanecer en el anonimato y se comunicó con Diario Rombe a través de los canales seguros establecidos por este medio, sostiene que las propias autoridades son conscientes de las deficiencias existentes. «Creo que también habéis visto que Teodoro Nguema Obiang Mangue, durante una de sus interminables reuniones de seguimiento de obras, intentó presionar a la empresa china Dalian exigiéndole la rehabilitación de las viviendas sociales y denunciando públicamente la mala calidad de la construcción, afirmando que prácticamente no se había hecho nada», explica la fuente.
Sin embargo, según el mismo testimonio, esa exigencia no habría tenido consecuencias reales. «En 24 meses China Dalian solo ha rehabilitado 12 viviendas de las 4.800 previstas. No le van a hacer nada a China Dalian. El empresario chino dijo directamente que, si seguían presionándole, iba a hablar. Y si la calidad de las viviendas era mala, era porque así se acordó en el reparto», asegura la fuente.
Diario Rombe no ha podido verificar de forma independiente esta última afirmación, aunque las declaraciones coinciden con las críticas recurrentes sobre el deterioro prematuro de numerosas viviendas e infraestructuras públicas construidas durante los últimos años y refuerzan la necesidad de una auditoría independiente sobre la adjudicación, ejecución y supervisión de estos proyectos.
Deuda pública para financiar obras mientras el país acumula impagos
La documentación analizada coincide con un contexto de creciente endeudamiento del Estado. Mientras numerosas empresas privadas denuncian retrasos en los pagos por trabajos ejecutados para la Administración, Guinea Ecuatorial continúa recurriendo a financiación exterior para impulsar nuevos proyectos de infraestructura, especialmente en Oyala. Gran parte de esas obras han sido adjudicadas, directa o indirectamente, a empresas vinculadas al entorno presidencial mediante consorcios con compañías chinas, según la documentación examinada por Diario Rombe.
El resultado, advierten varios analistas consultados por este periódico, es un modelo en el que la deuda permanece en manos del Estado mientras los contratos y sus beneficios se concentran en un reducido grupo de empresas de Constancia Mangue Nsue Okomo, Teodoro Nguema Obiang Mangue, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Pastor Hassan Obiang Mangue y reducido número de miembros de la familia y colaboradores.
A ello se suman los préstamos concedidos por instituciones financieras internacionales, entre ellas el Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África (BADEA), el Banco de Desarrollo de los Estados del África Central (BDEAC), destinados a financiar proyectos públicos cuyo impacto económico y social continúa siendo objeto de debate.
El pasado 4 de agosto, Teodoro Obiang volvió a anunciar un nuevo acuerdo de financiación con la BADEA para proyectos de electrificación y desarrollo urbano en Oyala. Para los analistas consultados por Diario Rombe, este nuevo endeudamiento plantea una pregunta de fondo: ¿por qué seguir solicitando préstamos millonarios para financiar infraestructuras en una ciudad cuya actividad continúa siendo limitada, mientras las generaciones futuras asumirán el coste de devolver esa deuda?
La preocupación, concluyen, no reside únicamente en el volumen de recursos comprometidos, sino en la ausencia de mecanismos efectivos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas sobre el destino final de esos fondos públicos.
