Un nuevo episodio de tensión sacude la ruta Hiram Bingham, en Machupicchu, donde se enfrentan intereses empresariales, omisiones de control y una gestión municipal cuestionada. La escalada incluye operaciones irregulares, fiscalización ineficaz y un enfrentamiento entre grupos vinculados a la empresa concesionaria Torontoy.
Antecedentes del “Plan de Contingencia”
Hace exactamente un año, en la Municipalidad de Urubamba se cocinaba, bajo el nombre de “Plan de Contingencia”, el contrato para que la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy S.A. reemplace a Consettur en la operación de la ruta Hiram Bingham. En ese plan se involucró activamente el gobernador regional Werner Salcedo y autoridades del Poder Ejecutivo del entonces régimen de Dina Boluarte, mediante reuniones en el MTC y la PCM en Lima, en las que “dieron viabilidad” al mencionado plan sustentado por el alcalde de Urubamba.
Luego de otorgarse la buena pro a Torontoy, se hicieron evidentes las falencias del plan del alcalde Ronald Vera, lo que motivó que el anterior concesionario se quedara en servicio en la ruta. Después, la misma Municipalidad Provincial de Urubamba “descubrió” que la empresa ganadora había logrado su objetivo presentando información inexacta, procediendo a declarar la nulidad del contrato el 30 de diciembre de 2025.
Operaciones irregulares y contaminación en zona protegida
La empresa Torontoy, que hasta el cierre de 2025 —cuando se declaró la nulidad de su contrato— nunca había operado la ruta, con la anuencia de las autoridades inició operaciones a mediados de enero de 2026. Fueron escandalosas las imágenes de cómo se transportaba el combustible en recipientes llevados primero en los trenes de pasajeros y, luego, cargados al hombro por los mismos socios de Torontoy, para ser almacenados de forma clandestina en el distrito.
También se normalizaron las imágenes de cómo los “empresarios” de Torontoy cambiaban llantas y lubricantes en la misma vía, a vista y paciencia de autoridades y turistas, generando contaminación en zona protegida por el SERNANP.
Fiscalización ineficaz: PNP, Ministerio Público y SUTRAN
Desde febrero, este diario informó que Torontoy prestaba el servicio con buses que tenían el certificado de revisión técnica vencido. Desde entonces, las autoridades dirigieron sus miradas a otros lugares: la Policía Nacional, a cargo del teniente Abel Bejarano Cuyotupac, a pesar de haber detectado el incumplimiento e incluso de investigar un accidente de tránsito, no cumplió con su deber de internar el bus en el depósito municipal, permitiendo que siga operando.
El Ministerio Público de Machupicchu, a cargo de la doctora María Teresa Huaco Cateriano, a pesar de tener abierta una carpeta fiscal desde marzo, aún no ha solicitado la incautación de los buses infractores. Aún más escandaloso resultó el operativo organizado por SUTRAN hace algunos días, en el que los “empresarios” de Torontoy, burlándose de la autoridad, ocultaron sus buses para evitar la intervención, sin que la PNP y el Ministerio Público hicieran algo.
Enfrentamiento entre integrantes de Torontoy
El día de ayer, día de Santa Rosa de Lima, Machupicchu fue testigo de un nuevo y grave incidente. Por información trascendida y que es materia de investigación, el alcalde Ronald Vera habría ofrecido a Darwin Baca, quien se presenta como dirigente de Machupicchu, que al implementar el D.S. 010-2026-MTC otorgaría autorización a empresas vinculadas a él para operar en la ruta, además de Consettur y Torontoy, condicionando dichas autorizaciones a que estas empresas contaran con buses listos para operar.
Por eso, la persona mencionada, acompañada por un grupo de aproximadamente 25 personas, tomó por la fuerza —entendemos con la anuencia de sus propietarios— dos buses que venían prestando servicio en la ruta para la empresa San Antonio de Torontoy, generándose un grave enfrentamiento a la altura de Puente Ruinas.
La reacción de Torontoy no se hizo esperar: vía WhatsApp, su presidente de directorio, Dayve Tapia Santisteban, dispuso que los accionistas de Torontoy, que serían comuneros de Torontoy y Qoriwayrachina, ambas del distrito de Machupicchu, se constituyan inmediatamente en Machupicchu Pueblo para defender los buses que consideran han sido “secuestrados”. Este medio tiene conocimiento de que la orden fue obedecida inmediatamente por los socios, que habrían tomado el tren más próximo para llegar a destino y luchar por lo que consideran suyo.
Al cierre de esta edición, Machupicchu Pueblo mantenía tensa calma a la espera de la llegada de los socios de Torontoy y expectante de cómo acabaría esta nueva controversia. Por su parte, la comandancia policial de Urubamba había dispuesto el desplazamiento de un importante contingente policial para mantener la calma.
Ronald Vera se corrió de entrevista
El alcalde Ronald Vera, suponemos aliviado por haber evitado la suspensión en el cargo por parte del Jurado Nacional de Elecciones, solicitó una entrevista en nuestro dominical DEBATE y se le concedió. Pero, una vez más, evidenciando que se deja ganar por entusiasmos pasajeros, sin dar ninguna explicación no asistió a la entrevista periodística que, como dijimos, él mismo solicitó.
En dicha entrevista se había previsto preguntar al alcalde acerca de la sensación que siente la población: que el alcalde y sus funcionarios no tuvieron la capacidad de llevar adelante un proceso de licitación. Queríamos conocer su impresión respecto a que los buses que prestan servicio en Machupicchu no tienen revisión técnica y que esta situación, lejos de ser atribuida a las empresas operadoras, obedece a la negligencia de la propia Municipalidad de Urubamba de formalizar el título habilitante, puesto que, sin él, simplemente los buses no pueden salir de Machupicchu.
Se tenía previsto preguntar por la implementación del D.S. 010-2026-MTC, norma dictada por el anterior gobierno para dar solución a la incompetencia de los funcionarios municipales que, en cuatro años de gestión, no pudieron llevar a cabo un proceso de licitación; teniendo que esta norma se encuentra vigente desde abril de este año.
También se pensó preguntar sobre el pedido de suspensión del cual se libró: si era cierto que en su defensa había argumentado su propia torpeza, al considerar que no se le podía aplicar la sanción de suspensión prevista en el reglamento interno del concejo municipal, porque el ejecutivo que encabeza no cumplió con publicar la ordenanza que lo aprobó en la forma prevista por ley (incluyendo el reglamento que tiene calidad de anexo).
Ese argumento de defensa, luego de salvar su cuello, ahora juega en su contra, puesto que las ordenanzas aprobadas en materia de transporte por el concejo municipal tampoco habrían sido publicadas en la forma prevista por ley cuando fueron aprobadas (por no haberse considerado en las publicaciones sus anexos), teniendo la “gran idea” de publicarlas el pasado julio de 2026 (las ordenanzas fueron aprobadas en 2024 y 2025), generando la siguiente interrogante: ¿qué publicación es válida? ¿Son válidos los actos administrativos dictados entre una y otra publicación? ¿No será que luego culpará a los administrados de entorpecer sus procedimientos, cuando estos aleguen lo mismo que él?
Luego de la información llegada de Machupicchu, se le debía preguntar si eran ciertos los trascendidos que llegaban de Machupicchu respecto a los ofrecimientos de autorizaciones a empresas relacionadas con Darwin Baca, y qué explicación tendría que los buses materia de conflicto son justamente de propiedad de la empresa Urubamba City, empresa que estaría relacionada al regidor Mariano Tapia Yupanqui.
Repercusiones de la violencia en Machupicchu
En el programa Debate también estaban invitados la nueva directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, Dra. Úrsula Paz Zúñiga, y el presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, Fernando Santoyo, para tratar otros temas de actualidad. Pero ambos, a su turno, cuando fueron entrevistados y al ser informados de lo que estaba ocurriendo en Machupicchu, expresaron su total indignación por la violencia ocurrida sobre el tema de la carretera Hiram Bingham.
La directora de la DDC del Cusco precisó que solicitaría de inmediato que se le alcance información oficial sobre lo ocurrido, para poner en conocimiento de las más altas autoridades del Ministerio de Cultura para la implementación de inmediatas acciones.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio señaló que estos enfrentamientos en Machupicchu entre los que representan a la empresa San Antonio de Torontoy no pueden quedar impunes, y que tienen que implementarse las acciones para que, de una vez por todas, se efectúe la licitación de la ruta. “Si la Municipalidad de Urubamba no tiene las capacidades de hacerlo y, más bien, está generando más desorden, debe intervenir de inmediato el MTC para que implemente un proceso inmediato y con participación de ProInversión”.
“El desorden, la improvisación y la negligencia no pueden quedar impunes. Se está perjudicando Machupicchu, se perjudica una principal actividad económica que tiene el Cusco y no podemos estar sujetos a las malas acciones de entidades que no hacen gestión, sino más bien perjudican”, precisó.
