El sistema de control de armas en Uruguay funciona como una red administrativa y judicial en la que intervienen distintos organismos del Estado, con el Registro Nacional de Armas (RNA) como pieza central en la gestión de la trazabilidad del armamento legal, su registro, su fiscalización y su destino final cuando pasa a la órbita judicial.
En una extensa entrevista de Diario La R, el coronel Estéban Grolero, jefe del Registro Nacional de Armas, describió un esquema que combina control administrativo, respuesta a la Justicia y un sistema de seguimiento que abarca desde la importación hasta la eventual destrucción del armamento. El RNA es uno de los más antiguos del continente y más reconocidos a nivel internacional por su seguridad, afirmó Grolero. Creado en 1943, la primera guía de posesión de armas emitida en el país data del 19 de mayo de 1944 y corresponde a un revólver colt de origen estadounidense y a un costo de 0,50 pesos. En Uruguay, a la fecha, hay 620.116 armas registradas de la cuales 342.128 son armas cortas (55,17%) y 277.998 son armas largas (44,83%). El número de personas habilitadas para poseer armas es de 420.670, aunque la tenencia está concentrada en una proporción menor de usuarios que poseen varias armas cada uno. De ese total de poseedores, 7.992 son mujeres (1,9%)
“Nosotros lo que hablamos desde el Registro Nacional de Armas es el circuito legal de las armas, el cual está más que controlado”, explicó el jerarca, al detallar un sistema en el que cada arma cuenta con una guía que funciona como una especie de “cédula de identidad”. “La guía es por cada arma que uno tiene. La guía lo que dice es el arma, el calibre… es como la cédula de identidad del arma”, señaló.
Uno de los elementos centrales del sistema uruguayo es la separación de funciones entre dos instituciones: Por un lado, el Ministerio del Interior emite el permiso de tenencia y adquisición de armas (conocido como THATA), que habilita a la persona a comprar y poseer armas tras cumplir requisitos como antecedentes, capacitación y evaluación.
Por otro lado, el Registro Nacional de Armas –dependiente del Servicio de Material y Armamento del Ejército – emite la “guía del arma”, un documento que identifica cada arma específica y la vincula a un propietario determinado. Esta guía funciona como el registro de propiedad formal del arma. En la práctica, una persona no puede adquirir un arma sin ambos requisitos: la habilitación personal del Ministerio del Interior y la inscripción del arma en el registro correspondiente. Las armerías también están obligadas a reportar mensualmente sus ventas, tanto de armas como de municiones, lo que alimenta el sistema de control estatal.
El coronel Grolero explicó la estructura institucional del Registro Nacional de Armas (RNA) y su inserción dentro de la organización del Ministerio de Defensa Nacional y del Ejército. Según detalló, el RNA depende directamente del Servicio de Material y Armamento (SMA), que a su vez está subordinado al Comando de Apoyo Logístico del Ejército (CALE), órgano encargado de la administración de toda la estructura logística de la fuerza. “El servicio de material de armamento depende del comando de apoyo logístico, que es el que administra toda la parte logística del Ejército”, señaló.
Dentro de ese esquema, el Registro Nacional de Armas se encuentra inserto como una unidad específica dentro del SMA, conviviendo con otras áreas como las divisiones logística, de producción, financiera, contable y de planificación. En ese contexto, el RNA cumple funciones propias vinculadas al control civil y administrativo del armamento. Grolero explicó que el Registro Nacional de Armas se organiza en tres grandes departamentos: importaciones, inspecciones y registro. Cada uno cumple tareas diferenciadas, pero interrelacionadas, ya que todos participan del circuito de control, trazabilidad y gestión de armas y municiones. “El Registro Nacional de Armas está integrado por tres departamentos que trabajan de forma articulada”, indicó, destacando que el funcionamiento del sistema depende de la coordinación entre estas áreas para asegurar el control integral del armamento dentro del marco legal.
El esquema de control se basa en la identificación individual de cada arma mediante registros asociados a su número y al titular. Esto permite reconstruir su historial dentro del circuito legal.
“Nosotros tenemos el stock de las armas cuando ingresaron. Entraron 100 armas, la armería vendió una, le quedan 99… y una la tiene un ciudadano X que sabemos quién es y está en nuestros registros”, explicó Grolero. El sistema permite búsquedas por número de arma, documento de identidad o identificadores internos, lo que facilita la respuesta a requerimientos judiciales.
Relación con la Justicia
Una de las funciones centrales del Registro es responder a solicitudes del Poder Judicial. Estas pueden estar vinculadas a investigaciones, allanamientos o procesos penales. En ese sentido, el organismo mantiene un servicio permanente.
“Tenemos un servicio 24 horas donde se reciben pedidos de la órbita judicial”, explicó el coronel, detallando que la información se entrega únicamente bajo requerimiento formal de la Justicia. “No sale ninguna información que no sea solicitada por la Justicia”, remarcó. El tiempo de respuesta, según indicó, se ubica en promedio entre 3 y 6 horas, aunque la normativa establece un máximo legal de 48 horas.
La legislación uruguaya establece un máximo de armas que puede poseer un ciudadano sin condiciones especiales. “Hoy lo que establece la ley es hasta ocho armas”, indicó Grolero.
Sin embargo, existen excepciones vinculadas al tipo de armamento o su calibre. En esos casos entra en juego la figura del coleccionista, que requiere requisitos adicionales de seguridad y habilitación. “Si tiene nueve ya tiene que ser coleccionista… y ese carnet tiene validez”, explicó. Los calibres de alto poder o armas específicas también pueden obligar a tramitar esa categoría especial. Una parte importante del sistema se vincula a las armas que ingresan al depósito judicial, ya sea por incautaciones, investigaciones o entregas voluntarias.
Estas armas pueden permanecer hasta tres años en custodia antes de su destino final. “Por ley, a los tres años estamos autorizados a destruir el arma”, señaló el jerarca. Ese proceso está sujeto a decisiones judiciales, ya que en algunos casos puede ordenarse la devolución, el mantenimiento o incluso el uso institucional del armamento.
Un proceso de destrucción masiva
El destino más habitual de las armas incautadas es la destrucción, que se realiza en coordinación con una empresa privada que facilita la fundición del material. El volumen de armas destruidas ha variado en los últimos años. “En 2025 rondamos casi las 9000 armas, fue un número histórico para nosotros”, señaló Grolero. El promedio anual histórico se ubica en torno a las 4500 armas. El proceso incluye la separación de materiales, el desarme pieza por pieza y la fundición final del metal. “Las armas se desarman una por una, van las piezas para tanques, los tanques se sellan”, explicó.
Además del circuito judicial, existe la posibilidad de entrega voluntaria de armas por parte de particulares. Este mecanismo es utilizado frecuentemente en casos de herencias o tenencias no regularizadas.
“Muchas veces el titular del arma fallece y la viuda decide entregarla”, señaló. Estas armas se destruyen en el mismo año de su entrega. Según datos del organismo, se reciben entre 1500 y 1600 armas anualmente bajo esta modalidad.
Armas ilegales y trazabilidad
Uno de los puntos más sensibles del sistema es el control de armas ilegales. Grolero sostuvo que la trazabilidad funciona exclusivamente dentro del circuito legal, lo que deja fuera del sistema a armas sin registro o con numeraciones adulteradas o armas de alto poder que no están permitidas. “Las armas de alto poder que están ingresando no están en nuestro registro son armas que vienen producto del ilícito de tráfico”, afirmó. Esto limita la posibilidad de reconstruir el origen de parte del armamento incautado. El depósito judicial maneja un stock aproximado de miles de armas en custodia. “Hoy tenemos unas 19.000 armas… 12.000 son cortas y unas 7.000 largas”, indicó. Este número es dinámico y varía según ingresos, destrucciones y resoluciones judiciales.
Importaciones y mercado legal
Uruguay no produce armas a nivel industrial, por lo que depende completamente de importaciones. “Uruguay es 100% importador”, señaló Grolero. Las armas provienen principalmente de Estados Unidos, España, Brasil, Argentina y otros mercados internacionales.
El proceso de importación de armas está regulado y puede demorar meses. Incluye la autorización previa del tipo de arma, su cantidad, su destino y la verificación del cumplimiento de normas de seguridad.
Una vez que el material ingresa al país, no va directamente a las armerías: es trasladado bajo custodia estatal a depósitos controlados, donde se verifica lote por lote y arma por arma. Recién después de esa inspección puede ser liberado a su destino final.
Este sistema busca garantizar que lo importado coincida exactamente con lo autorizado y que no existan desvíos hacia canales irregulares durante el proceso. El registro también controla otros materiales considerados sensibles, como municiones, explosivos y equipamiento asociado.
Coleccionistas y control especializado
El país cuenta con alrededor de 2700 coleccionistas registrados, una categoría que concentra casos de tenencias múltiples y armas históricas. Los coleccionistas pueden superar el límite general de ocho armas por persona, pero deben cumplir condiciones adicionales de seguridad, almacenamiento y control. “Hay coleccionistas que tienen 1000 o 1200 armas”, explicó el jerarca. Este grupo es sometido a controles más estrictos debido al volumen de material registrado.
El sistema uruguayo se apoya en la coordinación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, que intercambian información en función de sus competencias. “Sin las dos patas esto no funciona”, resumió. Desde la perspectiva institucional, el objetivo es garantizar que las armas legales estén registradas, trazadas y controladas en cada etapa del proceso. “Para nosotros, mientras la persona está dentro de la ley, es un tenedor responsable”, concluyó Grolero.
Tecnología, seguridad y acceso a datos
El sistema informático del Registro no está conectado a redes abiertas, lo que limita riesgos externos. “Es un sistema cerrado… la información es reservada”, sostuvo Grolero. El acceso está restringido a personal autorizado, y cualquier consulta externa se canaliza exclusivamente por vías institucionales o judiciales. En relación a posibles reformas legales, el jerarca consideró que el endurecimiento de penas podría ser un camino a evaluar.
“Creo que el aumento de pena es un tema necesario porque hoy la tenencia ilegal de un arma tiene penas mínimas”, expresó. No obstante, aclaró que la interpretación depende del caso concreto y de la Justicia.
El arsenal de Feldman: una de las mayores incautaciones del país
El caso del contador Saúl Feldman constituye una de las mayores incautaciones de armamento registradas en Uruguay. El arsenal, compuesto por más de 1000 armas —entre fusiles, municiones y lanzacohetes—, fue hallado en 2009 tras un incendio en su vivienda del barrio Aires Puros, en Montevideo. El descubrimiento reveló un acopio de armamento de origen diverso, con un valor estimado cercano al millón de dólares.
El episodio derivó posteriormente en un enfrentamiento armado cuando la Policía intentó interrogarlo en otra vivienda en Shangrilá. Feldman se atrincheró en un cuarto blindado, mató a un efectivo policial, hirió a otros y finalmente fue abatido tras un largo tiroteo.
Según el coronel Grolero, el caso tuvo impacto directo en los registros estadísticos del país: “Ese fue un caso que nos cambió la estadística totalmente”, señaló, al referirse al volumen excepcional de armas incautadas en un solo operativo. El material fue inicialmente objeto de controversia entre distintas dependencias del Estado respecto a su cantidad y clasificación. Finalmente, tras el proceso judicial correspondiente, el arsenal fue incorporado al circuito del Registro Nacional de Armas. “Las armas que llegaron acá fueron destruidas”, explicó Grolero, en referencia al destino final del material tras años de peritaje y custodia. El caso Feldman sigue siendo citado como referencia en materia de tráfico de armas y acumulación ilegal de armamento en Uruguay, por su magnitud y por el impacto que tuvo en los sistemas de registro y control del Estado.
