Una misión oficial de la Armada Nacional integrada por tres oficiales superiores viajó este domingo hacia el Reino Unido para evaluar técnicamente tres patrulleras oceánicas británicas actualmente en servicio y próximas a quedar disponibles para su eventual venta.
La delegación está encabezada por el contralmirante Ismael González quien además fue uno de los oficiales uruguayos que permaneció en España supervisando la construcción de las frustradas OPV del astillero Cardama, contrato que terminó siendo rescindido por el actual gobierno tras una larga cadena de incumplimientos y problemas financieros de la empresa gallega. Los otros integrantes de la comitiva son los capitanes de navío Artigas Zorrilla y Yamandú Delia.
La visita al Reino Unido marca uno de los movimientos más concretos realizados hasta ahora por el Ministerio de Defensa Nacional luego de la caída del negocio con Cardama. La posibilidad de acceder a embarcaciones ya construidas, con mantenimiento certificado y disponibilidad relativamente inmediata, aparece hoy como una alternativa real para atender una necesidad que la Armada considera crítica: reforzar las capacidades de patrullaje marítimo en un contexto regional amenazado por el avance del narcotráfico, la pesca ilegal y el crimen organizado transnacional.
Patrulleras usadas, pero en excelente estado
Las tres embarcaciones británicas tienen aproximadamente 20 años de antigüedad y, según las primeras evaluaciones recibidas por Uruguay, se encuentran en muy buen estado operativo y de mantenimiento. Se trata de tres patrulleros oceánicos (OPV) de la clase River Batch 1 de la Royal Navy: HMS Tyne (P281), HMS Severn (P282) y HMS Mersey (P283), en servicio desde 2003 y con buena reputación en operaciones en el Mar del Norte. Son naves de segunda mano que serán dadas de baja por el Reino Unido, lo que genera dudas sobre los costos de mantenimiento y modernización necesarios.
Tienen 79,5 metros de eslora y alcanzan velocidades de hasta 20 nudos, con unos 30 tripulantes y forman el Lote 1 (Batch 1) de esta clase, diseñados para patrullaje, seguridad y protección de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) británica. Fuentes vinculadas al Ministerio de Defensa señalaron que los buques “cumplen con muchas de las características que Uruguay necesita” y que la intención de la misión técnica será verificar de primera mano el estado estructural, mecánico y tecnológico de las unidades antes de avanzar hacia eventuales negociaciones formales.
Cada patrullera tendría un costo cercano a los 20 millones de dólares, aunque el precio final dependerá de futuras conversaciones gobierno a gobierno con el Reino Unido.
La Armada Nacional históricamente ha manejado la necesidad de contar con al menos tres unidades de este tipo para asegurar una operativa eficiente. La lógica doctrinaria indica que mientras una embarcación se encuentra patrullando, otra puede estar en entrenamiento y una tercera sometida a tareas de mantenimiento. Ese esquema es utilizado internacionalmente no solo en fuerzas navales, sino también en flotas aéreas y sistemas de defensa complejos.
El gran cambio: drones en lugar de helicópteros
Uno de los aspectos más relevantes de las patrulleras británicas es que no cuentan con plataforma para operar helicópteros embarcados, una característica que inicialmente era considerada prioritaria en los requerimientos de Uruguay para sus futuros patrulleros oceánicos.
Sin embargo, dentro del Ministerio de Defensa existe hoy una visión distinta sobre ese punto.
Las fuentes consultadas señalaron que numerosos países están sustituyendo progresivamente el uso de helicópteros por drones de vigilancia marítima, capaces de ampliar considerablemente el radio de patrullaje a costos mucho menores y con menores riesgos operativos.
El helicóptero tradicional permite extender la vigilancia a más de 100 kilómetros alrededor del buque, pero implica costos elevados de mantenimiento, complejas operaciones de aterrizaje en alta mar y la necesidad de transportar combustible aeronáutico dentro de la embarcación.
En cambio, los drones reducen drásticamente esas exigencias logísticas y de seguridad. “Muchos países ya están optando por drones porque son más económicos, más seguros y requieren menos infraestructura”, explicó la fuente. Además, Uruguay ya cuenta con una plataforma naval con capacidad para operar helicópteros: el buque ROU 04 “General Artigas”, utilizado en campañas antárticas y recientemente modernizado.
La urgencia de recuperar capacidades navales
La necesidad de incorporar nuevos patrulleros oceánicos se transformó en una prioridad estratégica para Uruguay en los últimos años.
El país enfrenta crecientes desafíos vinculados al narcotráfico marítimo, el tránsito de cargas ilegales, la pesca irregular y la protección de recursos naturales en una extensa área marítima bajo jurisdicción nacional.
A eso se suma el envejecimiento de buena parte de la flota naval uruguaya y la dificultad histórica para concretar procesos de modernización de gran porte. El fracaso del proyecto OPV con el astillero español Cardama profundizó además la presión política y operativa sobre el Ministerio de Defensa. El contrato firmado durante la administración anterior había sido presentado como la gran solución para modernizar la Armada Nacional mediante la construcción de dos patrulleros oceánicos nuevos.
Sin embargo, el proyecto terminó naufragando entre incumplimientos financieros, atrasos estructurales y problemas técnicos que derivaron finalmente en la rescisión del contrato.
El recuerdo de la frustrada compra a China
En paralelo a la actual búsqueda de alternativas, dentro de la Armada aún permanece el recuerdo de otro proceso frustrado: la fallida adquisición de patrulleros chinos durante el gobierno anterior. Según fuentes que participaron de aquel procedimiento técnico, la oferta china había sido la única que cumplía “100%” con los requisitos establecidos en los llamados internacionales realizados por Uruguay. La propuesta incluía embarcaciones nuevas, estándares occidentales de operación y soporte técnico de largo plazo. Sin embargo, la operación finalmente no prosperó.
En aquel momento, el entonces gobierno argumentó que el costo total excedía las previsiones presupuestales originalmente manejadas.
Fuentes políticas y militares recuerdan además que existieron fuertes señales diplomáticas de Estados Unidos manifestando su incomodidad con una eventual compra de equipamiento militar estratégico a China.
Aquella operación terminó siendo declarada desierta pese a que, técnicamente, había sido considerada muy favorable por sectores de la Armada.
Reino Unido gana terreno
En este nuevo escenario, el Reino Unido parece posicionarse como una de las opciones más firmes para la renovación naval uruguaya. Las relaciones bilaterales atraviesan actualmente un momento de buena sintonía y desde Defensa consideran que existe “buena voluntad” británica para concretar eventualmente una operación con Uruguay. No obstante, la competencia no está cerrada.
Según se indicó, otras delegaciones extranjeras también estarían interesadas en las patrulleras británicas, por lo que Londres definiría más adelante cuál será el destino final de las unidades. La misión uruguaya permanecerá aproximadamente una semana en territorio británico y luego elaborará un informe técnico que será elevado al comandante en jefe de la Armada y posteriormente al Ministerio de Defensa. Ese documento será clave para determinar si Uruguay avanza formalmente en una negociación.
La situación de las OPV de Cardama
Mientras tanto, otro frente continúa abierto en España: el destino de las estructuras parcialmente construidas de las OPV de Cardama. Actualmente el gobierno uruguayo analiza diferentes alternativas para retirar o eventualmente aprovechar el material ya existente en el astillero gallego. Fuentes oficiales señalaron que Presidencia de la República asumió directamente parte de las negociaciones debido a la complejidad diplomática y empresarial del caso. En ese contexto surgió el interés de al menos dos astilleros españoles en relación con el material abandonado.
Uno de los nombres que aparece sobre la mesa es Navantia, el gigante estatal español de construcción naval militar. La participación de un actor público como Navantia otorgaría otra dimensión política y financiera a una eventual solución. Sin embargo, por ahora no existe ninguna definición cerrada y las conversaciones continúan en etapa exploratoria.
