El 14 de septiembre de 2018, a las 09:35 de la mañana, el avión presidencial de Guinea Ecuatorial, un Boeing 777-2FB/LR, matrícula P4-SKN, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Viracopos, en Campinas (Brasil). A bordo viajaba el vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue, acompañado por varios miembros de su comitiva, en una visita de carácter estrictamente privado.
Pese a tratarse de un viaje no oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil solicitó previamente a la Receita Federal que Teodoro Nguema Obiang Mangue y sus acompañantes quedaran exentos de los controles aduaneros, invocando la inmunidad prevista en el artículo 27 de la Convención de Viena.
La petición fue rechazada. Las autoridades brasileñas determinaron que dicha inmunidad sólo protege las valijas diplomáticas y no el equipaje personal de un alto cargo que viaja por motivos privados. En consecuencia, ordenaron que el vicepresidente ecuatoguineano y su comitiva fueran sometidos a los mismos controles aduaneros que cualquier otro pasajero.
Según la investigación judicial brasileña, tras descender del avión, Teodoro Nguema Obiang Mangue y su séquito intentaron eludir la inspección aduanera. Después de varias horas de tensión, los agentes lograron registrar su equipaje. El resultado fue demoledor. En dos maletas personales pertenecientes al vicepresidente encontraron cerca de 1,4 millones de dólares estadounidenses, 60.472 reales brasileños y 20 relojes de lujo, valorados en aproximadamente 15,4 millones de dólares.
Al tratarse de un viaje privado y no de una misión diplomática, las autoridades brasileñas incautaron el dinero en efectivo y los relojes por presuntos delitos relacionados con el blanqueo de capitales. Aquella intervención no fue un hecho aislado. Formaba parte de una investigación mucho más amplia sobre el patrimonio inmobiliario que Teodoro Nguema Obiang Mangue había acumulado en Brasil.
Las pesquisas revelaron que, desde junio de 2007, el hijo del dictador adquirió, reformó y ocultó la propiedad de un lujoso ático en São Paulo, valorado en 15,61 millones de reales —unos seis millones de euros al cambio de la época— mediante una compleja red de sociedades pantalla establecidas en Brasil, Suiza y las Islas Vírgenes Británicas. Según la investigación, tanto la compra como la reforma del inmueble se financiaron con fondos de origen ilícito.
De una investigación por blanqueo en Brasil a una falsa indemnización pagada con dinero público de Guinea Ecuatorial
Lejos de asumir las consecuencias de las investigaciones abiertas en Brasil por corrupción y lavado de dinero, Teodoro Nguema Obiang Mangue —quien paradójicamente se presenta como el principal impulsor de la lucha contra la corrupción en Guinea Ecuatorial— decidió responder utilizando el aparato del Estado para proteger sus intereses personales.
Su estrategia consistió en ordenar la incautación de los bienes de varias constructoras brasileñas establecidas en Guinea Ecuatorial mediante un proceso judicial ampliamente cuestionado. El objetivo era doble: presionar a las autoridades brasileñas para recuperar los bienes que le habían sido incautados y, en caso de no conseguirlo, apropiarse del patrimonio de las empresas brasileñas presentes en el país.
El 9 de junio de 2023, el propio Teodoro Nguema Obiang Mangue publicó en su cuenta de X una resolución firmada por el entonces juez de Primera Instancia de Malabo, Benjamín Nzeng Envoro Avoro. La resolución favorecía directamente los intereses del vicepresidente frente a las constructoras brasileñas ARG LTDA, ZAGOPE y OAS GE.
Para ello, recurrió a un sistema judicial controlado por el propio régimen y presentó una supuesta reclamación por daños y perjuicios promovida por la Fiscalía General del Estado en nombre de la República de Guinea Ecuatorial contra la República Federativa de Brasil. La maniobra perseguía un objetivo evidente: transformar un problema penal estrictamente personal en un supuesto conflicto diplomático entre dos Estados.
En otras palabras, Teodoro Nguema Obiang Mangue utilizó al Estado ecuatoguineano para asumir como propio el coste económico derivado de una investigación por presunto blanqueo de capitales que únicamente le afectaba a él. Al presentar la incautación de sus bienes como una agresión contra la soberanía de Guinea Ecuatorial, instrumentalizó la Fiscalía, los tribunales y la diplomacia del país para justificar el embargo preventivo de los activos de las constructoras brasileñas.
De esta forma trasladó las consecuencias económicas de sus problemas judiciales personales al sector privado brasileño, utilizando los tribunales ecuatoguineanos como un instrumento de represalia. Sin embargo, la documentación obtenida por Diario Rombe revela que aquella operación judicial fue solo una parte del plan.
Cientos de registros contables de la Tesorería General del Estado, actualmente en poder de este periódico y cuyo análisis continúa, muestran que el Gobierno de Guinea Ecuatorial destinó miles de millones de francos CFA para satisfacer la supuesta indemnización reclamada a Brasil. Según las fuentes consultadas por Diario Rombe, la operación se ejecutó mediante una sociedad instrumental creada exclusivamente para recibir esos fondos: OBUK S.L., empresa utilizada presuntamente por Teodoro Nguema Obiang Mangue para canalizar el dinero público.
Mientras tanto, el Estado mantenía una importante deuda con las constructoras brasileñas ARG LTDA, ZAGOPE y OAS GE. Esas mismas empresas también adeudaban los finiquitos y otras prestaciones laborales a más de 2.000 trabajadores ecuatoguineanos. En lugar de destinar los recursos públicos al pago de esas obligaciones pendientes, el vicepresidente utilizó la estructura financiera del Estado para transferir el dinero a una sociedad vinculada a sus propios intereses.
La documentación contable consultada por Diario Rombe acredita que el 18 de septiembre de 2023 la Tesorería General del Estado ordenó una transferencia de 30.000.000.000 de francos CFA —unos 45,7 millones de euros— a favor de OBUK S.L. El asiento contable, identificado con el expediente 1032/2023, especifica de forma expresa el motivo del desembolso: «Ejecución del último pago sobre la medida acordada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Malabo» a favor de Teodoro Nguema Obiang Mangue.
La transferencia plantea una cuestión de enorme trascendencia: mientras miles de trabajadores seguían esperando el cobro de sus finiquitos y las constructoras brasileñas reclamaban las cantidades que el Estado les adeudaba, el Gobierno destinó 30.000 millones de francos CFA a ejecutar una resolución judicial que, según la documentación analizada por Diario Rombe, terminó beneficiando a una sociedad instrumental utilizada por el propio Teodoro Nguema Obiang Mangue.
Este desembolso no solo habría permitido al vicepresidente resarcirse con fondos públicos por las consecuencias de una investigación penal abierta contra él en Brasil, sino que además se realizó en detrimento de acreedores legítimos, entre ellos miles de trabajadores ecuatoguineanos que continúan esperando las indemnizaciones laborales que les corresponden por derecho.
