En el entramado institucional de Guinea Ecuatorial, la lealtad política hacia la cúpula del régimen no se traduce únicamente en cargos públicos. También puede ir acompañada de contratos estatales de mantenimiento pagados mensualmente por la Tesorería General, tal como ha venido publicando Diario Rombe. En esta investigación, dos nombres aparecen vinculados a este modelo: Constantino Obiang Esono Ayingono, actual Ministro Delegado encargado de las Infraestructuras Escolares y Deportivas, y Gaudencio Mohaba Mesu, Vicepresidente Segundo del Consejo Nacional para el Desarrollo Económico y Social (CNDES) y uno de los dirigentes que durante años ha ocupado posiciones de máximo nivel dentro del Estado y del PDGE.
Constantino Obiang Esono Ayingono: del entorno de Teodorín a los contratos de mantenimiento
Constantino Obiang Esono Ayingono ha desarrollado buena parte de su trayectoria política en el entorno de Teodoro Nguema Obiang Mangue, especialmente a través de las denominadas «Juventudes en Marcha con Teodorín», oficialmente conocidas como Asociación Hijos de Obiang (ASHO). Su proximidad política a «Teodorín» le ha permitido consolidar una posición dentro del aparato del régimen.
Según la documentación analizada por Diario Rombe, su nombre aparece además vinculado a empresas que reciben pagos del Estado por servicios de mantenimiento.
Como ocurre con otros altos cargos del régimen ecuatoguineano, la actividad pública aparece conectada con negocios privados registrados en el Padrón de Grandes Empresas. En el caso de Constantino Obiang Esono Ayingono, una de las sociedades señaladas es COEA UNO S.L., cuyas siglas coinciden con las iniciales de su nombre.
La empresa fue constituida oficialmente el 22 de julio de 2013 en Mondoasi, una barriada de Bata, y quedó inscrita con el CIF 00622 E-13. En el acto de constitución se registraron como teléfonos de contacto los números 222-278X8X y 656X2X. La documentación sitúa a COEA UNO S.L. entre las sociedades que reciben fondos públicos por trabajos de mantenimiento de instalaciones estatales.
En concreto, aparecen tres contratos de mantenimiento vinculados a bienes e infraestructuras públicas. El primero corresponde al Instituto Inés Sialo de Bata, por el que la Tesorería General abona a COEA UNO S.L. 5.200.000 FCFA mensuales, equivalentes a 62.400.000 FCFA al año. Los pagos se realizan en una cuenta bancaria de BANGE terminada en -85.
El segundo corresponde al Colegio Pastor Juan Esono de Akurenam, por el que la empresa recibe 4.390.000 FCFA mensuales, ingresados en una cuenta del CCEIBANK terminada en -81. Esto supone 52.680.000 FCFA al año. A estos dos contratos se suma un tercero por el mantenimiento de Miang-Akurenam, 65 kilómetros, con pagos mensuales de 10.400.000 FCFA, transferidos a la cuenta de BANGE terminada en -85. El volumen anual de este contrato asciende a 124.800.000 FCFA. En conjunto, los tres contratos representan 20.000.000 de FCFA mensuales y 240.000.000 de FCFA al año en pagos públicos a COEA UNO S.L.
La cuestión que plantea esta documentación no es únicamente cuánto dinero recibe la empresa, sino qué controles existen cuando una sociedad vinculada a un alto responsable de las infraestructuras escolares aparece como beneficiaria de contratos de mantenimiento precisamente en el ámbito de las instalaciones públicas que dependen de su área de responsabilidad.
Gaudencio Mohaba Mesu: del poder parlamentario a los contratos estatales
El segundo caso es el de Gaudencio Mohaba Mesu, una de las figuras con mayor recorrido dentro de las estructuras del Estado y del PDGE. Mohaba presidió la Cámara de los Diputados durante más de once años, desde el 12 de julio de 2013 hasta el 19 de agosto de 2024. Ese mismo mes fue nombrado, mediante el Decreto 82/2024, Viceprimer Ministro Primero, cargo que desempeñó hasta junio de 2026.
El 25 de junio de 2026 se formalizó el traspaso de despacho a Cándido Muatetema Baita, hijo del fallecido Cándido Muatetema Rivas. Posteriormente, Mohaba Mesu pasó a ocupar el cargo de Vicepresidente Segundo del Consejo Nacional para el Desarrollo Económico y Social (CNDES).
Su trayectoria política está estrechamente ligada al PDGE, donde ocupó distintos puestos dentro de la estructura del partido. Entre ellos destaca el de Secretario General Adjunto Segundo, con responsabilidades relacionadas con asuntos económicos y financieros. Posteriormente formó parte de otros órganos de dirección de la formación gobernante.
Su trayectoria también está acompañada de acusaciones sobre su actuación contra otros militantes y compatriotas. Ahora, su nombre aparece relacionado con otro ámbito: los contratos de mantenimiento pagados por el Estado.
La documentación analizada por Diario Rombe vincula a Gaudencio Mohaba Mesu con Multiservicios Carmelo y Concepción S.L., cuyo nombre comercial figura como MULTISERV. C/C S.L., incluida entre las sociedades que aparecen en los registros de pagos de mantenimiento de la Tesorería General. La sociedad fue constituida el 10 de diciembre de 2013 y quedó inscrita con el CIF 00793M-13. Para las notificaciones se registró el número de contacto 222-250x5x.
A través de MULTISERV. C/C S.L., la empresa aparece como beneficiaria de contratos de mantenimiento de instalaciones gubernamentales e institucionales. Los pagos se realizan mediante transferencias mensuales a una cuenta del CCEIBANK terminada en -49. Uno de los contratos corresponde a la Cámara de los Diputados en Bata, institución que Gaudencio Mohaba presidió durante más de once años. Por su mantenimiento, la empresa percibe 5.350.000 FCFA mensuales.
A este contrato se suma el mantenimiento de la Sala de Conferencias de Luba, por el que la Tesorería General transfiere a la misma sociedad 6.690.000 FCFA cada mes. Entre ambos contratos, MULTISERV. C/C S.L. recibe 12.040.000 FCFA mensuales, lo que supone 144.480.000 FCFA al año, una cantidad que supera los 220.000 euros anuales. Los pagos terminan en la misma cuenta bancaria del CCEIBANK.
La documentación plantea, por tanto, una cuestión central: cómo se adjudican y supervisan los contratos públicos cuando las empresas beneficiarias aparecen vinculadas a personas que han ocupado —o continúan ocupando— posiciones de máximo poder dentro del Estado y del partido gobernante.
En el caso de Mohaba Mesu, resulta especialmente relevante que una de las sociedades señaladas perciba pagos por el mantenimiento de la propia Cámara de los Diputados que él presidió durante más de una década.
