En plena ofensiva política y judicial contra altos funcionarios del Gobierno, magistrados y responsables de la Administración bajo el discurso oficial de la lucha contra la corrupción, una investigación documental de Diario Rombe revela que los contratos públicos continúan concentrándose en empresas vinculadas al círculo más cercano de la familia presidencial.
Los documentos financieros y mercantiles examinados por este medio muestran un flujo constante de fondos públicos hacia Caraos Consulting S.A., también registrada como Caraos Consulting S.L., una sociedad que aparece como adjudicataria de diversos contratos de mantenimientos financiados con recursos del Estado.
La documentación sitúa entre los beneficiarios de la empresa a Teodoro Biyogo Nsue Okomo, cuñado del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y alto cargo del Gobierno, cuya posición dentro del aparato estatal vuelve a plantear interrogantes sobre la existencia de posibles conflictos de intereses en la adjudicación de contratos públicos.
La aparición de su nombre en esta investigación adquiere especial relevancia porque no es la primera vez que se ve relacionado con un presunto caso de corrupción. En investigaciones anteriores publicadas por Diario Rombe, documentos y testimonios lo situaban como uno de los principales beneficiarios de la presunta trama de sobornos vinculada a la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Guinea Ecuatorial. Pese a ello, nunca ha sido objeto de las campañas anticorrupción impulsadas por el propio Gobierno y continúa ejerciendo sus funciones con absoluta normalidad.
Contratos millonarios con cargo al presupuesto del Estado
Caraos Consulting fue constituida el 17 de enero de 2013 con el NIF 00385 C-13 y, desde entonces, figura de manera recurrente como receptora de contratos financiados con fondos públicos. El análisis de las órdenes de pago revela que las transferencias se realizan de forma periódica hacia una misma cuenta bancaria abierta en BGFIBank, desde la que la empresa gestiona contratos correspondientes a sectores completamente distintos entre sí.
Entre las partidas identificadas figura un pago mensual de 27,5 millones de francos CFA por el concepto de «Mantenimiento Técnico del Hospital Sampaka», uno de los principales centros sanitarios del país. Al mismo tiempo, la misma sociedad percibe 31,6 millones de francos CFA mensuales por el mantenimiento de la red de drenaje pluvial de la ciudad de Malabo, una infraestructura completamente ajena al ámbito sanitario.
Para varios especialistas consultados por Diario Rombe, la concentración de contratos de naturaleza tan diversa en una misma empresa plantea interrogantes sobre su capacidad técnica y operativa para ejecutar simultáneamente servicios especializados en sectores diferentes.
Dos varas de medir en la lucha contra la corrupción
La continuidad de estas adjudicaciones contrasta con la campaña impulsada en los últimos meses por el vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue, que ha promovido investigaciones, destituciones y actuaciones judiciales contra numerosos funcionarios, ministros y responsables de distintas instituciones bajo el argumento de combatir la corrupción dentro de la Administración.
Sin embargo, la documentación examinada por Diario Rombe refleja que empresas vinculadas al entorno más próximo de la familia presidencial continúan recibiendo contratos públicos de elevado valor económico sin que, hasta la fecha, se conozca la apertura de investigaciones sobre esas adjudicaciones.
«El uso reiterado de sociedades privadas para concentrar contratos financiados con fondos públicos merece un análisis exhaustivo desde la perspectiva de la transparencia y del control del gasto público», explica un experto en auditoría consultado por este medio que solicitó mantener el anonimato.
Los documentos analizados muestran un patrón que vuelve a situar a miembros del entorno familiar del presidente entre los beneficiarios de importantes recursos públicos, mientras la estrategia oficial contra la corrupción continúa centrándose en otros sectores de la Administración.
La permanencia de estas adjudicaciones, unida a los antecedentes que ya relacionaron a Teodoro Biyogo Nsue Okomo con el caso de la TDT, alimenta las dudas sobre la aplicación selectiva de las investigaciones por corrupción y sobre la existencia de un tratamiento diferenciado cuando los contratos públicos afectan al núcleo más próximo del poder.
