Por la Redacción de CLARIDAD
La Coalición Defiende a Cabo Rojo alzó su voz por el proyecto de la Cámara PC 310, que es un “atentado directo a la democracia, a nuestros derechos y a la protección de los sistemas naturales y la ciudadanía”.
La Coalición dio la voz de alerta al tiempo que anunció que le solicitó a la gobernadora una reunión urgente para exponer sus preocupaciones sobre el PC 310 y la reforma de permisos. La carta de solicitud de reunión fue entregada el17 de abril. La medida ya había sido aprobada en el Senado, sin discusión pública, el 13 de abril y fue remitida de inmediato para la firma de la gobernadora.
Se denunció que tanto el PC 310 como el propuesto nuevo Código de Planificación y Permisos, del que se extraen las medidas del PC 310 para aprobarlas aparte, al igual que del PC 25 la definición de la zona marítimo terrestre, le amarraría las manos al pueblo para favorecer intereses de ‘desarrolladores’ en todos los rincones del archipiélago.
De acuerdo con lo anunciado por la Coalición, al momento, 350 personas y 56 organizaciones y negocios han suscrito la carta enviada a la gobernadora, ya que reconocen que el PC 310 atenta contra la democracia y la posibilidad de que residentes y comerciantes en Puerto Rico tengan acceso a remedios administrativos y legales por daños y perjuicios que cualquier proyecto de construcción pueda ocasionar a su persona o propiedad.
Entre otras disposiciones, el PC 310 exige el pago de una fianza equivalente al 10 % del costo estimado del proyecto de construcción para poder radicar un caso legal o querella administrativa. La medida también elimina la facultad de los jueces para exonerar de dicho pago a comunidades de escasos recursos u organizaciones sin fines de lucro. A la vez, el PC 310 requiere demostrar un “daño inminente” a persona o propiedad. Todo esto atenta directamente contra el derecho de la ciudadanía a buscar protección y remedios legales.
Por ejemplo, si aprueban una planta de asfalto al lado de la casa de un ciudadano de a pie, para poder someter un caso en la corte, este tendría que prestar una fianza del 10 % del costo de la planta de asfalto y probar que causará un “daño inminente” a su persona o propiedad. ¿El ciudadano tendría esa cantidad de dinero? ¿Cómo podría probar de inmediato la relación entre la planta de asfalto y los daños que las emisiones pueden ocasionarle cuando la construyan, y peor si es paciente de asma, condiciones respiratorias, cáncer, enfisema?
“En el caso de un megaproyecto como Esencia, cuyo costo estimado es de $2,000 millones, cualquier grupo comunitario o ciudadano que necesite impugnar –como por ejemplo, un pescador en la bahía de Boquerón o una residente del barrio El Corozo– tendría que desembolsar la absurda cifra de $200 millones,” denunció la Coalición. De esta forma, el PC 310 convierte el derecho a la justicia en un privilegio de los sectores más ricos, monetiza la radicación de querellas e incentiva el uso de prácticas ilegales por parte de desarrolladores, pues tácitamente les aseguraría que el escrutinio legal sería limitado.
Por si fuera poco, el PC 310 permitiría la construcción en suelo clasificado como Rústico Especialmente Protegido, siempre que el gobierno estatal o municipal clasifique la obra de ‘proyecto estratégico’, lo cual ya hicieron con Esencia.“Este cambio a los reglamentos ignora las protecciones ambientales vigentes en el Plan de Uso de Terrenos para dar paso a cemento y varilla sobre tierras de alto valor ecológico, cultural y agrícola”, alertó la Coalición.
Las pretensiones del PC 310 son evidentes. Además de los proyectos alarmantes que se encuentran en diferentes etapas en Cabo Rojo, Aguadilla, Fajardo, Río Grande y Vieques, recientemente se han dado a conocer planes de proyectos de lujo a gran escala en Dorado, Naguabo y Loíza.
“Estamos ante una estrategia coordinada para entregar el archipiélago a los grandes intereses y expulsarnos, siguiendo el infame “Puerto Rico sin puertorriqueños” del chat de 2019. El PC 310 es un arma antidemocrática y autoritaria para silenciar la oposición ante un patrón de explotación que nos afecta gravemente a todos. De aprobarse, el pueblo quedaría prácticamente desprovisto de protección en ley”, concluyó la Coalición.
Para concluir, la Coalición Defiende Cabo Rojo le recordó a la gobernadora que el pasado 28 de marzo decenas de miles de personas se manifestaron contra Esencia y lo que este megaproyecto representa y que ya cientos de ciudadanos han suscrito la carta en la que la Coalición le solicita audiencia inmediata.
“Hacemos un llamado urgente a la gobernadora a reunirse con nosotros, a escuchar al pueblo y a vetar el PC 310. Se exhortó a la ciudadanía a suscribir nuestra carta y mantenerse vigilante y activa en la defensa de nuestro territorio”, puntualizaron los portavoces.
