El propietario del astillero español evitó pronunciarse sobre las principales controversias de la frustrada compra de los patrulleros oceánicos para la Armada uruguaya. En un cuestionario por escrito enviado por Diario La R, únicamente deseó «suerte» a la Armada y afirmó que comparecerá una vez concluido el arbitraje internacional. A pocas semanas de que la Comisión Investigadora parlamentaria concluya sus actuaciones sobre la frustrada adquisición de los patrulleros oceánicos (OPV) para la Armada Nacional, el empresario español Mario Cardama, propietario del astillero Francisco Cardama S.A., optó por mantener el silencio sobre los aspectos centrales del caso y responder únicamente dos de las quince preguntas que le remitió por escrito Diario La R. La decisión confirma la estrategia que el empresario ya había adelantado al rechazar la invitación para comparecer personalmente ante la comisión investigadora que analiza el proceso de contratación de los buques y las circunstancias que derivaron en la rescisión del contrato por parte del Estado uruguayo. En el intercambio mantenido con este medio, Cardama fue explícito sobre los límites que se impuso. «Como ya comentamos, dada la situación del proceso no hacemos declaraciones. Gracias”. Ese fue el mensaje que acompañó el cuestionario enviado por Diario La R, dejando sin respuesta trece preguntas vinculadas a los puntos más controvertidos de la contratación.
Las preguntas sin respuesta
El silencio del empresario alcanzó prácticamente todos los asuntos centrales del expediente. Entre las interrogantes figuraban cuestiones relativas a la garantía presentada durante el proceso licitatorio, las observaciones formuladas por el actual gobierno, las inversiones realizadas por el astillero, el grado de avance en la construcción de los patrulleros, las reuniones mantenidas con autoridades uruguayas, las acciones legales iniciadas tras la rescisión del contrato y la valoración que realiza la empresa sobre las decisiones adoptadas por el Estado uruguayo. En rigor, no explicó por qué considera que las restricciones derivadas del arbitraje le impedían concurrir al Parlamento; tampoco respondió si mantiene la convicción de que el astillero cumplió con todas las exigencias del proceso licitatorio.
También quedaron sin contestación las preguntas referidas a la garantía cuestionada por el gobierno uruguayo, la validez jurídica y financiera de la documentación presentada, el estado real en que se encontraba la construcción de las OPV cuando se resolvió rescindir el contrato y las inversiones efectuadas para ejecutar la obra.
Del mismo modo, evitó pronunciarse sobre la existencia de reuniones con autoridades políticas o militares fuera de las instancias formales, sobre las eventuales observaciones realizadas por organismos uruguayos antes de la firma del contrato y acerca de si considera que la rescisión respondió exclusivamente a razones jurídicas o también a decisiones de naturaleza política. Ninguna de esas preguntas obtuvo respuesta.
Solo dos respuestas
Las únicas preguntas que aceptó responder estaban en el tramo final del cuestionario. Consultado acerca del mensaje que le transmitiría hoy a la Armada Nacional, institución que continúa sin contar con los patrulleros previstos en el contrato adjudicado a su empresa, Cardama respondió escuetamente: «Les deseo suerte”. La otra respuesta estuvo referida a una eventual comparecencia futura. Ante la pregunta de si estaría dispuesto a presentarse una vez concluido el arbitraje internacional o levantadas las restricciones de confidencialidad que invoca actualmente, el empresario respondió: «Sí, por supuesto». Si bien ambas contestaciones son extremadamente breves, constituyen las únicas declaraciones públicas realizadas por el titular del astillero español desde que se profundizó la controversia entre la empresa y el Estado uruguayo.
El viernes 31 de julio, a través de un correo electrónico dirigido a la Comisión parlmentaria, el empresario informó formalmente que no concurriría a declarar de forma presencial y fundamentó esa decisión en las limitaciones derivadas del arbitraje internacional actualmente en curso y en compromisos de confidencialidad que, según sostuvo, le impiden participar de un intercambio abierto con los legisladores.
En la comunicación dirigida a la secretaría de la comisión, Cardama agradeció la invitación y manifestó la voluntad de colaborar con la investigación, aunque únicamente mediante consultas formuladas por escrito.
Según expresó en esa nota, las «limitaciones propias del marco arbitral y otras originadas en compromisos de confidencialidad» impiden que el intercambio pueda desarrollarse «en ese marco de espontaneidad propuesto» por la comisión parlamentaria.
Como alternativa, planteó responder las consultas que eventualmente le fueran remitidas por escrito, asegurando que el astillero realizaría «el máximo esfuerzo» para contestarlas.
La comisión había solicitado la presencia personal del empresario ya que su comparecencia habría sido especialmente útil para el trabajo parlamentario, teniendo en cuenta que la investigación transita su etapa final.
La posibilidad de aceptar un intercambio exclusivamente por escrito quedó a estudio de los integrantes de la comisión, que deberá culminar formalmente sus actuaciones hacia fines de agosto. Desde el Frente Amplio, se entiende que un interrogatorio por esta vía carece de sentido ya que implica que los legisladores no podrán formular repreguntas ni profundizar aspectos considerados relevantes del proceso de contratación, una posibilidad que sí ofrece una comparecencia presencial.
Las 15 preguntas
- ¿Por qué decidió no comparecer personalmente ante la Comisión Investigadora y optar por responder únicamente por escrito?
- En su respuesta usted menciona un «marco arbitral» y compromisos de confidencialidad. ¿Puede explicar concretamente cuáles son esas limitaciones y por qué le impedirían declarar ante el Parlamento uruguayo?
- ¿Mantiene la convicción de que Francisco Cardama S.A. cumplió en todo momento con las exigencias establecidas en el proceso licitatorio y en el contrato firmado con el Estado uruguayo?
- El actual gobierno sostuvo que la garantía presentada durante la contratación presentaba irregularidades. ¿Cuál es su posición sobre ese cuestionamiento?
- ¿La empresa considera que la documentación entregada durante el proceso de contratación era plenamente válida y suficiente desde el punto de vista jurídico y financiero?
- ¿En qué etapa se encontraba efectivamente el proyecto de construcción de las dos OPV al momento de la rescisión del contrato? ¿Qué trabajos concretos ya se habían realizado?
- ¿Qué inversiones efectuó Francisco Cardama S.A. específicamente para cumplir con el contrato celebrado con Uruguay?
- ¿Mantuvo usted o representantes de la empresa reuniones con autoridades políticas o militares uruguayas fuera de las instancias formales del proceso de contratación? En caso afirmativo, ¿con qué objetivo?
- ¿La empresa recibió durante el proceso alguna observación formal de organismos uruguayos sobre la documentación presentada antes de la firma del contrato?
- Tras la rescisión contractual, ¿qué reclamos o acciones legales impulsa actualmente Francisco Cardama S.A. contra el Estado uruguayo y cuáles son sus principales fundamentos?
- Desde la perspectiva de la empresa, ¿la rescisión obedeció exclusivamente a razones jurídicas o considera que también existieron decisiones de carácter político?
- ¿Qué consecuencias económicas y operativas tuvo para el astillero la cancelación del contrato con Uruguay?
- Si el Estado uruguayo hubiera solicitado subsanar o sustituir determinados documentos o garantías antes de rescindir el contrato, ¿la empresa estaba en condiciones de hacerlo?
- ¿Qué mensaje le transmitiría hoy a la Armada Nacional del Uruguay, que continúa sin contar con los patrulleros oceánicos previstos en el contrato adjudicado a su empresa?
Respuesta de Cardama: Les deseo suerte.
- Finalmente, ¿estaría dispuesto a comparecer una vez finalizado el arbitraje o levantadas las restricciones de confidencialidad que usted invoca?
Respuesta de Cardama: Si por supuesto
