Nuevos documentos a los que ha tenido acceso Diario Rombe revelan un presunto abuso de poder en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSESO), gestionado como un cortijo privado, según las fuentes consultadas. Al frente del Consejo de Administración hasta el 21 de febrero de 2026 se encontraba Manuel Osa Nsue Osa. Ese día, el Gobierno de Guinea Ecuatorial suspendió el órgano tras una sucesión de escándalos de corrupción.
Cuando fue nombrado primer ministro, el régimen lo presentó como una figura joven llamada a regenerar la credibilidad del Ejecutivo, apoyándose en su etapa como director del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial. La narrativa oficial lo describía como símbolo de renovación y eficacia. Sin embargo, los hechos investigados apuntan en sentido contrario: desde su llegada al poder, su gestión habría estado marcada por la concentración de decisiones y por beneficios dirigidos a su entorno familiar. Diversas fuentes sostienen que su patrimonio, acumulado desde su paso por el Banco Nacional, es de dimensiones difíciles de cuantificar.
El Consejo de Administración suspendido estaba integrado por seis altos cargos del Ejecutivo que simultaneaban sus responsabilidades en el INSESO con sus respectivas carteras ministeriales: Ivan Bakale Ebe Molina —ministro de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico—; Cándido Muatetema Baita —ministro de la Función Pública—; Práxedes Rabat Makambo —ministro delegado de Sanidad, Bienestar Social e Infraestructuras Sanitarias—; Milagrosa Obono Angue —ministra delegada de la Tesorería y Patrimonio del Estado—; Alfredo Mitogo Mitogo Ada —ministro de Trabajo y Fomento de Empleo—; y Sergio Esono Abeso Tomo —ministro de Estado a la Presidencia del Gobierno, encargado de las Relaciones con el Parlamento y Asuntos Jurídicos—.
En su doble condición de primer ministro y presidente del Consejo, Manuel Osa Nsue designó a su sobrino, Jacinto Nsue Osa, como su representante al frente de la institución. Junto al delegado nacional del INSESO, Moisés Angüe Nso Nchama —ex empleado del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial—, el organismo habría operado bajo un esquema de control concentrado en su círculo familiar.
La documentación examinada indica, además, que quien públicamente exhortaba a combatir la corrupción habría promovido internamente un sistema orientado a favorecer empresas vinculadas a él y a su esposa, Dolores Fernández Balbuena, replicando prácticas que, según distintas fuentes, ya se habrían producido durante su etapa en el Banco Nacional.
Un Consejo marginado y sin capacidad real de supervisión
«Los seis miembros del Consejo de Administración desconocían cómo Manuel Osa Nsue Osa gestionaba el INSESO a través de su sobrino», afirma una fuente gubernamental bajo condición de anonimato. De acuerdo con la investigación de Diario Rombe, los consejeros suspendidos el 21 de febrero no recibían información detallada sobre las decisiones adoptadas por la presidencia. El Consejo no se habría reunido para deliberar ni para ejercer una supervisión efectiva de la gestión. Las decisiones clave se habrían tomado de forma unilateral.
La pregunta que circula en privado entre miembros del Ejecutivo es directa: si actuó al margen del Consejo de Administración, ¿qué otras decisiones pudo adoptar sin conocimiento del resto del Gobierno?. El análisis de los contratos firmados durante el mandato del delegado nacional, Moisés Angüe Nso Nchama, bajo la supervisión del presidente del Consejo, aporta nuevos indicios. «El INSESO no puede adjudicar ni firmar contratos sin la autorización previa del Consejo de Administración», explica una fuente conocedora de la normativa interna. Pese a ello, el número de contratos aumentó sin constancia de deliberación formal.
Los documentos apuntan a la repetición de un patrón ya conocido en la institución, similar al atribuido al exdelegado nacional Pedro Claver Mbega Ovono, condenado a cuatro años de prisión y obligado a reintegrar más de 12.000 millones de francos CFA al Tesoro Público por contrataciones fraudulentas entre 2019 y 2020.
Contratos familiares y posible tráfico de influencias
La administración de fondos públicos exige una separación estricta entre el interés general y los negocios privados de quienes gestionan la institución. Sin embargo, la documentación vincula al Instituto de la Seguridad Social con adjudicaciones dirigidas a empresas del entorno familiar de Manuel Osa Nsue Nsua, lo que configura un posible esquema de tráfico de influencias.
«En un organismo autónomo como el INSESO, todo contrato debe aprobarse mediante acuerdo del Consejo», subraya una fuente interna. Ni el delegado nacional ni el presidente del Consejo tendrían competencia legal para formalizar contratos sin ese aval. El marco jurídico de la OHADA, aplicable a sociedades públicas, regula expresamente los contratos prohibidos y las incompatibilidades de los administradores.
Otra fuente consultada advierte que, bajo pena de nulidad, los miembros del Consejo y sus familiares directos no pueden suscribir contratos que comprometan financieramente a la entidad. A pesar de ello, la documentación sugiere que determinadas adjudicaciones se realizaron vulnerando estos principios.
Entre los casos señalados figura la adjudicación de 8.632.200 francos CFA a la empresa Perla Hogar y Eventos, SL, propiedad de Dolores Fernández Balbuena, para la decoración navideña del Instituto de la Seguridad Social de Guinea Ecuatorial. También consta el pago de 735.000 francos CFA al Hotel Nsok-Nzomo, propiedad de Manuel Osa Nsue Nsua, por el supuesto alojamiento de consultores del instituto. Asimismo, se registran desembolsos superiores a 38 millones de francos CFA al Sport Club Malabo, igualmente propiedad del Grupo empresarial de Manuel, en concepto de alimentación y hospedaje.
Lejos de ser episodios aislados, estos movimientos describen un modelo de gestión patrimonialista. Mientras el INSESO debería proteger los derechos sociales de los trabajadores, la documentación apunta a que habría sido utilizado para nutrir un entramado empresarial familiar, desvirtuando su misión institucional en Guinea Ecuatorial.
