Unidades quedaron incautadas y se comprobó que prestaban servicio sin SOAT ni revisión técnica, poniendo en riesgo a sus pasajeros.
Ayer, El Diario del Cusco informó sobre los luctuosos hechos registrados el pasado domingo en la carretera Hiram Bingham, a vista y paciencia de los turistas que visitaban la ciudad inca de Machu Picchu. En ese lugar, dos grupos antagónicos de la empresa San Antonio de Torontoy se enfrentaron por disputas de carácter económico en dicha empresa. Esta empresa brinda servicios al margen de la ley e inclusive sin el aval de la Municipalidad de Urubamba. Dicha municipalidad en un primer momento le autorizó el servicio, pero luego de comprobar hechos que colisionan con la ley determinó anular el procedimiento efectuado.
Es así que entre los grupos oponentes, que forman parte del mismo conglomerado, se acusaban inclusive de secuestro, así como de apropiación ilícita. Uno de los sectores en disputa fue acusado de golpear y obligar a los conductores de dos buses de Torontoy a entregar las llaves de contacto de los vehículos. Luego, los conductores habrían sido trasladados clandestinamente.
Intervención policial y fiscal
Ante los hechos ocurridos ayer, la Policía Nacional del Perú, en coordinación con la representante del Ministerio Público de Machupicchu, Dra. María Teresa Huaco Cateriano, fiscal titular de la Fiscalía Mixta de Machupicchu, desarrollaron las acciones de ley frente a la denuncia presentada por los choferes de los buses de placas X5L-084 y X5K-482. Los choferes denunciaron la comisión de delitos cometidos por las personas que los agredieron.
Es así que las autoridades ubicaron a las dos unidades en calidad de abandonadas en la carretera Hiram Bingham, a la altura del puente Ruinas, flanco izquierdo del río Vilcanota. Los conductores, identificados como Richar Jhon Pilares Ccori y Dionicio Peña Mina, confirmaron que se trataba de los buses que les fueron arrebatados por los exaltados ciudadanos que los atacaron. Ambas unidades se hallaban en buen estado de conservación, solo con algunos daños. Sin embargo, tenían las puertas cerradas y sin que se conozca quiénes tienen las llaves de la cerradura de las puertas y del contacto para el encendido de los vehículos.
Ante esta situación, la PNP y el Ministerio Público, considerando que se han cometido delitos, determinaron la incautación de ambos buses, quedando bajo el resguardo de agentes policiales. Sin embargo, existe temor sobre la integridad de las unidades, pues la labor de las autoridades era observada por grupos de personas que fueron identificados como parte del otro sector de la empresa San Antonio de Torontoy. Además, algunos de los cuales amenazaban con atentar contra dichos vehículos.
Vehículos sin documentación
Se precisó que los intervinientes no pudieron ingresar al interior de los buses para el desarrollo de las pesquisas, pues no fueron ubicadas las llaves de las respectivas cerraduras. Posteriormente, tanto la PNP como el Ministerio Público verificaron que ambos vehículos estaban siendo utilizados en el transporte turístico, contraviniendo las normas vigentes. Por ejemplo, transitaban sin el SOAT vigente, así como tampoco contaban con revisión técnica. Estos hechos configuran una grave falta al Reglamento Nacional de Tránsito. Por ello deben obligar a las entidades correspondientes a implementar las acciones correctivas, considerando además que están transportando a turistas y no se les puede exponer de esta forma al alto riesgo de ser transportados en vehículos que brindan servicio al margen de la ley.
Frente a todos estos hechos, y para evitar cualquier situación que ponga en riesgo dichas propiedades, así como la integridad de los denunciantes y de los turistas que transitan por la zona, las autoridades deben disponer el retiro de los dos buses incautados fuera de la jurisdicción de Machupicchu. No implementar esta acción podría configurarse el delito de omisión de funciones.
Disputas internas en Torontoy
Toda esta situación se registra por el desencuentro motivado, al parecer, por razones económicas al interior de la empresa San Antonio de Torontoy. Y volvemos a señalar que esta delicada situación se hubiera evitado si la Municipalidad Provincial de Urubamba hubiera efectuado el proceso de licitación para tener un nuevo operador en la ruta. Además, la situación se habría resuelto si hubiera implementado, mientras tanto, las disposiciones de las autoridades nacionales que emitieron el Decreto Supremo 010-2026. Sin embargo, extrañamente el alcalde de Urubamba no ha querido implementar este decreto.
