La comisión parlamentaria que analiza el caso Cardama inicia este lunes una etapa decisiva. Tras semanas de trabajo centradas en reconstruir los antecedentes del proceso de adquisición de patrulleras oceánicas (OPV), el grupo comenzará a enfocarse en el período más reciente y políticamente sensible: los años comprendidos entre 2020 y 2026, cuando se concretaron las decisiones que derivaron en el fallido contrato con el astillero español.
Así lo confirmó el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, quien ha tenido un rol activo en el seguimiento del caso y adelantó que la comparecencia de este lunes marcará el cierre de una primera fase y el inicio de otra con mayor carga política y expectativa pública.
“Vamos a cerrar toda la primera etapa, los gobiernos del Frente Amplio del 2010 al 2020, porque concurre uno de los comandantes en jefe de la Armada de la época, el almirante Leonardo Alonso, cuyo testimonio había quedado pendiente”, explicó Abdala.
La presencia del exjerarca militar —quien estuvo al frente de la Armada entre 2015 y 2018— completa el ciclo de testimonios vinculados a los gobiernos anteriores y permitirá, según se espera, consolidar el panorama previo a la adjudicación del contrato a Cardama.
Sin embargo, el legislador relativizó la posibilidad de que surjan elementos disruptivos en esta instancia. “Es una instancia importante como todas, pero supongo que no traerá mayores sorpresas o novedades, más allá de las que ya se generaron con sus colegas que ya comparecieron y con las autoridades políticas de la época”, señaló.
Con este paso, la comisión se prepara para cambiar el foco de su investigación. “Calculamos que la comisión va a definir la agenda a partir de aquí y ya nos vamos a ir aproximando a lo que ocurrió a partir del 2020, en el período pasado, la etapa más cercana a Cardama”, adelantó Abdala.
Ese tramo es considerado clave, no solo por la cercanía temporal, sino porque allí se concentran las decisiones administrativas, técnicas y políticas que derivaron en la firma y posterior rescisión del contrato.
Documentación clave y cambio de ritmo
El inicio de esta nueva fase llega acompañado de un elemento que puede resultar determinante: la incorporación de nueva documentación al expediente de la comisión.
“Llegó una parte importante de la documentación que nosotros habíamos reclamado al final de la semana previa a Semana Santa”, indicó Abdala, quien vinculó ese envío a una reacción del Ministerio de Defensa. “Un poco como reacción de la ministra, a nuestro juicio”, acotó.
El material ya comenzó a ser analizado por los equipos técnicos de los legisladores. “La hemos estado viendo, los equipos técnicos la han estado analizando. Ya hemos visto bastante de lo que ha llegado, que no es todo, pero es una parte muy importante”, precisó.
La expectativa es que estos documentos permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos más recientes y, eventualmente, arrojar luz sobre aspectos que hasta ahora permanecen poco claros.
En ese sentido, la reunión previa a la sesión de este lunes será clave. “Mañana vamos a reunirnos antes de la comisión”, dijo Abdala, en referencia a una instancia interna donde se comenzará a ordenar la nueva etapa de trabajo.
Una comisión especial
El avance hacia el período 2020-2026 se da en un contexto en el que la comisión aún arrastra debates no saldados sobre su propio funcionamiento.
Tal como quedó en evidencia en la sesión del 26 de marzo, existe una situación de fondo sobre los alcances y limitaciones del grupo de trabajo. La comisión no tiene carácter formal de investigadora, lo que introduce restricciones en sus facultades y genera interrogantes sobre el impacto final de sus conclusiones.
Esa “zona gris” ha sido objeto de discusión entre los legisladores, especialmente en lo que refiere a la capacidad de exigir información, obligar comparecencias o derivar responsabilidades políticas.
Al mismo tiempo, el clima político ha mostrado momentos de fricción, con cruces entre oficialismo y oposición sobre el enfoque de la investigación y la forma en que se procesan los testimonios.
En ese marco, el desafío es doble: avanzar en el análisis de un caso complejo y, al mismo tiempo, consolidar un método de trabajo que otorgue legitimidad a los resultados.
El trasfondo: un contrato fallido
Mientras la comisión redefine su hoja de ruta, el caso Cardama sigue generando repercusiones en el plano político y jurídico.
El gobierno sostiene que la rescisión del contrato con el astillero español quedó firme y que no hay margen para revertir esa decisión en el plano administrativo. La postura oficial se basa en que la empresa no presentó una respuesta válida dentro de los plazos y condiciones establecidos.
En paralelo, se considera poco probable que el conflicto escale a un arbitraje internacional. El argumento central es que la rescisión no se fundamenta en aspectos técnicos —que podrían habilitar ese camino— sino en incumplimientos contractuales, especialmente vinculados a garantías, que deben resolverse en la justicia uruguaya.
A esto se suma el contenido de la carta enviada por Cardama a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en la que la empresa cuestiona duramente la actuación del Estado y solicita que se retiren las estructuras construidas en el astillero de Vigo.
Desde el gobierno, esa solicitud es interpretada como un reconocimiento implícito de que los bienes pertenecen a Uruguay, tal como lo establece el contrato. No obstante, también se advierte que podría tratarse de una estrategia para sentar las bases de futuros reclamos.
Investigación administrativa
El caso no se limita al plano contractual. En paralelo, el Ministerio de Defensa lleva adelante una investigación administrativa que ya derivó en un sumario a un funcionario y mantiene abierta la posibilidad de ampliaciones.
