El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, se pronunció este miércoles sobre los lineamientos presupuestarios de la próxima Rendición de Cuentas, relativizando la idea de que la normativa se estructure bajo una pauta de «gasto cero». Si bien el secretario de Estado reconoció de forma explícita que el Poder Ejecutivo opera bajo criterios de restricción fiscal en cuanto al crecimiento del gasto público para el venidero ejercicio, manifestó su expectativa firme de que el diseño macroeconómico final no implique una contracción de las partidas vigentes para las políticas sociales y laborales.
Castillo expuso la compleja situación interna que atraviesa el Ministerio de Trabajo en materia de capital humano, detallando que la secretaría cuenta actualmente con un veinticinco por ciento menos de funcionarios en comparación con los ejercicios previos administrados por el Frente Amplio. El jerarca argumentó que esta merma de personal precariza la capacidad operativa de las dependencias estatales para atender de forma oportuna la extensa lista de demandas y regulaciones que procesa la cartera, colocando el llenado de vacantes y la incorporación de inspectores y técnicos especializados en el centro de sus prioridades presupuestales.
Ante las limitantes macroeconómicas planteadas por el equipo económico de gobierno, el ministro propuso aplicar un mecanismo intermedio basado en la readecuación y redistribución estratégica de los recursos financieros ya existentes. Al ser consultado sobre cuáles compromisos gubernamentales deben ser jerarquizados en el actual escenario de prudencia fiscal, Castillo enfatizó de manera categórica que todas las herramientas institucionales vinculadas al diálogo social, la negociación colectiva y los consejos de salarios deben consolidarse como los ejes presupuestarios prioritarios para garantizar la paz social y la estabilidad del mercado de trabajo.
