Un colectivo de damnificados por las millonarias estafas perpetradas a través de diversos fondos ganaderos en Uruguay emitió un comunicado público. El objetivo es exigir una revisión profunda del marco penal y procesal aplicable a los delitos de cuello blanco. A través de una carta abierta difundida por el vocero de los afectados, Matías Corts, las familias damnificadas instaron a los poderes del Estado a evaluar con seriedad si existe una «proporcionalidad adecuada» entre la gravedad de los fraudes financieros y las benignas penas que prevé el sistema punitivo actual. Esto para referirse a los responsables de firmas como Conexión Ganadera o Portfolio Capital.
El documento señala que la crisis generada por el colapso de estas administradoras de inversión agropecuaria debe ser tipificada como un asunto de interés nacional. Según las estimaciones de los propios denunciantes, las maniobras delictivas perjudicaron a unas 6.000 familias en todo el territorio nacional. Consolidando un agujero económico que ronda los 600 millones de dólares. El texto advierte que, más allá del masivo perjuicio patrimonial particular, lo que se encuentra bajo severo riesgo es la credibilidad internacional del servicio de información. Y la reputación del sector agroexportador, el rubro con mayor dinamismo y peso en la actividad económica del país.
Asimismo, la misiva expone duras críticas hacia la estructura de la Fiscalía General de la Nación y del Poder Judicial, describiendo un aparato de justicia debilitado que carece de los recursos humanos, técnicos y presupuestales necesarios para procesar peritajes contables complejos de criminalidad organizada a gran escala. Corts enfatizó que el factor temporal resulta crítico en los delitos económicos, ya que la lentitud en la respuesta judicial impide el congelamiento y la preservación rápida de los activos remanentes, reduciendo a cero la posibilidad real de reparación para las víctimas. En ese sentido, cuestionaron la efectividad de las medidas cautelares vigentes (como los arrestos domiciliarios) y plantearon la necesidad de analizar eventuales demandas por responsabilidad del Estado debido a las omisiones flagrantes en el ejercicio de la función jurisdiccional.
