La muerte de un adolescente de 16 años durante un allanamiento policial realizado el jueves en el barrio Borro continúa generando repercusiones políticas, sociales e institucionales. Mientras la Fiscalía de Homicidios avanza en la investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho, el presidente del sindicato policial, Ricardo González, expresó a Diario La R el respaldo de la organización a los efectivos involucrados y sostuvo que, a partir de la información disponible hasta el momento, entienden que la actuación se produjo dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente.
El caso ocurrió durante un operativo ejecutado por personal policial en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno. Según informó el Ministerio del Interior, los allanamientos fueron el resultado de tareas de inteligencia vinculadas a reiterados episodios de disparos de arma de fuego registrados en la zona.
Durante el ingreso a una de las viviendas allanadas, un adolescente de 16 años resultó herido por disparos efectuados por un funcionario policial. El joven fue trasladado a una policlínica, donde posteriormente se constató su fallecimiento, según informó el Ministerio del Interior.
Desde entonces conviven dos versiones contrapuestas. La Policía sostiene que el menor apuntó con un arma a los efectivos y que el disparo se produjo en una situación de legítima defensa. La familia del adolescente, en cambio, afirma que el joven se encontraba durmiendo cuando comenzó el procedimiento y cuestiona la actuación policial.
El respaldo del sindicato
Consultado por Diario La R, González señaló que el primer aspecto a considerar es el contexto en el que se produjo la actuación policial. El dirigente señaló que el sindicato mantiene una posición de respaldo hacia los funcionarios mientras se desarrolla la investigación judicial.
“Primero que nada, respaldar a nuestros compañeros, que entendemos que actuaron bajo un marco normativo, lo que se basa en la legítima defensa, y entendemos que actuaron bien”, afirmó.
El presidente del sindicato reconoció la gravedad que implica la muerte de un adolescente, pero sostuvo que la investigación también deberá contemplar las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento. En tanto, agregó: “Yo entiendo que obviamente hay un adolescente de por medio en este hecho, que falleció, pero también entendemos que tenía una pistola 9mm en la mano con un cargador de 30 municiones”.
Las declaraciones se producen en momentos en que la Fiscalía procura reconstruir con exactitud la secuencia de los hechos y determinar si existió una amenaza concreta e inminente para los efectivos que participaron en el procedimiento.
Las cámaras que pueden despejar las dudas
Uno de los elementos que concentra la atención de investigadores, autoridades y familiares son las imágenes registradas durante el operativo.
El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó horas después del allanamiento que la utilización de cámaras GoPro brinda “una gran tranquilidad” respecto de la actuación policial. La Fiscalía ya solicitó el acceso a todas las grabaciones y ordenó una serie de pericias complementarias.
González coincide en que ese material será clave para determinar responsabilidades: “Creemos de suma importancia que las cámaras corporales de los funcionarios van a despejar si hay alguna duda en el accionar”, sostuvo.
Para el dirigente sindical, la existencia de registros audiovisuales constituye una garantía tanto para los policías como para la investigación. “Todo el procedimiento fue grabado por las cámaras corporales, y ahí seguramente la justicia va a tener material para poder trabajarlo”, agregó.
La fiscal a cargo deberá analizar esas imágenes junto con los informes de Policía Científica, las pericias balísticas, la posición en que se encontraba el adolescente al momento de recibir los disparos y el arma incautada durante el procedimiento.
La discusión sobre la legítima defensa
La hipótesis principal que maneja la investigación apunta a determinar si el funcionario actuó en legítima defensa. Sobre este punto, González planteó que muchas veces existe una distancia entre el análisis posterior de los hechos y las decisiones que deben tomarse en situaciones de riesgo extremo.
“Si una persona te está apuntando con un arma, son microsegundos y no es tan fácil”, afirmó.
El dirigente sindical cuestionó las interpretaciones que presentan la actuación policial como una decisión deliberada de causar daño y remarcó que los funcionarios enfrentan escenarios complejos y cambiantes.
“Hablarlo y decirlo suena como que el funcionario quiso salir a tirar por tirar y no. Saquemos esa imagen porque estamos lejos de eso”, señaló. Y agregó: “Cada funcionario, cuando va a hacer una actuación, si tiene que utilizar su arma, va a tratar de hacer el menor daño posible”.
Al mismo tiempo, evitó adelantar conclusiones sobre aspectos específicos del operativo y sostuvo que aún faltan elementos fundamentales para reconstruir lo sucedido.
“Yo no tuve acceso a las imágenes como para saber cómo fue la situación, a qué distancia se disparó. Eso lo va a despejar el procedimiento de la justicia cuando haga la investigación correspondiente”, indicó.
Balaceras en la zona
De acuerdo con la información oficial, los allanamientos ejecutados formaban parte de una investigación relacionada con una serie de balaceras registradas en la zona durante los últimos meses.
González recordó que el procedimiento no surgió de manera aislada sino como consecuencia de un trabajo previo de inteligencia policial. “Estos allanamientos se realizan en el marco de una investigación que venía —a nuestro entender— realizándose por varias balaceras de la zona donde se han escuchado y han viralizado videos con ráfagas de detonaciones en horas de la noche”, explicó.
Durante los procedimientos se incautaron armas de fuego, cargadores modificados y sustancias estupefacientes. Según informó el Ministerio del Interior, entre los elementos encontrados figura una pistola Glock 19 con numeración limada y cargador extendido, además de otras armas localizadas en la vivienda.
Investigación judicial y administrativa
La Fiscalía de Homicidios ordenó una batería de medidas para esclarecer el caso. Entre ellas figuran las declaraciones de los policías participantes, del jefe del operativo y de los testigos presentes en el lugar.
Asimismo, se dispuso la aplicación del protocolo de “desarme” para todos los funcionarios involucrados, una medida habitual en este tipo de situaciones destinada a preservar evidencia para las pericias balísticas. En paralelo, el Ministerio del Interior inició una investigación administrativa interna.
Consultado sobre la posibilidad de que las imágenes sean difundidas públicamente una vez incorporadas a la causa, González evitó fijar posición y subrayó que la decisión corresponde exclusivamente a la Justicia.
El impacto detrás del procedimiento
Más allá de la discusión jurídica y operativa, el episodio dejó una fuerte conmoción en el barrio y entre los propios funcionarios que participaron del allanamiento.
El presidente del sindicato señaló que este tipo de situaciones suelen generar consecuencias emocionales importantes para los efectivos y recordó que existen mecanismos institucionales de apoyo.
“Es habitual que se den este tipo de intervenciones por parte de bienestar social cuando hay hechos traumáticos y que generan alto impacto”, explicó al referirse a la asistencia psicológica prevista para los policías involucrados.
Mientras la familia del adolescente reclama justicia y respuestas sobre lo ocurrido, la investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía. Los próximos días serán determinantes para establecer si la actuación policial se ajustó a los protocolos y si la muerte del joven se produjo en una situación de legítima defensa, como sostienen las autoridades y el sindicato policial, o si surgen elementos que conduzcan a una conclusión diferente.
Por ahora, las cámaras corporales, las pericias científicas y los testimonios reunidos por la Fiscalía aparecen como las piezas centrales de un caso que volvió a colocar en el centro del debate público la relación entre seguridad, uso de la fuerza y control judicial de los procedimientos policiales.
Versiones contrapuestas
Uno de los puntos bajo análisis en la investigación refiere a lo ocurrido inmediatamente después de que el adolescente fuera baleado durante el allanamiento, en un contexto donde las versiones entre la familia y las autoridades presentan diferencias sustanciales sobre la secuencia de los hechos.
Desde el Ministerio del Interior se informó que, tras el incidente, “el adolescente de 16 años fue trasladado de inmediato por personal policial a la Policlínica de Capitán Tula, donde posteriormente se constató su fallecimiento”. La versión fue respaldada por el ministro del Interior, quien destacó que el procedimiento contó con registros audiovisuales y afirmó que esos elementos brindan “una gran tranquilidad”.
En paralelo, el padre del adolescente relató una secuencia distinta de lo ocurrido dentro de la vivienda durante el operativo. En declaraciones a la prensa, sostuvo que su hijo fue abatido tras salir por el fondo de la casa en medio del ingreso policial: “Vinieron de mañana acá la policía, lo hicieron levantar a mi hijo, salió por el fondo y lo acribillan como una rata… lo matan como un perro”, afirmó.
Más adelante, insistió en que el joven fue abatido en el exterior de la vivienda y cuestionó la actuación policial en el lugar: “Se asustó, disparó y lo matan, lo matan dando vuelta ahí, en mi casa por atrás… lo mataron mal, un menor”, señaló.
El padre también describió el momento posterior a los disparos, asegurando que observó lo ocurrido desde el interior de la vivienda: “Me lo cargan como un perro. Cuando miro por la ventana, lo veo que lo cargan como una rata así de las patas y la mano y lo tiran para una camioneta para arriba, muerto, loco”, expresó.
La fuerte divergencia entre la versión oficial del Ministerio y el relato del familiar del adolescente se suma a los elementos que se deben de analizar por Fiscalía.
