Costa Rica enfrenta uno de los mayores desafíos de las últimas décadas: garantizar el suministro eléctrico necesario para sostener el crecimiento económico, la atracción de inversión extranjera y la transición hacia una economía más descarbonizada, según Susana Rodríguez, nueva directora ejecutiva de Acope.
Con una demanda energética en aumento y nuevas presiones derivadas de proyectos tecnológicos e industriales, la discusión sobre el futuro del sistema eléctrico vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional.
Rodríguez advierte que Costa Rica debe prepararse desde ahora para escenarios de expansión acelerada del consumo eléctrico y sostiene que el país no puede depender exclusivamente del ICE para desarrollar la infraestructura energética requerida.
La jerarca de Acope defiende una mayor participación del sector privado en la generación eléctrica y respalda el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, al tiempo que rechaza que esta iniciativa represente una privatización del sistema.
En términos generales, ¿a cuánto asciende el crecimiento de la demanda energética para 2030 y 2040?
La demanda de energía eléctrica en Costa Rica viene creciendo de forma sostenida y las proyecciones indican que continuará aumentando hacia 2030 y 2040.
El propio ICE proyecta un crecimiento cercano al 2% anual en la demanda eléctrica nacional. Sin embargo, es importante aclarar que estas proyecciones responden principalmente a un crecimiento orgánico del consumo eléctrico del país, es decir, al aumento natural de hogares, comercios, servicios e industrias ya existentes.
Es decir, no necesariamente se incorporan escenarios más agresivos de crecimiento económico o de atracción de nuevas grandes cargas eléctricas, como centros de datos, nuevas plantas industriales, procesos de electrificación intensiva o relocalización de industrias tecnológicas, que podrían incrementar significativamente la demanda futura.
Por eso, el reto país no es únicamente cubrir el crecimiento actual, sino prepararse con suficiente anticipación para una eventual expansión acelerada de la demanda eléctrica asociada a inversión, industrialización y competitividad.
¿Puede el ICE por sí solo hacerle frente a esa demanda?
La incorporación de nueva generación eléctrica requiere inversiones muy intensas de capital y plazos largos de desarrollo. Es importante no dejarle toda la carga a un único actor.
Costa Rica necesita que todos los actores con capacidad de invertir puedan participar y aportar nueva infraestructura eléctrica. Eso además genera competencia, diversifica riesgos y ayuda a contener costos para los consumidores.
¿Se puede decir que el suministro de energía eléctrica puede complicar la labor del gobierno para atraer inversión extranjera directa?
La responsabilidad de cualquier gobierno es asegurar el suministro de energía eléctrica para su población y su crecimiento económico.
La inversión extranjera requiere que el país cuente con seguridad energética y estabilidad tarifaria, elementos que se gestionan desde la política pública y la regulación.
Los países pueden escoger distintos modelos para lograr dicha seguridad y calidad energética a largo plazo, pero una de las formas más efectivas es acompañarse de una regulación moderna que permita atraer inversión y promover la colaboración entre actores públicos y privados.
En esa línea, la iniciativa del Gobierno con el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional precisamente busca fortalecer la seguridad energética del país y generar las condiciones necesarias para acompañar el crecimiento que Costa Rica necesita.
Y sobre todo, pensando en lo más importante: el usuario final, que requiere un servicio eléctrico confiable y a precios competitivos.
En términos generales, ¿qué tan atrasado está el país en el tema de infraestructura eléctrica?
Costa Rica ha dado el ejemplo durante muchos años al contar con una de las mejores infraestructuras eléctricas de la región, y en eso el ICE ha cumplido un rol muy importante.
Sin embargo, la demanda y el crecimiento del país continúan, y una de las grandes lecciones que vemos en otros mercados es que la inversión en infraestructura eléctrica no puede detenerse.
La seguridad en la infraestructura de transmisión y distribución debe considerar y priorizar los flujos principales entre la generación y los puntos de consumo.
En este sentido, el país necesita seguir fortaleciendo las redes de transmisión y distribución para asegurar la incorporación de nuevos proyectos, así como la continuidad y calidad del servicio público a los usuarios.
¿Debe el ICE ser el principal generador de energía eléctrica del país, a pesar de que ha demostrado que construye caro y tarda mucho?
La aprobación del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional permitiría que la planificación nacional recaiga principalmente en el rector, en este caso el Minae y la nueva figura denominada Ecosen, de manera que la decisión de incorporar más generación al sistema eléctrico nacional responda a necesidades del país en función de la tecnología requerida —eólica, solar, biomasa, hidroeléctrica o baterías—, así como de su costo, tiempo de instalación y puesta en operación.
