La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios anunció que desde el 1 de agosto se comenzará el cobro del timbre profesional sobre todos los actos médicos que incluyen cada registro que un profesional realice en la historia clínica de un paciente, o sea todas las consultas. También se deberá tributar por exámenes y análisis clínicos realizados en puertas de emergencia y se incluye los registros efectuados en las historias clínicas de pacientes internados o atendidos en sus domicilios. La resolución se tomó por unanimidad del directorio de la Caja, con el voto positivo de los dos representantes del Poder Ejecutivo.
En un comunicado la Caja señaló que «no se trata de la creación de un nuevo tributo, sino de la aplicación de una norma vigente que nunca fue derogada ni declarada inconstitucional».
“La Caja tiene no solo la facultad sino el deber de recaudar el recurso indirecto que la ley le asigna como fuente de financiamiento del régimen de seguridad social de los profesionales universitarios”, afirma el documento. La entidad aclara que el timbre se aplicará exclusivamente en los casos no exceptuados por la normativa y que los controles comenzarán a regir a partir del 1 de agosto de 2026, sin efecto retroactivo sobre períodos anteriores.
«Esto salva a la caja»
El presidente de la Caja, Andrés Pérez, manifestó la disposición del Directorio a dar marcha atrás en la implementación del cobro, siempre y cuando el gobierno aporte los recursos necesarios para sostener las obligaciones previsionales de la institución. El declaraciones a Subrayado (Canal 10) señaló «los activos no podemos pagar más porque ya estamos casi en el 22,5%, los pasivos tienen su IASS y un 5% adicional de tasa de contribución pecuniaria». Acotó «estamos obligados a hacer la tarea que estamos haciendo. Como la Caja, hasta este momento, no había estado en la situación en la que se encuentra no se habían hecho estos controles que se tendrían que haber hecho hace 20 años. Si se hubieran hecho hace 20 años, la Caja no estaría en esta situación». «Esta medida salva la Caja de Profesionales», dijo Pérez.
Desde la Junta Nacional de Salud (Junasa) había cuestionado la resolución argumentando que implicaría un “nuevo costo” para los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud. Le envió un carta a la Caja solicitando que desista de esta resolución. La Caja rechazó este planteo y señaló que “el reproche de la Junasa en términos de ‘nuevo costo’ no es jurídicamente exacto, ya que no se crea un nuevo paratributo, sino que se exige el cumplimiento de una obligación tributaria preexistente cuyo sujeto pasivo siempre fue el usuario del servicio profesional”.
“Irregular e inconveniente”
El director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, calificó la resolución como “irregular e inconveniente”. Según estimaciones oficiales, el cobro del timbre podría generar un impacto anual de entre US$ 60 millones y US$ 100 millones, que recaería principalmente en los usuarios a través de mayores costos en las consultas médicas. El declaraciones a canal 12 sostuvo que se trata de «una resolución irregular en lo formal e inconveniente en lo fáctico. El directorio de la Caja Profesional no está facultado para tomar resolución en cuanto al instrumento de cobro y en cuanto al monto que se le asignó a esta imposición». Agregó «se estaría duplicando el esfuerzo contributivo que ya está haciendo toda la sociedad en el rescate financiero de la Caja Profesional». Sobre hacia donde puede escalar este conflicto señaló «somos defensores de la democracia y de la autonomía política de la Caja Profesional. No estamos de acuerdo en intervenir la Caja». Explicó que el voto de los delegados del Poder Ejecutivo en el directorio se dio en un marca de una larga sesión y sin que estos tuvieran toda la información necesaria por lo cual «fueron sorprendidos en su buena fe».
