El sistema de protección social de Guinea Ecuatorial vuelve a quedar en entredicho por las actuaciones de la élite del régimen. Tras las investigaciones publicadas por Diario Rombe sobre el descuento sistemático de cuotas de la Seguridad Social que nunca llegan a ingresar en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSESO), trabajadores de Gartol Seguridad Privada han decidido romper el silencio. Bajo estricta condición de anonimato por miedo a represalias, los empleados denuncian que la empresa lleva más de una década incumpliendo sus obligaciones con la Seguridad Social, dejándolos desprotegidos mientras continúa beneficiándose de millonarios contratos públicos.
Ante la imposibilidad de acudir a la justicia para denunciar a su propietario del Viceministro de Seguridad Exterior, Carmelo Ovono Obiang, alias «Didi» —hijo del dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y jefe de la Seguridad Exterior—, los trabajadores han optado por hacer pública una situación que califican de insostenible.
Una investigación de Diario Rombe, basada en documentación oficial del Ministerio de la Función Pública, Reforma Administrativa y Seguridad Social, confirma la magnitud del presunto fraude. Un inspector del propio ministerio consultado por este medio advierte de la gravedad del caso: “La existencia de deudas acumuladas con el INSESO por parte de empresas pertenecientes a altos cargos del régimen reviste una enorme gravedad institucional, económica y social”.
Los registros oficiales reflejan que Gartol Seguridad Privada dejó de ingresar las cotizaciones sociales en mayo de 2015. Desde entonces acumula una deuda de 248.000.000 francos CFA. Mientras la Seguridad Social deja de percibir recursos destinados a financiar hospitales públicos, pensiones y prestaciones sociales, el patrimonio de Carmelo Ovono Obiang no ha dejado de aumentar. Parte de esos bienes se encuentran en España, donde varios inmuebles ya fueron embargados por la Audiencia Nacional en el marco del procedimiento judicial en el que está imputado por el presunto secuestro y las torturas de cuatro opositores ecuatoguineanos.
El monopolio del negocio
La situación adquiere una dimensión aún más grave por el evidente conflicto de intereses dentro del propio organismo encargado de controlar el cumplimiento de las cotizaciones sociales. Carmelo Ovono Obiang Saw es hermano de María Luisa Obiang Saw, delegada regional del INSESO. Según la documentación consultada por este Diario, Maria Luisa Mangue Obiang Shaw también es propietaria de un lujoso chalet de 313,17 m² situado en una de la urbanización de la Calle San Enrique de Osso, Encinar de los Reyes, la Moraleja (Madrid) valorado en 294.573,58€ en 2014.
Sin embargo, pese a la deuda acumulada durante más de diez años, Gartol Seguridad Privada ha seguido operando con total normalidad y sin que consten medidas efectivas para reclamar el pago de las cotizaciones adeudadas. La empresa, junto con Sonavi, propiedad de su tío, el general Armengol Ondo Nguema, controla prácticamente el mercado de la seguridad privada en Guinea Ecuatorial. Ambas compañías concentran buena parte de los contratos públicos vinculados a instituciones estratégicas del Estado.
Fuentes gubernamentales consultadas por Diario Rombe identifican, entre otros, los siguientes contratos adjudicados a Gartol Seguridad Privada: Sede de Gepetrol en Malabo ( 16.160.000 francos CFA mensuales), Ministerio de Minas, Industria y Energía: (3.800.000 francos CFA mensuales), vigilancia del edificio del BEAC ubicado en la calle República y del Defensor del Pueblo (3.059.000 francos CFA mensuales) y el Centro Educativo de Nkoa Ntoma: (1.710.000 francos CFA mensuales), etc.
Estos contratos evidencian que el impago de las cotizaciones sociales no puede atribuirse a dificultades económicas de la empresa. Por el contrario, la documentación consultada apunta a que Gartol Seguridad Privada ha continuado percibiendo importantes ingresos procedentes de fondos públicos mientras dejaba de ingresar las cuotas que corresponden legalmente a sus trabajadores.
El resultado es que cientos de empleados permanecen sin la protección que les garantiza la Seguridad Social, mientras millones de francos CFA que debían financiar prestaciones sanitarias y sociales nunca llegaron al INSESO. Todo ello ocurre bajo la responsabilidad del ministerio encargado de velar por el cumplimiento de la ley y sin que, hasta la fecha, se hayan adoptado medidas efectivas para recuperar los fondos adeudados.
