El jueves 10 de octubre, Teodoro Obiang Nguema, como de costumbre acompañado por su esposa, Constancia Mangue Nsue Okomo, y su hijo Pastor Obiang Mangue, inauguró la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Bata, un elefante blanco de más de 50.000 m². Según el dictador, este nuevo capricho, que costó más de 109.000 millones de francos XAF, fue «financiado íntegramente» por el gobierno, y, en su eterna fantasía, lo presenta como uno de los aeropuertos más modernos, seguros y avanzados de África. ¿Pero qué más da? En un país sin electricidad estable ni personal capacitado y donde la corrupción es la norma, un aeropuerto de vanguardia es lo que menos importa.
Este tipo de engaño no es nuevo. Ya vió con los hospitales «La Paz» en Bata y Malabo, la Clínica de Fertilidad de Oyala o con la fantasmagórica ciudad de Djibloho: monumentos a la vanidad del régimen que terminaron en manos de la élite de Mongomo, sin ningún beneficio para la población. ¿Y quién gestiona estas «joyas de la modernidad»? Nadie. ¿Y la electricidad? Bien, gracias. Lo de Obiang es un espectáculo patético, dicen algunos críticos: crear obras faraónicas para la galería, mientras el país sigue sumido en la pobreza y la incompetencia. Pero claro, la propaganda nunca falta.
Lo que Obiang no dice es que la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Bata, lejos de ser financiada «íntegramente» por el gobierno, fue costeada con un préstamo de 80.000 millones de francos CFA del Banco de Desarrollo de los Estados de África Central durante la presidencia de Fortunato Ofa Mbo Nchama. Y claro, serán los guineoecuatorianos quienes paguen la factura durante los próximos 10 años, mientras Obiang y los suyos se hacen la foto para la propaganda. Diario Rombe ha tenido acceso a los documentos que exponen la cruda realidad detrás de esta supuesta hazaña.
Crítica al acuerdo de Préstamo: ¿Quién pagará la cuenta?
En un contexto económico ya precario, el acuerdo de préstamo plantea serias preocupaciones para los guineoecuatorianos. Con una duración de 10 años y un período de gracia de 3 años desde el momento de la firma del contrato en 2019. Sin embargo, la realidad es que esta «facilidad» oculta una carga pesada que recaerá sobre las espaldas de los ciudadanos.
Los términos estipulan que, aunque el capital no deberá reembolsarse durante los primeros 3 años desde la firma del contrato en abril de 2019, los intereses, fijados en un 7,50% anual sin impuestos, comenzarán a acumularse de inmediato sobre la cantidad que se haya desembolsado. Esto no es solo una estrategia financiera; es una trampa que perpetúa la deuda y asegura que el pueblo guineano pague más en el futuro.
Peor aún, si el prestatario (en este caso, el gobierno) no cumple con los pagos, se activarán penalizaciones automáticas. Estas incluyen un 1/3% mensual sobre cualquier monto adeudado, lo que significa que la deuda no solo crecerá, sino que se multiplicará exponencialmente. Y lo más alarmante: estas penalizaciones e intereses de demora se aplicarán sin necesidad de un aviso previo, lo que deja a los ciudadanos a merced de un sistema financiero que parece diseñado para beneficiar a unos pocos en el poder mientras deja a la mayoría cargando el peso de la deuda.
Este acuerdo refleja una falta de consideración por parte del gobierno hacia su población. Los guineanos, que ya enfrentan serias dificultades económicas, se verán obligados a asumir las consecuencias de decisiones tomadas en la cúpula del poder. ¿Quién pagará realmente la cuenta de este préstamo? La respuesta es clara: el pueblo guineano, que tendrá que afrontar el costo de un endeudamiento que no eligió y que, al final, beneficiará únicamente a quienes manejan los hilos de esta opaca gestión económica.
