Durante la última década, las principales instituciones financieras multilaterales han concedido a Guinea Ecuatorial importantes líneas de crédito destinadas, al menos sobre el papel, a diversificar la economía, mejorar las infraestructuras y fortalecer sectores ajenos al petróleo.
Pero detrás de los programas de desarrollo y de las licitaciones internacionales aparece un patrón que Diario Rombe viene documentando: fondos procedentes de deuda pública terminan en empresas privadas vinculadas a familias próximas al poder.
El último caso conduce directamente hasta Milagrosa Obono Angüe, secretaria de Estado de la Tesorería General desde 2015 hasta su ascenso al Gobierno en febrero de 2023. Durante casi ocho años, Obono Angüe estuvo al frente de la institución responsable de gestionar los recursos financieros del Estado y ocupó una posición privilegiada dentro de la arquitectura económica del régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.
Posteriormente fue ascendida a ministra delegada de Hacienda, Presupuestos y Planificación Nacional y, más tarde, a ministra delegada de Tesorería y Patrimonio del Estado. También asumió la representación de Guinea Ecuatorial ante organismos financieros multilaterales. Su trayectoria la situó en el centro de las decisiones sobre las finanzas públicas: supervisaba los pagos del Estado y participaba en la gestión de los compromisos financieros internacionales.
Es precisamente en ese punto donde aparece MIRAMAX GE S.L., representada por Alejandro Ndong Micó Angüe, hermano de Milagrosa Obono Angüe.
El préstamo que debía transformar la pesca ecuatoguineana
Para entender cómo MIRAMAX GE terminó beneficiándose de fondos procedentes de un préstamo internacional, hay que regresar al origen del proyecto. El 10 de julio de 2019, el Banco Africano de Desarrollo (BAD) aprobó un préstamo destinado a financiar el Proyecto de Apoyo al Desarrollo de las Cadenas de Valor del Sector de la Pesca y la Acuicultura (PASPA). El prestatario no era una empresa privada. Era la República de Guinea Ecuatorial.
El acuerdo de préstamo se firmó el 29 de julio de 2019 y entró en vigor el 6 de abril de 2020. El objetivo del PASPA era impulsar uno de los sectores considerados estratégicos para la diversificación económica de Guinea Ecuatorial: desarrollar las cadenas de valor de la pesca y la acuicultura, aumentar la producción, mejorar las infraestructuras, favorecer la transformación y comercialización de productos pesqueros y generar actividad económica más allá de la industria petrolera.
La ejecución del programa quedó en manos del Ministerio de Pesca y Recursos Hidráulicos, a través de la Cellule d’Exécution du Projet PASPA (CEP-PASPA). El mecanismo financiero era sencillo: el BAD presta dinero al Estado ecuatoguineano; el Estado ejecuta el proyecto; y las empresas adjudicatarias reciben los contratos para suministrar bienes, equipos o ejecutar las obras previstas.
La cuestión que interesa a esta investigación aparece precisamente en ese último paso: quién termina recibiendo el dinero de un proyecto cuya deuda asume el Estado.
De un préstamo internacional a un contrato de 2.702 millones de FCFA
Seis años después de la aprobación del préstamo, el PASPA comenzó a traducirse en contratos concretos. En 2025, la unidad encargada de ejecutar el proyecto puso en marcha una licitación pública internacional abierta para el suministro de instalaciones sanitarias y eléctricas, maquinaria y equipamientos, además de trabajos de urbanización vinculados a los estanques acuícolas de Oveng-CDO y Ebibeyin, Elasok Efak-Mongomo y Ayack Ntang-Micomiseng.
El procedimiento fue dividido en tres lotes. El expediente fue presentado al BAD el 11 de septiembre de 2025. El organismo financiero aprobó el proceso el 16 de octubre de 2025. La apertura de las ofertas tuvo lugar el 16 de diciembre de 2025 y el BAD aprobó finalmente el informe de evaluación y adjudicación el 19 de marzo de 2026. Es en esta fase cuando aparece MIRAMAX GE S.L.
MIRAMAX GE: la empresa que se lleva los tres lotes
Tal como reveló Diario Rombe, MIRAMAX GE S.L. fue constituida el 12 de agosto de 2016, con un capital social de 5.000.000 de FCFA. Su representante legal es Alejandro Ndong Micó Angüe, hermano de Milagrosa Obono Angüe. La documentación del BAD aporta además datos actualizados de la empresa, que figura con domicilio oficial en Malabo II y el correo electrónico [email protected].
MIRAMAX GE terminó compitiendo por contratos financiados con un préstamo concedido al propio Estado ecuatoguineano y consiguió hacerse misteriosamente con los tres lotes de la licitación. La resolución corresponde a la Licitación Pública Internacional —Appel d’Offres International Ouvert N.º 019-2025/B/PASPA/GE-BAD—.
Los contratos adjudicados son los siguientes:
- Lote 1 — Oveng CDO-Ebibeyin: 1.514.304.000 FCFA.
- Lote 2 — Elasok Efak-Mongomo: 593.648.000 FCFA.
- Lote 3 — Ayack Ntang-Micomiseng: 594.224.000 FCFA.
En total, 2.702.176.000 FCFA, más de 4,1 millones de euros.
La secuencia documental es clara:
- 2019: el BAD aprueba el préstamo para el PASPA.
- 2019: Guinea Ecuatorial firma el acuerdo de préstamo.
- 2020: el préstamo entra en vigor y comienza formalmente la ejecución del proyecto.
- 2025: se lanza la licitación internacional.
- 16 de octubre de 2025: el BAD aprueba el proceso de licitación.
- 19 de marzo de 2026: el BAD aprueba la evaluación y adjudicación.
- Mayo de 2026: comienza la ejecución de los contratos adjudicados a MIRAMAX GE.
La pregunta central es entonces inevitable: ¿quién paga finalmente esos 2.702 millones de FCFA adeudados?
El Estado se endeuda; una empresa privada cobra
La documentación oficial del BAD identifica expresamente al Gobierno de Guinea Ecuatorial, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, como «Emprunteur» —prestatario— del préstamo. El Estado figura, además, como garante del crédito y responsable de la ejecución. Se trata del préstamo número 2000200004351, destinado al Proyecto de Apoyo al Desarrollo de las Cadenas de Valor del Sector de la Pesca y de la Acuicultura (PASPA).
Cuando este crédito fue negociado, aprobado y firmado entre 2019 y 2020, Milagrosa Obono Angüe era la máxima responsable ejecutiva de la Tesorería General, dentro de la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto introduce un elemento relevante en la adjudicación posterior.
Los 2.702.176.000 FCFA adjudicados a MIRAMAX GE proceden de un proyecto financiado mediante deuda contraída por la República de Guinea Ecuatorial. Por tanto, el beneficiario inmediato del contrato es una empresa privada representada por el hermano de la entonces Secretaria General de la Tesorería del Estado, mientras que la obligación de devolver el préstamo corresponde al Estado ecuatoguineano.
En otras palabras: el Estado contrae la deuda con el BAD; una empresa vinculada al hermano de la entonces responsable de la Tesorería recibe 2.702 millones de FCFA en contratos financiados con ese préstamo; y la deuda deberá ser asumida por las finanzas públicas.
Es la fórmula clásica de privatizar el beneficio y socializar la deuda: el Estado se endeuda con un organismo financiero internacional, los ciudadanos quedan obligados a asumir el coste futuro del crédito y una empresa privada vinculada al entorno familiar de una alta responsable de las finanzas públicas recibe el contrato.
