La Gendarmería Nacional ha intensificado sus pesquisas sobre una trama de contratos presuntamente irregulares adjudicados sin licitación en el seno del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSESO), durante la etapa en la que Manuel Osa Nsue presidía su Consejo de Administración mientras ejercía simultáneamente como Primer Ministro del Gobierno. Las investigaciones apuntan ahora a un posible centro de decisión opaco: la Torre Caleyma, un inmueble de su propiedad desde el que, según fuentes consultadas por Diario Rombe, se habrían negociado acuerdos de alto valor económico al margen de los procedimientos legales establecidos.
Uno de los nombres que emerge con fuerza en esta línea de investigación es el del empresario español José Antonio Del Olmo del Río, situado en el núcleo del caso por su presunta condición de beneficiario de adjudicaciones presuntamente cuestionadas. Su implicación resulta especialmente relevante en relación con un contrato firmado el 21 de mayo de 2025, actualmente bajo análisis por los investigadores.
En esa fecha, el delegado nacional del INSESO, Moisés Angue Nso Nchama, formalizó la adjudicación —sin que mediara procedimiento alguno de licitación pública— a la empresa Intermediarios GEST 22 SL (también denominada Intermediariuos Gestion 22 S.L, lo que lleva a la confusión sobre la existencia de dos presuntas empresas paralelas con la misma denominación), representada entonces por Del Olmo del Río. El contrato, destinado a la adquisición de cuatro ambulancias Toyota Hiace Tipo B para la Delegación Nacional y la Delegación Regional del organismo, asciende a 325.527.087 francos CFA, aunque otra documentación consultada por Diario Rombe cuyo beneficiario es Intermediariuos Gestion 22 S.L refleja una cifra distinta: 324.783.954 francos CFA.
Las presuntas irregularidades que investiga la Gendarmería Nacional no se limitan al procedimiento de adjudicación. El contrato omite el número de identificación fiscal de la empresa adjudicataria, Intermediarios GEST 22 SL, un requisito esencial para acreditar su existencia legal y su capacidad para contratar con la Administración. Pese a ello, el documento recoge que ambas partes “se reconocen mutuamente la capacidad legal suficiente para actuar en este acto”, una afirmación que choca frontalmente con las carencias formales detectadas.
La documentación en poder de Diario Rombe obtenidas extraoficialmente de la Gendarmería revela, además, un elemento especialmente sensible: Intermediarios GEST 22 SL fija su domicilio social en la Torre Caleyma, propiedad del propio Manuel Osa Nsue en el momento de la firma. Este cruce de intereses sitúa la operación bajo un foco crítico, al vincular directamente al adjudicatario con un inmueble controlado por quien, al mismo tiempo, presidía el organismo contratante.
