Durante la pandemia, el gobierno de Martín Vizcarra creó Reactiva Perú, un programa que inicialmente buscaba mitigar los efectos económicos de la crisis sanitaria. Sin embargo, en la práctica, se convirtió en un espacio propicio para las desigualdades, beneficiando principalmente a grandes empresas y al sistema bancario.
La falta de medidas de control adecuadas permitió que grandes compañías accedieran a recursos públicos sin cumplir con sus compromisos de pago, mientras que las micro y pequeñas empresas (mypes) quedaron relegadas. Sin la supervisión efectiva del Estado, se abrió la puerta a prácticas fraudulentas que hoy representan un alto costo para las finanzas públicas.
Millonarios fondos con mínimo retorno
Según una auditoría de la Contraloría General de la República, el Gobierno transfirió más de S/ 6,000 millones a través de Reactiva Perú, un fondo diseñado para otorgar créditos al sector privado durante la emergencia sanitaria.
De esa suma, solo el 6.7% ha sido recuperado hasta la fecha, mientras que el 58.2% de los recursos parece irrecuperable, lo que constituye una grave pérdida para el erario nacional.
El programa careció de los “candados” necesarios para prevenir irregularidades, lo que permitió que algunas grandes corporaciones se beneficiaran sin asumir sus obligaciones.
Muchas de estas empresas cambiaron su razón social y número de RUC para evadir la devolución de los créditos obtenidos, desviando los fondos destinados a la reactivación económica.
Deficiencias en la supervisión estatal y bancaria
La Contraloría señaló que la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), encargada de supervisar la ejecución de los créditos, no aplicó un control adecuado. La fiscalización fue insuficiente, ya que Cofide se limitó a verificar la documentación presentada por las entidades financieras, sin comprobar que las empresas cumplieran los requisitos exigidos para acceder al fondo.
Además, las entidades financieras no aplicaron sus políticas de cobranza de forma efectiva, lo que permitió que varias empresas incumplieran los pagos sin consecuencias. Esto contradice las normas que ordenan tratar los créditos garantizados por el Estado igual que los otorgados a otros clientes bancarios.
Medidas posteriores y consecuencias políticas
Ante las irregularidades detectadas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó nuevas disposiciones para mejorar la recuperación de la cartera honrada. Entre ellas se incluyen mecanismos de descuentos, refinanciamientos y cesión de cartera. Sin embargo, la Contraloría advirtió que la falta de supervisión posterior a la entrega de créditos dificulta identificar los préstamos que incumplen los requisitos. Esto limita la capacidad de Cofide para recuperar los fondos públicos.
El fracaso de Reactiva Perú evidenció las fallas de gestión del gobierno de Martín Vizcarra. Las deficiencias en el control y la ejecución del programa generaron un elevado costo para las finanzas nacionales. La incertidumbre sobre la recuperación de los recursos sigue siendo uno de los temas más controversiales del debate político y económico del país.
