Mecenas de la última campaña de Donald Trump y con la venia del nuevo presidente, Elon Musk ha asumido rápidamente la autoridad de ordenar todo el gasto del gobierno. El hombre más rico del mundo está a la cabeza del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que, pese al nombre, no es un departamento ejecutivo federal, sino solo una comisión temporal.
Sin ningún cargo público ni mandato electoral, Musk no ha tardado en ingresar en los sistemas de distintas instituciones gubernamentales, lo que le da un acceso a información confidencial de millones de ciudadanos que, en tiempos normales, sería celosamente protegida por el Estado.
Si bien es necesario que haya una fiscalización sobre los fines de los diferentes financiamientos, lo de Musk cerrando el caño a cualquier destinatario que no le guste tampoco parece el camino ideal. Es importante, sí, una mirada a los destinos del dinero, pero dentro de la estructura presidencial, no hecha por una persona ajena al organigrama ejecutivo que, avalada solo por Trump, maneja recursos e información sensible.
Que se entienda bien: si USAID, por ejemplo, no termina cumpliendo su fin -que es lo que a todas luces parece-, debe ser corregido, pero desde una gestión gubernamental oficial, y no desde este modelo “por fuera” que Trump parece querer normalizar.