La gestión se inició luego de que Álvaro Delgado, candidato a la presidencia por el Partido Nacional, declarara que el Gobierno había ordenado a las Fuerzas Armadas brindar información sobre los desaparecidos durante la dictadura.
Según detalla el comunicado, «vencido el plazo de la prórroga solicitada, 70 días después», se recibió finalmente una breve respuesta oficial. Familiares subrayó que la orden mencionada por Delgado fue impartida por el entonces ministro de Defensa, Javier García, y no por el presidente, «como se nos había transmitido en la reunión con los candidatos». Además, destacaron que esta directiva fue verbal, se dirigió exclusivamente al Ejército y no incluyó a las restantes fuerzas armadas, sin que existiera un seguimiento claro de su cumplimiento.
La organización denunció que esta falta de acciones concretas refleja «la complicidad y el ocultamiento» que perpetúan una «impunidad aún vigente». Señalaron que el silencio dentro de las Fuerzas Armadas y la inacción de los actores políticos continúa frenando el acceso a la verdad sobre los detenidos desaparecidos.
Finalmente Familiares reafirmó su compromiso en la lucha por “Verdad, Memoria y Justicia” y exigió que las Fuerzas Armadas entreguen toda la información que poseen, recordando que su objetivo sigue siendo alcanzar un Uruguay donde no se convalide el terrorismo de Estado.
