El proyecto de producción de hidrógeno verde en Paysandú, impulsado por la empresa HIF Global, se ha instalado como una de las iniciativas de inversión más relevantes en la historia reciente de Uruguay. Con una inversión estimada en varios miles de millones de dólares y un fuerte componente tecnológico, la iniciativa también abre interrogantes en materia ambiental, energética y diplomática, particularmente en la relación con Argentina.
En entrevista con Diario La R, el diputado frenteamplista por Paysandú, Juan Gorosterrazú, trazó un panorama que combina respaldo al proyecto con cautela política, especialmente en lo que refiere a evitar un escenario de conflicto bilateral como el que se vivió durante la instalación de la planta de celulosa de Botnia, a comienzos de los años 2000.
En su análisis, el legislador situó el proyecto dentro de un proceso de largo plazo vinculado a la transformación de la matriz energética del país. Recordó que Uruguay atravesó a comienzos de siglo una fuerte crisis energética, lo que derivó en acuerdos multipartidarios para impulsar el desarrollo de energías renovables. Ese camino permitió alcanzar, según destacó, niveles cercanos al 100% de generación eléctrica a partir de fuentes limpias.
“Hay una serie de decisiones políticas que se tomaron en su momento que permiten que hoy estemos en esta situación”, afirmó, al explicar por qué Uruguay resulta atractivo para inversiones de este tipo. La estabilidad institucional, la credibilidad internacional y la infraestructura energética consolidada aparecen como factores clave para la llegada de proyectos de gran escala como el de HIF Global.
El emprendimiento prevé la producción de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde, utilizando dióxido de carbono capturado en procesos industriales. Según explicó Gorosterrazú, este tipo de energía está llamado a jugar un rol central en el futuro, en un contexto global donde la transición energética redefine los mercados. “El mundo se va a dividir entre los que compran y venden hidrógeno verde”, sostuvo.
Sin embargo, el desarrollo del proyecto no está exento de tensiones. Desde el inicio, autoridades y actores sociales de la provincia argentina de Entre Ríos manifestaron su preocupación por la ubicación original de la planta, frente a la ciudad de Colón. Las objeciones se centraron principalmente en el impacto visual y en potenciales efectos sobre actividades económicas vinculadas al turismo.
En ese contexto, surgió la posibilidad de relocalizar la planta dentro del departamento de Paysandú, en predios de ANCAP en la zona de Nuevo Paysandú. Esta alternativa, impulsada inicialmente por actores locales del Frente Amplio, es vista como una opción que podría reducir la conflictividad.
Gorosterrazú explicó que el nuevo emplazamiento presenta ventajas logísticas y técnicas relevantes: se trata de un predio de uso industrial, con acceso a infraestructura ferroviaria, vial y portuaria, y ubicado en cercanía de la planta de ALUR, que proveería el CO2 necesario para el proceso productivo. Además, la relocalización permitiría alejar la planta del eje visual directo con la ciudad de Colón.
“También es uno de los elementos centrales que lo saca del foco del problema con Colón y con Argentina”, señaló el diputado, al subrayar la importancia de contemplar la dimensión internacional del proyecto.
En esa línea, fue enfático al plantear que los habitantes de la frontera no desean reeditar un conflicto como el que derivó en el corte de puentes internacionales durante el diferendo por Botnia. “Los que vivimos en la frontera no queremos que haya un conflicto como hubo anteriormente con los puentes cortados”, afirmó.
El legislador remarcó que existen vínculos sociales, familiares y económicos entre ambas orillas del río Uruguay que podrían verse afectados en un escenario de confrontación. Por ello, consideró clave avanzar en soluciones que permitan compatibilizar el desarrollo productivo con el mantenimiento de buenas relaciones bilaterales.
De todos modos, también defendió la potestad soberana de Uruguay para impulsar proyectos industriales en su territorio. “Uruguay es un país soberano, independiente, y tiene potestades de hacer los desarrollos que entienda pertinentes”, indicó, en referencia a las críticas provenientes de Argentina.
Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de definiciones clave. Uno de los aspectos centrales es la negociación entre la empresa y UTE por el precio de la energía eléctrica, un insumo fundamental para el proceso de electrólisis que permite obtener hidrógeno verde. Según explicó Gorosterrazú, este punto será determinante para la concreción de la inversión.
Además, la eventual relocalización de la planta está siendo analizada por el gobierno y la empresa desde el punto de vista técnico y económico. Si bien no hay una decisión tomada, el legislador señaló que la propuesta es vista “con buenos ojos” por parte de las autoridades.
El cronograma preliminar del proyecto prevé el inicio de obras hacia 2027, con la puesta en marcha del primer módulo en 2029. Durante la fase de construcción se generarían entre 2.000 y 3.000 empleos, mientras que en la etapa operativa la planta emplearía a unas 300 o 400 personas de forma directa.
