En una sesión de la Comisión Permanente del Parlamento, los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Salud Pública fueron citados para explicar los recientes cambios en la metodología de cálculo de las devoluciones del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La modificación, aprobada por decreto en los últimos días de diciembre de 2025, ajusta el Costo Promedio Equivalente (CPE) utilizado para determinar cuánto se devuelve a los contribuyentes, lo que resultará en menores devoluciones a partir de 2027.
El Fonasa, pilar del Sistema Nacional Integrado de Salud, cubre actualmente a 2.653.873 personas, lo que representa aproximadamente el 74% de la población uruguaya. De este total, alrededor de 1,2 millones son trabajadores activos, unos 600.000 son menores de 18 años, un número similar corresponde a pasivos (jubilados y pensionistas), y cerca de 200.000 son cónyuges o concubinos dependientes. Este amplio alcance hace que cualquier ajuste en su financiamiento impacte directamente en millones de hogares.
«Se devolvió de más durante años»
El subsecretario del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba, detalló los cambios. «La devolución de dinero es menor porque corresponde que sea menor, porque hasta el momento se devolvía más de lo que correspondía, ya que no se estaba calculando correctamente el costo que cada beneficiario le generó o le genera al Seguro Nacional de Salud», explicó.
Vallcorba enfatizó que «no se introdujo ninguna modificación en el régimen de devolución del Fonasa; se cambió la metodología de cálculo establecida por decreto en 2011». Insistió en que el ajuste no obedece a motivos fiscales, sino a la corrección de inequidades ya que «había contribuyentes que recibían devoluciones superiores a lo justo, y ese exceso terminaba siendo financiado por el conjunto de la sociedad».
En cifras concretas, recordó que en 2025 se devolvieron 210 millones de dólares a unas 155.000 personas. Para 2027, las proyecciones indican que entre 60.000 y 70.000 personas dejarán de percibir devolución alguna, y el monto total devuelto caerá entre 70 y 80 millones de dólares, quedando en alrededor de 130 millones para unas 85.000 personas. Aclaró que las devoluciones correspondientes a setiembre de 2026 (por aportes de 2025) no sufrirán modificaciones.
Por su parte, el ministro Gabriel Oddone profundizó en el origen del cambio. «La medida es metodológica, cuyo principal fundamento es corregir un error en el diseño de la estimación del costo promedio equivalente del Fonasa. Es un tema que estaba largamente planteado por los servicios técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas desde aproximadamente 2019, pero que las dos administraciones anteriores, por razones diversas, no tomaron en cuenta».
Oddone admitió que se trata de una decisión política con implicancias evidentes, pero subrayó la prioridad técnica. Dijo que «los criterios técnicos son cruciales. Por supuesto que somos conscientes de sus efectos políticos, pero en ningún caso una decisión de esta naturaleza puede desconocer los fundamentos técnicos».
Finalmente, rechazó la acusación de ajuste fiscal encubierto. En este sentido manifestó «para nosotros esta no es una medida con componente fiscal primario. Aunque reconocemos que los recursos retenidos se aplicarán a iniciativas presupuestales del Ministerio de Salud Pública, el fundamento no es fiscal. Aún sin un escenario restrictivo, yo como ministro la hubiera impulsado igualmente». No obstante dijo «ese dinero nos viene bien». Dijo «podíamos no haber hecho nada y veríamos como se arregla el año que viene». Reiteró que no es un aumento del tributo y manifestó que no había informado sobre este punto durante en la discución presupuestal, ya que no sabía si el Poder Ejecutivo le aprobaría una iniciativa de este tipo, que se debía tomar a fin de año.
«Es un aumento tributario y un engaño electoral»
El diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar, convocante de la citación, no escatimó críticas. Calificó la medida como «una decisión del Poder Ejecutivo que, más allá de su formulación técnica o administrativa, constituye en los hechos un aumento de carga tributaria, una de las mayores de los últimos tiempos».
Para Andújar, el cambio refleja «un concepto ideológico de cómo debe administrarse el gasto público en nuestro país». Destacó su impacto directo y sostuvo «se trata de una decisión que afecta el salario y el ingreso disponible de miles de uruguayos y uruguayas, que ya enfrentan un contexto económico desafiante con pérdida de poder adquisitivo, aumento del costo de vida y mayores exigencias fiscales».
El legislador dijo «este gobierno llegó al poder con un compromiso explícito y reiterado: no aumentar impuestos. Fue la promesa central de campaña, defendida públicamente para generar confianza. Hoy ese compromiso ha sido vulnerado. Fue un engaño al electorado».
«Se está aumentando impuestos, no hay otra definición válida. Cambiar el nombre no cambia la realidad», sentenció. Para Andujar «las promesas fiscales tienen un valor especial porque afectan la vida cotidiana de la gente. Cuando se quiebra la palabra empeñada, no solo se afecta el bolsillo, sino la credibilidad del sistema político. No se puede engañar a los uruguayos con tanta desfachatez ni naturalizar la mentira electoral».
