Paola Vieques recibe al equipo de Diario la R en la sede improvisada del colectivo de familiares de liberados en Canelones Chico. Es una oficina pequeña en un centro barrial, con sillas desparejas, una pava siempre encendida y una mesa cubierta de carpetas. “Cada carpeta es una vida”, dice mientras acomoda papeles con nombres, fechas de ingreso, de salida, medidas alternativas, evaluaciones psicológicas y resoluciones judiciales. La precaria escena, sin embargo, está cargada de dignidad: aquí se asiste a quienes salen del sistema penitenciario pero siguen atrapados en otro, igual de difícil y silencioso.
Paola no es técnica en seguridad, ni criminóloga, ni activista profesional. Es familiar de un preso primario liberado, y desde allí su voz encontró fuerza. Su hermano fue encarcelado por un hurto menor. Entró sin antecedentes; salió un año después con un prontuario y una mochila social más pesada que la condena. “Lo que nadie quiere decir —explica Paola— es que un preso primario entra con un error y sale con una etiqueta. Y esa etiqueta lo persigue más que la Justicia”.
“La libertad formal no es libertad real”
La entrevista comienza con una pregunta inevitable: ¿cuál es la situación que viven los liberados hoy en Uruguay? Paola suspira, como si la respuesta fuera demasiado grande para resumirla. “La libertad formal no es libertad real. La Ley dice ‘liberado’. La sociedad escucha ‘delincuente’. Y ahí empieza otra condena, la que nadie controla”.
Según ella, los presos primarios —aquellos que llegan al sistema por primera vez, muchas veces por delitos menores— representan el ejemplo más claro de una falla institucional que se multiplica: entran por un episodio puntual, pero permanecen marcados en todos los aspectos de su vida. “Mi hermano salió a buscar trabajo con la mejor disposición. En la primera entrevista le pidieron antecedentes. Ahí se terminó todo. Y como él, miles”.
Paola señala que el país habla de seguridad, pero raramente de reinserción. “No existe seguridad sin una política seria de liberados. Si un preso primario no consigue trabajo, no tiene apoyo psicológico, no puede terminar estudios, no puede sanar adicciones y además tiene que lidiar con una sociedad que lo rechaza, ¿qué creen que va a pasar? Lo empujan otra vez al mismo círculo”.
El colectivo: acompañar para sobrevivir fuera de la cárcel
El grupo que integra nació de manera espontánea. “Nos empezamos a encontrar en la puerta del Comcar, del Penal de Libertad, del CNR. Ahí entendés que nadie te explica nada. Éramos madres, hermanas, parejas. Todos con el mismo miedo: que nuestros familiares entraron primarios y salieran rotos”.
Con el tiempo, transformaron ese dolor en organización. Hoy brindan acompañamiento emocional, legal básico, talleres para la búsqueda laboral, contactos con empresas sensibles al tema y asistencia para quienes se quedan sin red familiar. Paola cuenta que muchos liberados “no tienen a dónde ir». La cárcel destruye vínculos”.
“Cuando salen, la vida afuera es una carrera con obstáculos. Algunos terminan durmiendo en refugios donde conviven con adictos en crisis. Otros vuelven al barrio donde los estigmatizan. La falta de contención —subraya— es la principal semilla de la reincidencia”.
“El Estado no ve la dimensión humana del problema”
La parte más crítica de la entrevista llega cuando Paola reflexiona sobre el rol del Estado. Para ella, la respuesta institucional está atrasada. “El sistema penitenciario uruguayo sigue siendo depósito y castigo. No hay un plan serio para los primarios. Y es un error gravísimo: son justamente los que más chance tienen de no volver a delinquir si reciben apoyo”.
Con firmeza, agrega: “La cárcel no trabaja para que salgan mejor. Trabaja para que sobrevivan. Y sobrevivir no es reinsertarse. Una política nacional de liberados tendría que ser prioridad de cualquier gobierno. Pero nadie la toma porque no da votos. Se habla de mano dura, pero nunca de mano justa”.
Historias que duelen, historias que alertan
Paola abre otra carpeta. Es la historia de una joven de 22 años encarcelada por un hurto simple. Presa primaria. Pasó ocho meses en reclusión. “Salió con ataques de pánico, sin tratamiento, sin trabajo, sin nada. Terminó en una situación de calle. Nosotras la acompañamos. ¿Dónde estaba el Estado?”.
La pregunta queda suspendida.
Hay otra historia: un hombre de 30 años que buscó rehabilitación dentro del sistema, pero no accedió a cupos. Al salir, recayó. Volvió a delinquir. “Eso lo podrían haber evitado con políticas mínimas”, insiste Paola.
Un reclamo que crece
El colectivo prepara un documento para presentar ante autoridades. Piden creación de centros de transición, programas de empleo específicos, seguimiento psicológico obligatorio y voluntario, incentivos para empresas que contraten liberados, formación dentro de las cárceles y asistencia habitacional temporal.
No es caridad, aclara Paola: “Es prevención. La sociedad cree que ayudar a liberados es un acto de bondad. No. Es una política de seguridad inteligente”.
“Mi hermano volvió a ser persona cuando alguien lo trató como tal”
Al final, Paola vuelve a la historia que la trajo hasta aquí. Su hermano logró estabilizarse. Obtuvo un trabajo eventual, luego un contrato. Un pequeño triunfo en un camino cuesta arriba. “Lo logró cuando una empresa decidió mirarlo como persona y no como antecedente. Ese gesto le devolvió la dignidad. Eso es lo que pedimos: dignidad para todos”.
Se despide con una frase que resume el núcleo de esta problemática:
“Un liberado que no encuentra oportunidades es un país que renuncia a la seguridad. Si queremos construir futuro, tenemos que dejar de condenar para siempre a quienes ya cumplieron su condena”.
“Negarle oportunidades a un liberado es condenar al país a repetir los mismos fracasos. Una sociedad que excluye a quien ya cumplió su pena abandona toda estrategia real de seguridad. Construir futuro implica romper con la condena eterna.”
