Según el «cronograma» del gobierno interino de los hermanos Rodríguez, las elecciones presidenciales serían en el año 2030, luego de los comicios municipales, regionales y de la Asamblea Nacional en los años 2027, 2028 y 2029.
Noel Gómez Herrera
La permanencia de Delcy Rodríguez en el poder no es un accidente. Es una arquitectura política cuidadosamente diseñada. Bajo la figura inexistente en la Constitución de “ausencia forzosa”, el Tribunal Supremo de Justicia ha creado un limbo legal que evita declarar la falta absoluta de Nicolás Maduro y, por tanto, bloquea el gatillo constitucional que obligaría a convocar elecciones. No es un error jurídico. Es una estrategia de poder.
El objetivo es gobernar sin elecciones hasta reconfigurar el país. Las señales son claras. Desde el entorno del poder, encabezado por Jorge Rodríguez, el mayor de los hermanos Rodríguez Gómez, se ha advertido que no habrá elecciones en el corto plazo, condicionando cualquier proceso a una supuesta “estabilidad nacional”.
Traducido al lenguaje político real eso significa que las elecciones quedan suspendidas indefinidamente. El cálculo es simple: Mantener la ficción de continuidad institucional, evitar la “falta absoluta” que obligaría a elecciones en 30 días y extender el interinato hasta que resulte políticamente conveniente… o irreversible.
EL TRUCO LEGAL
La Constitución venezolana establece límites claros, 90 días de ausencia temporal prorrogables por otros 90. A los 180 días, la Asamblea Nacional debe declarar la falta absoluta y convocar elecciones, pero el chavismo judicial inventó una tercera categoría: “Ausencia forzosa”, un concepto que no existe en la Constitución, suspende los plazos, evita activar elecciones Así, el poder queda suspendido en una especie de estado permanente de excepción constitucional.
LA RUTA HACIA 2030
En círculos políticos y analíticos comienza a tomar forma una hipótesis inquietante: Extender el mandato de facto hasta completar el período presidencial sin elecciones. Esto implicaría que Delcy Rodríguez cubra todo el ciclo de gobierno iniciado por Nicolás Maduro. El sistema evite cualquier consulta popular real. El poder se legitime posteriormente con elecciones tardías, bajo control total. No sería una transición. Sería una reconfiguración del régimen sin pasar por las urnas.
COMPLICIDAD INSTITUCIONAL
El Tribunal Supremo de Justicia no solo creó la figura de la “ausencia forzosa”, ahora guarda silencio sobre los plazos constitucionales. Ese silencio, advierten organizaciones como Provea, no es neutral: es una decisión política. Mientras tanto la Asamblea Nacional no declara la falta absoluta. el Consejo Nacional Electoral no convoca comicios y el Ejecutivo gobierna sin legitimidad renovada. Todo el aparato del Estado opera en sincronía.
SIN DEMOCRACIA
El discurso oficial vende estabilidad, pero la realidad es otra, una transición sin elecciones es una transición sin democracia. El nuevo esquema ofrece reconocimiento internacional selectivo, apertura económica controlada, liberación parcial de presos, pero sin el elemento central: el voto
PODER SIN URNAS
Lo que se perfila no es una simple maniobra coyuntural. Es algo más profundo: Un modelo para gobernar sin elecciones mientras se simula legalidad. Si este esquema se consolida, Venezuela entraría en una nueva fase, sin ruptura formal del orden constitucional, sin elecciones obligatorias y in alternancia. Aunque el reloj constitucional corre, pero el poder decidió detenerlo.
Resumen ejecutivo:
1.
El “rodrigato” intenta convencer a la Administración Trump, a las transnacionales petroleras, a los inversionistas extranjeros, a la comunidad internacional y al sector privado nacional que el proceso de estabilización y transición debe concluir en el año 2030 con nuevas elecciones presidenciales, luego de la convocatoria de elecciones municipales en el año 2027, regionales en 2028 y Asamblea Nacional en 2029
2.
El “alacranato” se suma a la tesis de extender la “continuidad administrativa” de Delcy Rodríguez hasta el año 2030, alegando “estabilidad democrática”. Oposición rechaza “el interinato fraudulento al mandato sin fecha de vencimiento”, por considerar que se trata de un mandato de facto, sin legitimidad popular, sin control institucional y sin fecha de caducidad real
3.
Señalan al psiquiatra Jorge Rodríguez, presidente de la AN oficialista y hermano mayor de la presidenta interina, como el “cerebro gris” de la estrategia que persigue la permanencia del interinato en el poder hasta el año 2030, mediante un fraude constitucional continuado: “Nada es improvisado, detrás del esquema está el control del aparato legislativo y el sistema judicial, el manejo del discurso oficial de administrar la crisis y el diseño de un sistema donde la estabilización justifique la permanencia”
4.
La oposición señala que el TSJ pasó de árbitro a cómplice para favorecer al interinato fraudulento de los hermanos Rodríguez: “Dejó de ser un intérprete de la Constitución, para convertirse en una herramienta para sostener el poder. Su silencio sobre los plazos constitucionales no es negligencia, es complicidad. Su doctrina no busca justicia, busca tiempo”
5.
El “Plan 2030” consiste en consolidar el poder sin pasar por las urnas. Se trata de extender el control hasta completar el ciclo presidencial sin elecciones reales y luego convocar comicios controlados en 2027 para concejos municipales y alcaldes, en 2028 para gobernaciones y consejos legislativos regionales, en 2029 para la AN y en 2030 las presidenciales. Objetivos: Redefinir el sistema político, relegitimar el poder ya consolidado y reconfigurar el país sin consultar al país”.
6.Diversos aanalistas políticos consideran que el país está ante una dictadura sofisticada y de nuevo tipo, sin ruptura visible con el “madurismo”, sin junta militar, sin cierre formal del sistema, que funciona dentro de una Constitución vaciada, con tribunales activos, con parlamento en funciones, con discurso legalista, pero sin el elemento esencial de toda democracia:
la posibilidad real de elegir y cambiar.
CINISMO PURO. El artículo 233 de la Constitución Nacional ordena a la Asamblea Nacional convocar elecciones presidencialaes treinta días despúes de declararse la falta absoluta del Presidente, sin embargo el psiquiatra Jorge Rodríguez dice que no sabe para cuando se puedan convocar esas elecciones y cual sería la primera elección, si las municipales, regionales, etc»:
