Hay un antiguo refrán fang que dice: «Puede que las piedras que se tiran al bosque no maten pájaros, pero perforan las hojas de los árboles». En Diario Rombe consideramos que esta máxima sintetiza una realidad que llevamos años documentando: el poder puede ignorar una denuncia, silenciar a quien pregunta o perseguir a quien investiga, pero jamás podrá borrar las huellas de sus actos. Cada contrato, transferencia y empresa opaca deja una marca imborrable en el patrimonio de la nación.
Este editorial no pretende señalar al pueblo fang ni convertir una trama de corrupción en un conflicto étnico; el problema no es una comunidad, sino una estructura opaca y un grupo de personas concretas que despojan al país. En el centro de este entramado confluyen dos clanes familiares específicos, ambos originarios del distrito de Mongomo: por un lado, los Esangui, articulados bajo el liderazgo de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo; y por otro, los Obuk, encabezados por su esposa, Constancia Mangue Nsue Okomo. Son estas élites concretas, sus colaboradores y no el conjunto de la sociedad, quienes han instrumentalizado las instituciones para su beneficio personal.
Si el régimen persigue hoy a determinados colaboradores acusándolos de corrupción, resulta ineludible preguntar qué ocurre con quienes han administrado los activos del Estado durante décadas. El caso de la aviación es demoledor. El pasado 15 de julio, este periódico reveló que la Tesorería General del Estado transfería mensualmente 196.787.100 francos CFA desde hace 10 años (aproximadamente 300.000 euros al mes) a Guinea Ecuatorial Air Lines (GEASA SL) —empresa vinculada a Teodoro Nguema Obiang Mangue («Teodorín») y Constancia Mangue Nsue Okomo («La Primera en Todo»)— por el alquiler de un avión. Nueva información verificada confirma que este desembolso millonario corresponde a una avioneta de 12 plazas que lleva tres años inoperativa y aparcada en un hangar. Durante más de una década, los pagos continuados superan los 23.614 millones de francos CFA (más de 36 millones de euros).
El desvío de la flota pública va mucho más allá. En su día, el Gobierno ordenó comprar a la compañía Boeing dos aparatos para la aerolínea nacional Ceiba Intercontinental: un Boeing 777-200LR (bautizado Djibloho) y un Boeing 737. Sin embargo, Teodorín ordenó a Fausto Abeso Fuma (alias Tito Garriga) no entregar el 737 a Ceiba: la aeronave fue desviada a un segundo país para remodelar su interior y exterior con acabados de gran lujo. Posteriormente, se liberaron millones de euros para adquirir un Boeing 767-300 que ingresó al país bajo la bandera de Ceiba con el nombre de Kié-Ntem. Aunque lleva los colores de la aerolínea estatal, nunca ha realizado un solo vuelo comercial; está bajo el control exclusivo de la Presidencia para uso particular de la familia.
Mientras Ceiba Intercontinental opera raquíticamente con un ATR y un Boeing 737 para los trayectos Malabo-Bata, la Presidencia maneja una multimillonaria flota privada financiada íntegramente con dinero público: el Boeing 777 Djibloho, el Boeing 767 Kié-Ntem, el Utonde, el Obama, un Gulfstream, un Embraer y aparatos jet privados.
El entramado Abayak: confiscación de bienes públicos y una red de empresas pantalla
Con este esquema de expolio, nada puede funcionar en Guinea Ecuatorial. Entidades como Gepetrol Servicios o INSESO son meras fachadas para saquear los fondos públicos. La opacidad es total: los ingresos por la venta del crudo jamás se publican y el suministro de combustible a Gepetrol Servicios lo monopoliza la firma LOTEG —controlada por Abayak SA y la primera dama, Constancia Mangue—. Gepetrol paga a LOTEG por el combustible, y cuando el país sufre desabastecimiento se debe, sencillamente, a que el Estado le debe dinero a LOTEG.
Los Obiang no han invertido un solo franco de su bolsillo. Utilizan el presupuesto nacional para levantar infraestructuras que luego traspasan a la estructura privada de Abayak SA y sus filiales: En Oyala, la primera dama se ha adueñado de 100 viviendas destinadas al alquiler de miembros del Gobierno, cuyos cobros van directo a las cuentas de Abayak. En Paraíso y Sipopo, la familia mantiene confiscados dos bloques enteros de viviendas sociales.
El Gran Hotel de Bata se financió integramente con fondos públicos (así figura en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 a 2025); sin embargo, se explota a través de Obuk SA. La misma opacidad rodea al Gran Hotel Djibloho, el Hotel Bisila Palace, las Villas de Sipopo, el Hotel Corisco, el Hotel 3 de Agosto, la red de hoteles Ibis, el Hotel Sipopo, Centros Médicos la Paz y el nuevo Sofitel Sipopo.
El Centro Comercial de Sipopo, los supermercados Muancaban y diversos hospitales privados construidos con dinero del Estado funcionan bajo el mismo patrón de privatización. La Tesorería paga sumas multimillonarias a una maraña de empresas de mantenimiento que pertenecen a la propia familia presidencial o emplean a extranjeros. En esta lista figuran firmas como Multiservicios Lea, A.B.I. Medsud Development Ltd, Pegasos SA, SOS Mantenimiento o la contrata de recogida de basuras de Malabo.
Para blindar esta apropiación y borrar las huellas del dinero que genera el patrimonio estatal, la familia ha colocado a sus peones en puestos clave: más de un tercio del Gabinete gubernamental responde a sus órdenes. Es el caso de María del Pilar Avomo Nguema Mangué, cuya misión explícita es eliminar cualquier archivo o documento comprometido sobre las transferencias hacia Abayak SA.
Impunidad, saqueo financiero y los intocables del régimen
Los beneficios que generan estos inmuebles no ingresan en la Tesorería General del Estado; se depositan directamente en las cuentas bancarias de Abayak SA y sus filiales para justificar ante entidades extranjeras el origen de sus transferencias internacionales. No conformes con apoderarse de las ganancias, utilizan al propio Estado como avalista para solicitar préstamos privados a través de Abayak, dejando al país endeudado y sin activos.
Toda esta maquinaria la gestiona Marcelino Oyono Ntutumu Ayi (alias Abigui), administrador de los hoteles junto a figuras como Pastor Hassan Obiang Mangue. La posición de Abigui dentro del régimen revela la fragilidad de las campañas «anticorrupción» impulsadas por Teodorín:
Aunque Abigui afronta fuertes tensiones internas por la supuesta desaparición de 20.000 millones de francos CFA en contratos adjudicados a la empresa SODILECSA, resulta intocable. Como afirman fuentes internas de la administración: «Marcelino es un empleado de la casa; si él cae, tira de la manta y cae el sistema entero». Por esta misma razón, Teodorín solo persigue a colaboradores menores o figuras jóvenes, pero no puede actuar ni contra Abigui ni contra dirigentes como Filiberto Ntutumu o Marcelino Owono Edu.
El caso de la Central Hidroeléctrica de Sendje sintetiza esta impunidad estructural. A pesar de haber invertido cientos de millones de euros, la central sigue inacabada. Se han pagado 51 millones de euros solo en concepto de diseño de un proyecto inexistente que la constructora Duglas Alliance jamás finalizará. Nadie rinde cuentas, nadie investiga dónde está el dinero y Teodorín es incapaz de presentar el proyecto ejecutivo porque sencillamente nunca existió.
El patrimonio edificado en Guinea Ecuatorial se financió con el esfuerzo y los recursos de todos los ecuatoguineanos. Diario Rombe continuará publicando los documentos, nombres y contratos que prueban cómo la riqueza del país fue privatizada por una sola familia.
