El exministro de Cultura y Turismo, Rufino Ndong Esono Nchama, permanece detenido en las dependencias de la Gendarmería de Malabo por orden de Teodoro Nguema Obiang Mangue, vicepresidente de la República, desde la mañana de este viernes 6 de noviembre. El motivo de su detención está relacionado con la concesión de licencias administrativas a determinadas empresas del sector de los juegos de azar durante su etapa al frente del departamento de Turismo.
La escena retrata las contradicciones de un sistema político en el que las decisiones administrativas de los antiguos miembros del Gobierno se han convertido, años después, en motivos de persecución, especialmente cuando dejan de contar con la protección de quienes controlan el poder. Ndong Esono Nchama ha terminado pagando por haber firmado documentos que, en su momento, correspondían a las competencias de su departamento.
La cuestión no es si una licencia administrativa debe ser investigada cuando existen indicios de irregularidades. Cualquier actuación pública debe someterse a la legalidad y, si procede, a una investigación independiente. La cuestión es por qué se utiliza el aparato coercitivo del Estado contra determinados antiguos responsables mientras otras operaciones económicas de enorme dimensión, que afectan a personas próximas al núcleo presidencial, siguen sin recibir una respuesta pública proporcional.
La justicia para los subordinados y la impunidad para el entorno presidencial
Mientras Rufino Ndong Esono Nchama permanece bajo custodia policial, Diario Rombe lleva meses publicando investigaciones sobre el funcionamiento de las redes económicas que operan alrededor de la familia presidencial. Documentos, contratos, movimientos económicos y relaciones societarias permiten reconstruir un entramado de intereses que alcanza a Teodoro Biyogo Nsue Okomo, Teodoro Nguema Obiang Mangue, Constancia Mangue Nsue Okomo, Abayak SA y Pastor Hassan Obiang Mangue, entre otros integrantes del entorno familiar.
Las investigaciones de este periódico han puesto el foco en la utilización de contratos públicos, sociedades privadas y estructuras empresariales para canalizar importantes cantidades de dinero procedente de las arcas del Estado. No se trata de simples sospechas lanzadas al aire: Diario Rombe viene examinando documentación sobre adjudicaciones, beneficiarios empresariales, relaciones societarias y obligaciones económicas asumidas con fondos públicos.
En sus investigaciones sobre la Tesorería General del Estado, este periódico ha expuesto operaciones de mantenimiento, conservación de edificios públicos y prestación de servicios cuyos importes alcanzan dimensiones extraordinarias. También ha investigado sociedades vinculadas al entorno presidencial que aparecen en operaciones financiadas con recursos públicos, así como los intereses económicos que confluyen en diferentes sectores estratégicos.
El nombre de Teodoro Biyogo Nsue Okomo ha aparecido en investigaciones relacionadas con operaciones económicas y procedimientos judiciales. Teodoro Nguema Obiang Mangue, por su parte, ocupa una posición central en el saqueo de las arcas públicas del país, mientras que las investigaciones de Diario Rombe también han examinado los intereses empresariales atribuidos a Constancia Mangue Nsue Okomo y Pastor Hassan Obiang Mangue.
Este periódico no está hablando de cantidades insignificantes. Está hablando de recursos públicos, de contratos millonarios, de sociedades beneficiarias y de una estructura de relaciones económicas que el Fiscal General del Estado, Anatolio Nzang Nguema debería abrir una investigación pública inmediata.
Sin embargo, en Guinea Ecuatorial parece existir una distribución profundamente desigual de las consecuencias del ejercicio del poder: los antiguos ministros pueden terminar detenidos por decisiones administrativas adoptadas durante el desempeño de sus funciones, mientras las grandes operaciones económicas relacionadas con el entorno presidencial siguen planteando interrogantes que las instituciones no han aclarado públicamente.
¿Quién investiga a quienes tienen capacidad para ordenar detenciones, controlar departamentos públicos y ejercer influencia sobre las decisiones económicas del Estado?
El negocio de los juegos de azar y los intereses de Teodorín
La detención del antiguo ministro adquiere una dimensión todavía más delicada por el contexto económico en el que se produce. Según la información recibida por este periódico, detrás de las actuaciones contra los antiguos responsables de las licencias del sector de los juegos de azar existiría un interés por reorganizar el mercado y despejar el camino para que un consorcio extranjero concentre su explotación. Las fuentes que han trasladado esta información apuntan a que Teodoro Nguema Obiang Mangue tendría intereses y vínculos con ese proyecto empresarial y el vicepresidente debería ofrecer explicaciones.
Si las autoridades consideran que las licencias concedidas durante la etapa de Rufino Ndong Esono Nchama fueron irregulares, deben explicar cuáles fueron las infracciones, quiénes se beneficiaron, qué perjuicio sufrió el Estado y por qué se actúa ahora. Pero también deben aclarar si existe algún interés empresarial detrás de la intervención sobre el mercado de los juegos de azar.
Porque una investigación administrativa o penal no puede convertirse en un mecanismo para eliminar competidores, favorecer a determinadas empresas o castigar a quienes ya no forman parte del círculo de confianza del poder. Tampoco puede aceptarse que un ministro ejerza las competencias que le atribuye su departamento bajo la amenaza de que, una década después, una decisión administrativa pueda utilizarse discrecionalmente para llevarlo ante la Gendarmería.
Teodoro Nguema Obiang Mangue no puede confundir el Estado con su patrimonio personal ni las instituciones públicas con instrumentos de su voluntad. Si existen responsabilidades penales, deben determinarse mediante procedimientos legales, con garantías y sin privilegios derivados del apellido o de la proximidad al poder. La detención de Rufino Ndong Esono Nchama no debería servir para desviar la atención de las preguntas que siguen pendientes sobre la gestión de los recursos públicos y los intereses económicos de la familia presidencial.
