En el municipio de Río Campo, el discurso oficial sobre soberanía alimentaria y emprendimiento agrícola no se estrella contra la falta de recursos, sino contra un sistema que protege el amiguismo y pisotea la ley. Esta es la historia de Santiago Eseka Endje, reconstruida a partir de fuentes con conocimiento directo de los hechos, que revela cómo un ciudadano que apostó por su país terminó atrapado en una decisión administrativa que bordea el ridículo.
Mientras las autoridades presumen de diversificación económica y apoyo al sector agrario, el caso de este vecino del poblado de Djengue (Río Campo) destapa una realidad mucho más cruda: la absoluta indefensión frente al abuso de poder y la presunta corrupción institucional. Lo que comenzó en 2019 como un proyecto agrícola legítimo acabó desmantelado por un aparato estatal capaz de retorcer la legalidad hasta convertirla en una herramienta al servicio de intereses particulares, según relatan fuentes cercanas al caso.
Diario Rombe ha tenido acceso a documentación oficial —incluida una resolución fechada el 10 de noviembre de 2020— y ha contrastado su contenido con testimonios de personas con amplio conocimiento del proceso. En ella, el Delegado de Gobierno de Bata, Antonio Nsue Ondo Oye, —paradójicamente bajo el lema «Por una Guinea Mejor»— firma un documento que no solo carece de rigor, sino que acumula contradicciones y culmina en una conclusión que desafía la lógica más elemental. Más que una decisión administrativa, el texto se erige como una evidencia palmaria de la degradación del Estado de derecho.
El absurdo de «La Finca con Patas»
Todo comenzó en 2019, en el poblado de Djengue. Lo que hoy es un terreno en disputa fue, en su momento, un proyecto meticulosamente planificado. En octubre de ese año, según las fuentes consultadas, el promotor de la iniciativa trajo oficialmente a dos ingenieros agrónomos de Camerún para poner en marcha una producción profesional. Los resultados eran tangibles: 300 kg de tomates, 70 kg de okro y 50 kg de pepinos semanales.
En abril de 2020, con la intención de escalar la producción, contrató a cuatro técnicos de la Escuela de Capacitación Agraria (ECA). Pero mientras la finca crecía, también lo hacía el conflicto: el ganado de un vecino, Salvador Iyanga (alias «Mansueto»), comenzó a invadir los cultivos de forma sistemática.
De acuerdo con los testimonios recabados, el afectado intentó resolver el problema por los órganos tradicionales antes de acudir a instancias superiores. Se dirigió en tres ocasiones al Jefe Tradicional y al Presidente del Consejo de Poblado, sin obtener respuesta efectiva. Incluso mantuvo un encuentro directo con Mansueto, quien, según relatan testigos, respondió con desprecio: «Yo no voy a cercar a mis ovejas, cerca tú tu finca». Tras la destrucción total de la cosecha de tomates, la única medida adoptada fue ordenar la instalación de un cerco precario —de menos de un metro— dentro de la propia finca afectada y sin consentimiento del propietario.
Cuando se solicitó una indemnización por los daños, la respuesta de las autoridades locales, siempre según las fuentes consultadas por Diario Rombe, fue tan insólita como reveladora: no habría compensación alguna porque «las ovejas estaban antes que la finca».
El surrealismo del Delegado de Gobierno de Bata
Ante la inacción local, el caso escaló hasta la Delegación de Gobierno de Bata. Lo que debía ser una corrección legal derivó en una decisión que roza lo absurdo. En la Resolución Nº 889 (10 de noviembre de 2020), el Delegado desestimó la reclamación de Santiago Eseka Endje con un argumento que, según juristas consultados por este medio, «carece de cualquier base lógica»: «El proyecto es el que encontró a las cabras».
La resolución no solo válida una interpretación insostenible, sino que además introduce recomendaciones impropias de un órgano administrativo, sugiriendo al agricultor trasladar su actividad a zonas boscosas alejadas del núcleo poblado. En la práctica, se legitima que la actividad ganadera sin control prevalezca sobre cualquier iniciativa agrícola formal.
Según esta lógica, si usted construye una casa y el perro del vecino muerde a sus hijos, la culpa es de la casa por haberse construido donde el perro solía pasear. Además, el Delegado se permitió el lujo de dar consejos técnicos: envió al agricultor a «buscar un bosque» a 100 metros del pueblo, como si la agricultura profesional debiera esconderse en la selva para no molestar al ganado errante.
La sombra de la sospecha: ¿justicia o transacción?
Más allá del absurdo jurídico, el caso se ve rodeado de acusaciones que apuntan a posibles irregularidades. Según fuentes con conocimiento directo del entorno del proceso, el fallo podría haber estado condicionado por un presunto pago de 400.000 FCFA.
De acuerdo con estas mismas fuentes, el dinero habría sido canalizado a través de un intermediario identificado como Vicente (alias «Amigo»), sobrino del demandado. Aunque no existen documentos oficiales que acrediten esta transacción —algo habitual en este tipo de prácticas—, varios testimonios coinciden en señalar que la operación fue conocida en círculos cercanos.
Estas sospechas cobrarían relevancia al observar ciertas anomalías en el procedimiento: el demandado no compareció formalmente, mientras que pruebas presentadas por la parte actora habrían sido ignoradas sin justificación clara.
Para cualquier observador externo, la duda resulta inevitable: ¿se trata de una resolución fruto de la incompetencia o de un sistema donde las decisiones se inclinan en función de intereses ocultos?
