El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, siguió la difusión de los primeros resultados de la segunda vuelta electoral desde el penal de Barbadillo, donde ingresó minutos antes de que se conociera el flash electoral para reunirse con Pedro Castillo. La visita se produjo aproximadamente diez minutos antes de la difusión de los sondeos a boca de urna que marcaron el cierre de la jornada electoral.
Con muchas facilidades, el candidato Sánchez llegó al establecimiento penitenciario de Ate para conocer los resultados junto a Castillo Terrones. Los primeros reportes difundidos por las encuestadoras mostraron un resultado a favor de la lideresa de Fuerza Popular.
Flash electoral: empate técnico
Según Ipsos, Keiko Fujimori obtuvo el 50.7% de los votos frente al 49.3% alcanzado por Sánchez. Por su parte, Datum registró un 50.53% para la candidata de Fuerza Popular y un 49.47% para el postulante de Juntos por el Perú.
Tras permanecer en el interior del penal durante la difusión de los resultados, Sánchez abandonó el recinto sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación que aguardaban en los exteriores.
Tras abandonar el penal de Barbadillo, Roberto Sánchez se dirigió a la Plaza San Martín, donde finalmente ofreció declaraciones a la prensa.
«Empate estadístico», según Sánchez
El candidato de Juntos por el Perú sostuvo que los resultados difundidos corresponden a un «empate estadístico» y señaló que la diferencia entre ambos postulantes recién podrá esclarecerse durante el conteo oficial de votos.
«Estamos ante un empate estadístico. Esto se va a demostrar con el conteo que recién empezará de manera oficial. Queremos mantener la esperanza y ahora llega el momento de la defensa del voto», declaró Sánchez ante sus simpatizantes y medios de comunicación.
INPE aclaró sobre visitas continuas de Roberto Sánchez a Pedro Castillo
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado sobre el ingreso del congresista Roberto Sánchez al establecimiento penitenciario de Barbadillo. A continuación difundimos el mencionado documento:
- El INPE actuó conforme al marco legal vigente. El artículo 33 del Reglamento del Código de Ejecución Penal permite el ingreso de congresistas de la República a establecimientos penitenciarios, previa identificación, en cualquier día y hora de la semana, en el ejercicio de sus funciones.
- El INPE no otorgó autorización especial, beneficio, privilegio ni tratamiento excepcional. Se aplicó el procedimiento regular previsto para el ingreso de un congresista, bajo las medidas de identificación, control y seguridad correspondientes. El congresista Roberto Sánchez ingresó solo al establecimiento penitenciario; no se le permitió el ingreso acompañado de una comitiva.
- La neutralidad de la administración pública exige aplicar la ley de manera objetiva. Impedir el ingreso de un congresista sin un fundamento legal expreso podría configurar una actuación arbitraria generadora de responsabilidad para los funcionarios que la adopten. El INPE no puede crear restricciones, condiciones o límites no previstos en la ley.
- El INPE no autorizó ni facilitó ningún acto proselitista dentro del establecimiento penitenciario. Su actuación se limitó a aplicar el régimen legal de ingreso correspondiente y a resguardar las reglas de seguridad penitenciaria.
- El INPE no tiene competencia para calificar la oportunidad, finalidad o eventual uso indebido de la facultad de ingreso ejercida por un congresista. Si alguna autoridad considera que el congresista Roberto Sánchez habría actuado fuera de sus funciones, dicha evaluación corresponde al Congreso de la República o a las autoridades legalmente competentes.
- Mientras la normativa vigente reconozca esta facultad, el INPE tiene el deber de aplicarla estrictamente. Cualquier revisión de sus alcances debe realizarse mediante la modificación normativa correspondiente. El INPE no puede restringir, por decisión propia, una atribución reconocida por una norma vigente a un miembro de otro poder del Estado, pues ello excedería sus competencias legales y afectaría el principio de separación de poderes.
El INPE reafirma su compromiso con la legalidad, la seguridad penitenciaria, la neutralidad institucional y el respeto a las competencias constitucionales de todos los poderes del Estado.
