La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay compareció este martes ante la comisión parlamentaria para fijar posición sobre la estructura del sistema judicial y proponer cambios profundos al Código del Proceso Penal (CPP). El presidente de la gremial, Enrique Moller, fue enfático al manifestar su oposición a la creación de un Ministerio de Justicia, argumentando que la prioridad debe ser el fortalecimiento de los recursos actuales para optimizar el funcionamiento del sistema.
«Denle más dinero al ministerio público para ver si podemos trabajar mejor», señaló Moller durante una rueda de prensa tras el encuentro legislativo. Para los abogados penalistas, la solución a las ineficiencias del sistema no pasa por una nueva estructura burocrática, sino por una dotación presupuestal adecuada que acompañe una reforma normativa. En este sentido, la asociación presentó un proyecto propio que busca ajustar los mecanismos de investigación y comunicación de cargos, con el fin de alinearlos de forma más estricta con los principios constitucionales.
Entre las modificaciones propuestas, destaca la intención de establecer plazos máximos para las investigaciones desde su inicio, evitando así dilaciones que afecten los derechos de los involucrados. Asimismo, la asociación sugiere que la formalización pase a ser un mero acto de comunicación sin que implique la formación de un prontuario de antecedentes. Según el planteo gremial, el registro formal de responsabilidad (que proponen denominar «procesamiento») solo debería ocurrir cuando existan elementos de convicción suficientes para imponer medidas cautelares severas.
Esta postura introduce un nuevo matiz en el debate sobre la gobernanza del sistema de justicia en Uruguay, enfrentando la visión de crear una cartera ministerial con la de reformar la operatividad de la Fiscalía y el Poder Judicial. Los penalistas sostienen que su modelo garantiza mayores certezas jurídicas tanto para los defensores como para los indagados, priorizando la eficiencia técnica sobre la jerarquía política, mientras el Parlamento continúa evaluando los diferentes proyectos de reforma procesal en curso.
