Documentos confidenciales, expedientes administrativos y testimonios de personas vinculadas al proyecto a los que ha tenido acceso en exclusiva Diario Rombe reconstruyen cómo JAEG Industries SA pasó de solicitar autorización para operar en Guinea Ecuatorial a reclamar 16.380 millones de francos CFA —unos 25 millones de euros— al Estado ecuatoguineano.
El origen del conflicto se encuentra en una autorización temporal concedida el 2 de enero de 2026 por el entonces ministro delegado de Hidrocarburos y Desarrollo Minero, Domingo Mba Esono Nsang, para que JAEG Industries SA pudiera iniciar durante doce meses una fase de prueba relacionada con el tratamiento de residuos líquidos procedentes del sector petrolero. Sin embargo, los documentos examinados por Diario Rombe muestran que, antes de concederse esa autorización, los servicios técnicos de inspección habían identificado deficiencias que debían ser corregidas antes de que la empresa pudiera obtener una autorización definitiva.
Entre las exigencias figuraban disponer de un laboratorio con acreditación oficial, contar con equipos adecuados para detectar contaminantes, incorporar maquinaria especializada, disponer de personal cualificado en materia medioambiental y establecer mecanismos de coordinación con empresas especializadas del sector. La cuestión central del expediente no es, por tanto, que los servicios de inspección se negaran arbitrariamente a autorizar la actividad. Los informes técnicos establecieron las condiciones que JAEG Industries debía cumplir para poder operar con las garantías exigidas. El problema se produjo después: pese a los resultados negativos de las inspecciones y a que las condiciones técnicas todavía no estaban plenamente satisfechas, Domingo Mba Esono concedió una autorización temporal de doce meses.
Esa decisión abrió una cadena de acontecimientos que terminaría provocando la revocación del permiso, el cierre del proyecto, una disputa judicial y, finalmente, una reclamación internacional de 16.380 millones de francos CFA contra Guinea Ecuatorial.
El ahora Ministro Delegado encargado de Contenido Nacional del MHME, Domingo Mba Esono concedió la autorización pese a los informes técnicos negativos. JAEG Industries SA, también conocida como JAEG SA Industries, llegó a Guinea Ecuatorial con un proyecto destinado al tratamiento de residuos procedentes de la industria petrolera. Sus instalaciones estaban situadas en Bondjoma, en la isla de Bioko. Según los expedientes administrativos consultados por Diario Rombe, los servicios competentes del Ministerio realizaron inspecciones para determinar si las instalaciones reunían las condiciones necesarias desde el punto de vista técnico y medioambiental.
Los informes no dieron luz verde definitiva al proyecto. Por el contrario, señalaron diferentes deficiencias y establecieron requisitos que debían ser atendidos por la empresa. Entre ellos se encontraba la necesidad de disponer de un laboratorio debidamente acreditado, equipos para detectar posibles contaminantes, maquinaria especializada y personal cualificado en materia medioambiental, además de mecanismos de coordinación con empresas especializadas.
La negativa de los servicios de inspección no fue una decisión personal de los técnicos que acudieron a las instalaciones. Respondía a las deficiencias detectadas durante las inspecciones y a los estándares técnicos que la empresa debía cumplir. Sin embargo, el 2 de enero de 2026, Domingo Mba Esono Nsang, entonces ministro delegado de Hidrocarburos y Desarrollo Minero, firmó una autorización temporal de doce meses para que JAEG Industries pudiera desarrollar su actividad. La autorización establecía determinadas obligaciones para la empresa, entre ellas presentar un cronograma de trabajos y someterse a controles periódicos de los servicios de inspección.
Pero, según fuentes conocedoras del expediente, la autorización temporal fue concedida pese a que los informes técnicos anteriores habían identificado incumplimientos que impedían considerar plenamente aptas las instalaciones. La cuestión adquiere especial relevancia porque, según la documentación y los testimonios consultados por Diario Rombe, la autorización habría sido concedida sin el conocimiento del ministro titular, Antonio Oburu Ondo, que posteriormente ordenaría una nueva inspección de las instalaciones.
De esta manera, el expediente revela una contradicción dentro de la propia Administración: mientras los servicios técnicos advertían de las deficiencias que debían ser subsanadas, el entonces ministro delegado permitió temporalmente el inicio de la actividad. La responsabilidad por esa decisión, según las fuentes consultadas, no corresponde a los inspectores que elaboraron los informes negativos, sino a quien decidió conceder la autorización a pesar de esos resultados. Y esa decisión terminaría teniendo consecuencias.
Oburu ordenó una nueva inspección y revocó la autorización
El escenario cambió cuando el ministro titular, Antonio Oburu Ondo, ordenó revisar nuevamente las instalaciones. La nueva inspección se realizó el 4 de febrero de 2026, apenas un mes después de la entrada en vigor de la autorización temporal concedida por Domingo Mba Esono. Los documentos entregados a Diario Rombe muestran que la nueva inspección volvió a detectar deficiencias y que las condiciones señaladas anteriormente no habían sido suficientemente subsanadas. Con esos nuevos resultados sobre la mesa, el Ministerio adoptó una decisión diferente. Mediante la Resolución número 02/2026, de 9 de febrero de 2026, Antonio Oburu Ondo dejó sin efecto y revocó la autorización temporal concedida por Domingo Mba Esono Nsang.
La decisión resulta especialmente significativa porque pone de manifiesto que si la autorización temporal concedida inicialmente no se hubiera otorgado pese a los informes técnicos negativos, el conflicto posterior podría haberse evitado o, al menos, habría tenido un origen administrativo diferente. La revocación no fue, según los documentos examinados, una decisión contra los inspectores ni una actuación arbitraria de los técnicos. Fue la consecuencia de una nueva revisión administrativa que volvió a constatar que el proyecto no había cumplido las condiciones exigidas.
La situación dejó a JAEG Industries sin la autorización que había recibido apenas unas semanas antes y abrió una disputa que posteriormente se trasladaría a los tribunales. A partir de ese momento comenzaron también los problemas económicos de la empresa, los conflictos con trabajadores y proveedores y las acusaciones cruzadas entre el empresario y diferentes personas relacionadas con el proyecto.
En una carta enviada al Gobierno ecuatoguineano el 16 de junio de 2026, a la que ha tenido acceso Diario Rombe, Gad Joseph Cohen, presidente de JAEG Industries SA, sostiene una versión radicalmente diferente de los hechos. El empresario afirma que había cumplido los requisitos administrativos y acusa a las autoridades de haber bloqueado su actividad después de haberle concedido las autorizaciones correspondientes.
Cohen también formula en ese documento acusaciones contra distintas personas vinculadas al expediente. Estas acusaciones forman parte de la versión del empresario y no han podido ser presentadas por Diario Rombe como hechos probados.
Entre ellas se encuentran señalamientos contra Ivan Lorenzo Williams Mongolue, responsable de la Unidad de Implementación y Seguimiento de Proyectos en el Gabinete del Ministro, y Jordi Miguel Quaresma Madiba, a quienes Cohen acusa de haberle exigido presuntamente la cesión gratuita del 49% de las acciones de la empresa a cambio de no bloquear sus trámites administrativos.
El empresario también acusa a un antiguo empleado, Jose Miguel Nve Ela Ndong, de haberle tendido una trampa relacionada con un teléfono satélite que posteriormente provocó su detención. Del mismo modo, Cohen sostiene que posteriormente personas vinculadas al expediente entraron en las instalaciones de la empresa y se apropiaron de material y documentación. Estas afirmaciones forman parte de su reclamación y deberán ser contrastadas con las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes.
De una autorización temporal a una reclamación de 25 millones de euros
Amparándose en su doble nacionalidad israelí y francesa, Gad Joseph Cohen interpuso el pasado 17 de junio de 2026 una demanda formal en París contra la República de Guinea Ecuatorial, exigiendo una indemnización colosal de 16.380 millones de francos CFA (25 millones de euros) por supuestos daños económicos, perjuicios financieros, daños morales y afectaciones a su reputación profesional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Tal y como documenta Diario Rombe, el dosier destapa además cómo la justicia ecuatoguienana se convirtió en una herramienta de extorsión a través de jueces como Cristino Mengue Eneme Eyang, quien bloqueó la salida de Cohen y retuvo una fianza de 3 millones de francos CFA a pesar de que la fiscalía archivó el caso, o el magistrado Pergentino Ebang Okue Avomo, quien ignoró por completo el efecto suspensivo de una apelación en la Audiencia Provincial para consumar un desalojo irregular.
En su escrito dirigido al gobierno ecuatoguineano a través de la Embajada de Guinea Ecuatorial en Francia, el empresario invoca el tratado bilateral de inversiones entre Francia y Guinea Ecuatorial y acusa al Estado de haber destruido económicamente su inversión mediante bloqueos administrativos, actuaciones judiciales y falta de protección.
El caso enfrenta ahora dos relatos completamente opuestos. Por un lado, Gad Cohen sostiene que Guinea Ecuatorial destruyó una inversión extranjera protegida por acuerdos internacionales. Por otro lado, fuentes vinculadas al expediente cuestionan la capacidad técnica del proyecto y consideran que la autorización inicial no debía haberse concedido.
Lo que comenzó como una autorización temporal de doce meses para una actividad industrial terminó transformándose en una disputa internacional que puede tener consecuencias económicas para el Estado ecuatoguineano.
