Poder Judicial dictó condena contra cuatro servidores de la municipalidad provincial.
El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención logró que se dicte sentencia condenatoria contra cuatro ex servidores públicos de la Municipalidad Provincial de La Convención y una empresaria. De hecho, el juzgado halló a los procesados responsables del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple. Esto ocurrió tras demostrarse las concertaciones ilícitas cometidas durante los meses de junio y julio del año 2015.
Pena y sanciones
La medida judicial impuso una pena de cuatro años de prisión efectiva para Fany Díaz del Mar (exjefa de la Oficina de Abastecimiento). Además, se dictaron cuatro años de pena privativa de la libertad, convertida a 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, para José Dongo (exjefe de la Oficina de Personal) y Nilton Betancurt (exjefe de la Oficina de Cotizaciones). Por su parte, Kenny Pinares (exoperador del Siaf) y la empresaria Erika Araujo (gerente de Faberis E.I.R.L.) recibieron una pena de tres años de libertad convertida a 156 jornadas de servicio comunitario. Adicionalmente, el fallo judicial estableció la inhabilitación para ejercer cargos públicos. También se impusieron penas de multa y se fijó una reparación civil solidaria de 30 mil soles a favor del Estado.
Modus operandi
De acuerdo con la investigación fiscal, los ex funcionarios municipales y la representante legal de la empresa Faberis E.I.R.L. concertaron para defraudar a la institución mediante el fraccionamiento deliberado en la compra de uniformes para el personal municipal. Se utilizó, a tal efecto, cuatro requerimientos independientes por montos menores a las 3 UIT, que sumaron un total de S/ 45,480. Así, los sentenciados evitaron llevar a cabo un proceso de selección regular y competitivo. Con ello vulneraron de forma directa los principios de transparencia, legalidad, competencia y eficiencia contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado.
Irregularidades acreditadas
Durante el juicio oral, el Ministerio Público acreditó graves irregularidades documentales y operativas en los procedimientos de contratación, tales como la sustracción y reactivación informática de órdenes de compra previamente anuladas en el sistema del área de abastecimiento. Del mismo modo, se demostró que el proveedor entregó la totalidad de las prendas en un solo bloque y antes de que se emitieran formalmente las órdenes de compra obligatorias. Esta recepción anticipada e irregular fue validada por los propios ex funcionarios para asegurar el beneficio de la empresa adjudicada. Por lo tanto, se configuró plenamente el ilícito penal.
