Si a alguien le queda duda del franco deterioro de nuestro sistema eléctrico, solo sepa que bajo las compañías LUMA Energy y Genera PR, este funciona peor que hace tres años, según las métricas que se utilizan en Estados Unidos ( SAIDI Y SAIFI) para medir la estabilidad, confiabilidad y eficiencia del servicio eléctrico de las diferentes compañías que lo suplen.
Un análisis publicado en un medio de prensa durante esta semana muestra los datos que confirman el deterioro. Durante los últimos 3 años, las interrupciones del servicio eléctrico en Puerto Rico ( apagones) aumentaron en un 30%. Durante el año 2025 nada más, los consumidores en nuestro país experimentaron un 30 por ciento más de tiempo sin servicio eléctrico que tres años atrás, lo que significó 1,580 minutos ( 26 horas) sin luz para un cliente promedio de LUMA Energy. Esto lo informa la propia compañía al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), lo que sitúa a Puerto Rico entre las jurisdicciones de Estados Unidos con peor servicio eléctrico.
Aunque grave, no es solo el servicio directo a los clientes, el único- ni siquiera el principal- problema que confrontan estas compañías y todo el engranaje que conforma el sistema energético de Puerto Rico.
Las señales del caos, la desorganización, las luchas de poder, y los conflictos entre los distintos sectores del sistema energético se han hecho transparentes para la ciudadanía. Todos saben que ya hace rato que quedaron atrás las excusas por los efectos de huracanes y terremotos. Y que el jueguito de estarse echando culpas unos a otros es solo una distracción para ocultar la desidia, la incompetencia, el desinterés y la falta de visión y compromiso de todas las partes involucradas para encaminar soluciones reales y sostenibles a la crisis energética en Puerto Rico, que se ha convertido en un obstáculo demoledor de cualquier posibilidad de desarrollo económico y social para Puerto Rico, actualmente y en el futuro.
En esta noria sin fin, cada parte arrima su sardina a la brasa, y en ese traqueteo, Puerto Rico se quedará sin sardina y sin brasa. La situación está más incierta y volátil que nunca. La demanda judicial con la que el gobierno de Jenniffer González alega pretender cancelar el contrato de LUMA Energy se ha chocado de frente con un paredón: el junte opositor de la Junta de Control Fiscal(JCF) con los bonistas buitres de la AEE y la demandada LUMA Energy, para lograr que sea en un Tribunal Federal donde se dilucide el pleito, y no en el Tribunal de Puerto Rico. Cada uno tiene su sardina lista para la brasa: Jenniffer González y demás políticos hacen cálculos electorales hacia el 2028 y por eso quieren el pleito aquí. Los bonistas buitres de Estados Unidos quieren cobrarle la deuda con intereses a la AEE y por eso prefieren litigar allá. La JCF quiere proteger a su criatura LUMA Energy y preservar a PROMESA y su influencia aquí y allá. Además, intervenir en el pleito es la excusa perfecta para extender su estadía y control en Puerto Rico, y así poder mantener facturando a su comitiva de abogados, asesores y contratistas que los hacen lucir importantes, y encima, se los paga el pueblo de Puerto Rico.
Mientras tanto, nuestra gente sigue de apagón en apagón, cada cual mal resolviendo como puede, y escuchando de las autoridades solo más de las mismas «soluciones» recicladas que no han funcionado antes, ni tampoco lo harán ahora.
Al propuesto gasoducto de San Juan a Palo Seco, que anunció GeneraPR como una «gran medida» para suplir las plantas de gas natural, le auguramos la misma férrea oposición civil y científica que la de los dos anteriores proyectos de tubería gasífera por debajo de la tierra y aguas de Puerto Rico que otros gobiernos propusieron antes: el gasoducto del Norte y el del Sur.
Ambos «gasoductos» cayeron bajo el peso de la prueba demostrada de su peligrosidad para la seguridad de la población y su efecto contaminante en suelo y aguas, y por eso fueron masivamente rechazados por nuestro pueblo. Por otro lado, la negociación para traer una barcaza gasífera de emergencia de la compañía Gothams Energy a la Bahía de San Juan, parece estar detenida y bajo revisión de la JCF.
Todo este cuadro de medias verdades, ofuscación y desinformación extrema es intencional, y provocado por intereses políticos y económicos en conflicto, que quieren confundir, oscurecer y entorpecer nuestra principal opción de salida real de la crisis energética.
Esa significaría que, como pueblo, demos un vuelco masivo hacia la energía sostenible, principalmente del sol que tenemos en abundancia, cuya tecnología es limpia, avanzada, funcional e independiente de combustibles fósiles, contaminantes e importados que Puerto Rico no posee.
Nuestro pueblo parece estar comprendiendo que ese es el camino correcto. En 2025 nada más se instalaron en Puerto Rico 46,214 sistemas solares, un promedio de 3,851 mensuales. Al 31 de diciembre de 2025, 191, 929 clientes contaban con sistemas propios de generación solar en Puerto Rico. Esto, antes de que se anunciara que la administración de Donald Trump Trump – un propulsor obsesionado con la energía contaminante del carbón, el petróleo y el gas natural- suspendió el programa de incentivos del Departamento de Energía de Estados Unidos para promover la instalación de sistemas solares entre nuestra población más vulnerable.
En dirección de la energía renovable del sol, en techos residenciales, edificios comerciales y públicos y microredes comunitarias, está nuestra esperanza de alcanzar la independencia energética, mediante la creación de un sistema eléctrico sostenible, confiable, resiliente y limpio que, con un uso responsable y buen mantenimiento, servirá para todos y todas, y nos durará para siempre.
