Consciente de que se está llevando a cabo un daño ambiental en Crucitas y que la riqueza nacional está siendo explotada por bandas criminales, la presidenta Laura Fernández pidió a los diputados avanzar de una vez por todas con el proyecto de ley que permitiría al Estado subastar el oro de Crucitas.
La solicitud se da a pocos días de una visita de campo que planea la mandataria junto con los legisladores a la zona para el próximo 19 de junio.
En ese sentido, la presidenta destacó que, debido al grave impacto ambiental que enfrenta Crucitas, oponerse al plan impulsado por el Gobierno no debería tener perdón por parte de la ciudadanía.
Las críticas estuvieron dirigidas principalmente a los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio, quienes rechazan la iniciativa oficial y promueven una propuesta alternativa basada en el aprovechamiento del oro residual y la tokenización de los activos.
“Yo estoy haciendo lo que a mí me toca. Hace dos años y medio presentamos la solución de este problema a la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley construido en consenso (…) Qué fácil también desde la comodidad del aire acondicionado señalar y señalar y señalar. Pero ¿dónde están las acciones de la Asamblea Legislativa? Que Dios los perdone, ojalá que el pueblo de Costa Rica no”, afirmó Fernández.
La mandataria también confirmó que realizará una nueva inspección en la zona para constatar el avance del deterioro ambiental y las condiciones de trabajo de los cuerpos policiales que operan en el lugar.
“Ahora vamos a hacer una visita de campo una vez más. Ya don Rodrigo Chaves había ido. Vamos a ir una vez más a valorar las condiciones del deterioro acelerado que tiene esa zona. También me interesa muchísimo ir a ver las condiciones laborales en las que están trabajando nuestros policías, porque qué fácil es decir no me importa que pasen 25 años con ese problema cuando no se está en las botas de los policías”, agregó.
Oro en manos del crimen organizado
Fernández aseguró que la falta de avances en la Asamblea Legislativa ha permitido que el oro extraído de Crucitas continúe siendo aprovechado por organizaciones criminales, mientras la zona enfrenta una creciente degradación ambiental.
Según indicó, la situación representa una contradicción para Costa Rica, país reconocido internacionalmente por sus esfuerzos en conservación ambiental.
La iniciativa del Gobierno propone un mecanismo de subasta al alza, mediante el cual se establecería un precio base por onza de oro y los interesados competirían ofreciendo montos superiores, con el objetivo de maximizar los beneficios económicos para el Estado.
De acuerdo con el Ejecutivo, la propuesta fue desarrollada con el apoyo de especialistas en geología y minería, y busca que la eventual explotación del recurso se realice de manera ordenada, controlada y acorde con las características ambientales y técnicas de la zona.
