La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que dirige Flavio Cruz, respaldó una serie de dictámenes orientados a fortalecer derechos laborales. También busca introducir cambios en el sistema judicial y mejorar el acceso de la ciudadanía a mecanismos legales.
Homologación del incentivo Cafae
Entre los acuerdos, se aprobó por mayoría —12 votos a favor y una abstención— el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 13886/2025-CR. Este dictamen propone la Ley que establece la homologación del incentivo único Cafae para los servidores administrativos de la Procuraduría General del Estado sujetos al Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
Con este dictamen, el grupo de trabajo dio luz verde a una medida que busca uniformizar el incentivo único Cafae que perciben los servidores administrativos de la Procuraduría General del Estado comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo 276.
La iniciativa fija una escala única de aplicación obligatoria y establece como eje central que ningún trabajador vea reducido el monto que actualmente recibe.
Además, la fórmula legal plantea que la homologación tome como referencia el monto más alto asignado dentro de cada nivel remunerativo. Esto se realiza con el fin de corregir desigualdades internas y asegurar criterios de equidad, razonabilidad y unidad institucional.
Exoneración de tasas judiciales en procesos no contenciosos
Asimismo, la comisión aprobó por mayoría el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 6693/2023-CR. Dicho dictamen propone la Ley que establece la exoneración del pago de tasas judiciales en los procesos no contenciosos de autorización judicial previstos en los artículos 452, 453 y 465 del Código Civil, Decreto Legislativo 295.
La comisión consideró que la medida resulta viable por su impacto focalizado y su limitado efecto presupuestal. Esto ocurre debido a que la exoneración se circunscribe a procesos no contenciosos específicos. Además, valoró que esta propuesta no exige la creación de nuevas estructuras administrativas. También señaló que se ajusta al marco jurídico vigente.
