En los pasillos de la fiscalía general de la República de Guinea Ecuatorial y en el Juzgado de Instrucción Nº1 de Malabo se habla en voz baja de una ‘perla jurídica’ que cambiará el curso de la historia jurídica del país. No se trata de una joya física, sino de un auto de procesamiento de 33 páginas fechado el 16 de febrero de 2026 que certifica la capitulación del inexistente Estado de Derecho ante el árbol genealógico de la intocable familia de Constancia Mangue Nsue Okomo. Este precedente judicial, que prioriza el linaje de la Primera Dama sobre la responsabilidad penal, se perfila como un objeto de estudio para las próximas décadas, obligando a los juristas del futuro a buscar explicaciones no en los códigos, sino quizás en un plano espiritual donde el poder dinástico altera la naturaleza misma de la prueba.
El carpetazo judicial a la implicación de Teodoro Biyogo Nsue Okomo en la trama TDT ha dejado una lección clara: en Guinea Ecuatorial, la justicia tiene un límite biológico. Mientras la sombra de Constancia Mangue Nsue Okomo y la dirección de Teodorín Nguema Obiang Mangue más conocido como Teddy cobijen el país, la ley será una red que atrapa a testaferros como Jesús Cántero Nsegue Nzang pero se vuelve invisible ante Teodoro Biyogo Nsue Okomo, hermano de la primera dama. Lo que hoy es una indignación técnica, mañana será el caso de estudio más fascinante sobre cómo un sistema judicial puede mutar en un instrumento de protección divina para una familia.
Grupo Candy: El acuerdo
Durante años, Jesús Cantero Nsegue Nzang, alias “Boney” o “Ebaco”, ha sido conocido en los círculos empresariales de Guinea Ecuatorial como representante o socio de Teodoro Biyogo Nsue Okomo, hermano de la primera dama del país. Gracias a este parentesco, Biyogo Nsue Okomo ha ocupado cargos estratégicos en el Gobierno y actualmente se desempeña como jefe de Protocolo del dictador, posición que le ha permitido influir en decisiones clave y facilitar la adjudicación de contratos públicos.
Según la Fiscalía General de la República, las investigaciones de la Gendarmería Nacional y del Juez de Instrucción nº 1 de Malabo, Victoriano Nsue Alogo, revelan que el empresario español José Luis Romero Ruiz —sobre quien pesa una orden de detención internacional—, propietario de la empresa Wayang Teknical Soluções Globais GE SL, firmó el 30 de noviembre de 2021 un acuerdo de colaboración empresarial con el Grupo Candy, empresa propiedad de Teodoro Biyogo Nsue Okomo.
Wayang Teknical Soluções Globais GE SL fue la empresa beneficiaria del contrato para desplegar una red de Televisión Digital Terrestre (TDT) en Guinea Ecuatorial, con un plazo de ejecución de tres años y un presupuesto de 22.076.577.900 francos CFA. El acuerdo se formalizó a través del representante de la compañía en Guinea Ecuatorial, Miguel Macarro Herrero —quien, de forma llamativa, no ha sido imputado ni tiene orden de detención internacional—.
El documento establece las bases de una supuesta “relación comercial”, detallando términos, responsabilidades y condiciones. Sin embargo, según las investigaciones judiciales, su verdadero objetivo era encubrir el pago de una comisión millonaria a Teodoro Biyogo Nsue Okomo a cambio de desbloquear los pagos pendientes del Gobierno.
Como contraprestación por facilitar dichos pagos a Wayang Teknical Soluções Globais GE SL, Teodoro Biyogo Nsue Okomo, a través del Grupo Candy, se comprometía a percibir el 7 % del importe total del contrato inicial —equivalente a 1.545.360.453 francos CFA— por cada gestión en la que se requirieran sus servicios.
La justicia ecuatoguineana sostiene que “Teodoro Biyogo Nsue Okomo recibió el 7 % de todos los fondos pagados a Wayang Teknical Soluções Globais GE SL”. Asimismo, señala que su testaferro, Jesús Cantero Nsegue Nzang, actuó como intermediario del acuerdo y pactó con Biyogo Nsue Okomo el reparto de dichas comisiones: un 30% para Cantero Nsegue y un 70% para Biyogo Nsue Okomo. Hasta el momento en que se dictó el auto de procesamiento, el monto percibido por este concepto ascendía a 529.829.682 francos CFA.
El testaferro condenado por las culpas del beneficiario
“Nadie puede en este país imputar a Teodoro Biyogo Nsue Okomo si no es por instrucciones de su sobrino, Teodoro Nguema Obiang Mangue”, lamentó una fuente del Juzgado de Instrucción nº 1 de Malabo bajo condición de anonimato. El hecho de que el propio auto de procesamiento mencione explícitamente a Teodoro Biyogo Nsue Okomo como beneficiario real, mientras la familia de Constancia Mangue Nsue Okomo concentra toda la presión penal sobre su testaferro, Jesús Cantero Nsegue Nzang, constituye el núcleo de esta anomalía judicial.
El juzgado deja negro sobre blanco que Jesús Cantero Nsegue Nzang actuó como testaferro de Biyogo Nsue Okomo. Jurídicamente, un testaferro no es más que una extensión de la voluntad de otro, un instrumento utilizado para ocultar la verdadera titularidad o el destino del dinero. Sin embargo, en la lógica de la justicia ecuatoguineana, el instrumento termina siendo el único acusado, mientras la mano que lo maneja parece disfrutar de una inmunidad de facto, atribuida a la protección directa de su sobrino, el vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue.
Para garantizar las “responsabilidades pecuniarias”, el tribunal ha impuesto a Jesús Cantero Nsegue una fianza astronómica de 531.839.682 francos CFA. En la práctica, se exige al “hombre de paja” una suma que, por la propia naturaleza de su papel, correspondería al beneficiario final de la operación: Teodoro Biyogo Nsue Okomo, a quien la justicia se niega a tocar. “Estamos ante un escenario en el que el Estado reconoce el robo, identifica al dueño del botín, pero decide procesar únicamente a la maleta donde se guardó el dinero”, lamentó un alto cargo del Gobierno en declaraciones a Diario Rombe.
Mientras el Estado de la República de Guinea Ecuatorial figura como el principal perjudicado, la resolución del caso deja una clara lección de realpolitik: mientras Constancia Mangue Nsue Okomo y su hijo sigan siendo los arquitectos del destino nacional, la ley seguirá aplicándose con precisión quirúrgica contra los intermediarios para proteger a la familia. Cuando el vicepresidente de la República, encargado de Defensa y Seguridad del Estado, Teodoro Nguema Obiang Mangue, decide blindar a su tío, Teodoro Biyogo Nsue Okomo, y concentrar el castigo en Jesús Cantero Nsegue —depositario de algunos de los secretos más turbios de la familia Obiang—, el mensaje que se envía es devastador, tanto para quienes no pertenecen al clan Nsue Okomo como para los mercados internacionales: en Malabo, la responsabilidad penal no depende de la legalidad, sino de la genealogía.
