La entidad a la que el Gobierno confía buena parte de su plan de vivienda ha tenido que rebajar sus exigencias para intentar embarcar a fondos y promotoras en el lanzamiento de su proyecto estelar: construir hasta 15.000 viviendas que se alquilen como media en España a 7,6 euros al mes el metro cuadrado.
La llamada Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como banco malo, ha publicado unos pliegos de licitación de la primera fase para las primeras 3.770 viviendas con concesiones al sector privado. Se trata del lanzamiento del llamado Proyecto Viena que arranca con fuerte retraso con respecto a las primeras declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la campaña de las elecciones autonómicas de 2023.
Les ofrece en 50 suelos repartidos por la mayor parte del territorio español que no paguen nada al Estado por construir y explotar viviendas en ellos durante 80 años -hasta el siglo XXII- entre otras facilidades, pero siempre que ofrezcan unos precios de alquiler topados.
La media incluida en los pliegos es de no cobrar más de los mencionados 7,6 euros al mes el metro cuadrado, pero se permite hasta 11,6 en Madrid y en torno a 9,5 en Santa Cruz de Tenerife, Tarrasa y Mahón. El tope más bajo de España se reserva a Cartagena con 5,4 euros. Los promotores que se comprometan a ofrecer topes más bajos tendrán puntuación extra para ganar la licitación.
El Estado permitirá a cambio a los adjudicatarios que actualicen estas tarifas máximas cada año con el IPC según los pliegos, y, además, se les suprime el plan inicial de Sareb que era obligarles a pagar un canon anual al Estado durante el período de explotación. Se licitan por cero euros. También el consejo de administración de la Sareb ha decidido conceder un plazo de explotación de los mencionados 80 años, por encima también de su previsión inicial. El regalo no es perpetuo, porque, al final de ese período, los terrenos ya edificados volverán al Estado con fuerte revalorización el próximo siglo, según confían en la Sareb.
La entidad que preside Javier Torres ha decidido así seguir los consejos de su asesor en la operación, la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) y las preocupaciones expresadas por fondos y promotores sondeados. Endurecer más los requisitos podía implicar un riesgo de que quedara desierta la licitación abierta desde este viernes teniendo en cuenta también las quejas del sector con la inestabilidad jurídica en la vivienda en España.
Además de todas las facilidades mencionadas, la Sareb recuerda en los pliegos que las inmobiliarias podrán transmitir el suelo cedido a fondos extranjeros, por ejemplo, a lo largo del período de concesión, siempre que éstos cumplan requisitos de solvencia supervisados por la Sareb.
Adicionalmente, se les permitirá a los adjudicatarios recibir préstamos del Instituto de Crédito Oficial, del Banco Europeo de Inversiones o incluso subvenciones con tal de que se embarquen en el proyecto de construir viviendas de alquiler asequible.
«El acceso a la vivienda es el reto de la legislatura», afirmó este viernes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en declaraciones en Valladolid, donde se desplazó a, entre otras actividades, visitar las instalaciones de la empresa Horse. Fue este ministro y no la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, el que destacó el lanzamiento del Proyecto Viena. Ésta guardó silencio sobre el importante paso dado este viernes. La Sareb está adscrita al Ministerio de Economía.
Según un comunicado de Sareb, «se abre así un plazo de tres meses para que inversores privados hagan sus ofertas para la construcción de 3.770 viviendas en régimen de alquiler asequible, sobre un total de 50 suelos en 39 municipios cedidos por Sareb por un periodo de tiempo de 80 años y sin canon para los inversores». No se excluye a ningún tipo de fondo solvente, tampoco a los que desde Sumar se denomina fondos buitre.
Se prevé que los adjudicatarios inviertan 460 millones en esta primera fase. El objetivo es llegar más adelante a superar las 10.000 viviendas e incluso 15.000, según Sareb. Todos estos terrenos proceden de préstamos fallidos de las cajas de ahorros durante la anterior crisis financiera que el banco malo ha tenido que asumir y no ha podido colocar a buen precio. El agujero de Sareb supera aún los 29.000 millones de euros e intenta con el Proyecto Viena una nueva fórmula de desinvertir sin que suponga una pérdida total para el Estado.
En cuanto al calendario «se prevé que la construcción de las viviendas se inicie en la segunda mitad del 2025». Y pueden tardar para la finalización dos años más, lo que da idea de la imposibilidad de medidas a corto plazo para atajar el problema de la vivienda.
De momento, «los suelos de la primera fase están situados en 23 provincias de 12 comunidades autónomas». ¿Dónde? «En la primera licitación del proyecto se ofertan a los inversores siete lotes de suelos cuya distribución geográfica responde a las regiones en las que Sareb cuenta con una mayor cartera».
La entidad ofrece este detalle: Cataluña (12 suelos, 668 viviendas), Baleares (2 suelos, 58 viviendas), Andalucía (7 suelos, 589 viviendas), Murcia (3 suelos, 181 viviendas), Valencia (10 suelos, 1.065 viviendas), Aragón (1 suelo, 39 viviendas), Castilla y León (2 suelos, 131 viviendas), Castilla-La Mancha (1 suelo, 124 viviendas), Madrid (3 suelos, 177 viviendas), Galicia (4 suelos, 301 viviendas), Asturias (1 suelo, 101 viviendas) y Canarias (4 suelos, 337 viviendas).
En paralelo a este intento de rentabilizar lo suelos, la Sareb se encuentra bajo presión creciente para que ceda gratuitamente las viviendas que aún posee y no logra revender y que rondan las 40.000. El ministro Cuerpo ha mostrado apertura a cederlas gratis, lo que sitúa a la Generalitat de Cataluña que preside el socialista Salvador Illa como principal beneficiaria al ser donde más inmuebles mantiene Sareb.