Por Leonel Herrera*
Al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, no le importa la petición de la Iglesia Católica de derogar la nefasta Ley General de Minería Metálica.
Consultado por Diario Co Latino, el jefe de los sirvientes legislativos de Casa Presidencial dijo la semana pasada que las firmas presentadas hace un año por la Iglesia Católica pidiendo derogar la nueva normativa minera “están ahí”, que ellos “no han abordado el tema” y la que Iglesia “tiene derecho a tener una postura contraria a la minería”.
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Éste es el desprecio del oficialismo por una demanda legítima de la Iglesia Católica y de la mayoría de la población que rechaza la explotación minera. Alrededor del 60% de la población, en todas las encuestas, se opone a la reactivación de la minería metálica. Esta postura también es compartida por las principales universidades y las organizaciones ambientalistas.
El bukelismo, que suele ampararse en el respaldo popular para mantener medidas como el régimen de excepción, no atiende el rechazo popular a la minería y se niega a restablecer la prohibición de esta nociva industria extractiva.
El Salvador contaba con una ley prohibitiva que fue resultado de una amplio consenso nacional antiminero; pero en diciembre de 2024 el oficialismo la derogó y aprobó una ley permisiva sin ningún estudio técnico, sin debate parlamentario y de espaldas a la ciudadanía.
En marzo de 2025, el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, acompañado de organizaciones y comunidades católicas, presentó a la Asamblea la petición de derogar la ley de minería. La solicitud fue respaldada con 150,000 firmas recogidas por la Iglesia.
El bukelato no sólo no atiende la demanda de derogar la ley de minería, sino que -en enero de este año- firmó un “Acuerdo de Comercio Recíproco” con Estados Unidos que facilita la venida de empresas mineras gringas. Dicho convenio comercial también plantea la instalación de plantas nucleares y el depósito de desechos radioactivos estadounidenses en suelo salvadoreño.
Antes de ser presidente, Nayib Bukele rechazaba la minería; y en su “Plan Cuscatlán” incluyó, entre las medidas de protección ambiental, la aplicación plena de leyes como la de prohibición de la minería. Sin embargo, ya en el poder, inició el desmantelamiento de la prohibición que culminó en la aprobación de la actual ley minera.
Este proceso de reversión de la prohibición de la minería incluyó la criminalización y persecución judicial de ambientalistas que advertían sobre la reactivación de proyectos extractivistas. La Fiscalía bukelista y tribunales a su servicio procesaron a cinco líderes comunitarios de Cabañas a quienes acusaron de un supuesto delito de la guerra, sin más “prueba” que el relato contradictorio de un sospechoso testigo de referencia escondido bajo régimen de protección.
Los activistas antimineros han sido absueltos en dos ocasiones. Actualmente está en manos de la Cámara Penal de San Vicente la ratificación de la absolución penal y la eliminación de la responsabilidad civil solicitada por los ambientalistas.
Volviendo al desprecio oficialista por la petición de derogar la ley permisiva de la minería, es necesaria una demanda más activa de la Iglesia Católica y que el rechazo ciudadano se haga sentir más allá de las encuestas. Porque está en grave riesgo el agua, los ecosistemas, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones.
*Periodista y activista ambiental.
