El pasado 25 de febrero, la Junta de Control Fiscal ( JCF)- el supra gobierno impuesto sobre Puerto Rico por el Congreso de Estados Unidos y la Ley PROMESA- dio a conocer los hallazgos del Estudio de Personal de Salud de Puerto Rico, comisionado por el ente fiscal a la firma FTI Consulting Inc. En el mismo se explora cómo ha ido creciendo la brecha en Puerto Rico entre la demanda y la oferta por personal de salud. Segun el estudio, Puerto Rico tiene un déficit actual de 1,200 médicos especialistas,lo que representa un impacto enorme en el tiempo de espera y la disponibilifad de espacios para citas con ciertos especialistas en Puerto Rico.
El proceso de recopilar la información y datos para el estudio, escoger la muestra, hacer las entrevistas, verificar los hallazgos, preparar el informe y hacerlo público tomó más o menos nueve meses (en mayo de 2024 salieron las cartas de la JCF informando a las aseguradoras de salud del estudio y solicitándoles información). El costo del estudio fue de cerca de $725,000 que, por supuesto, pagó el pueblo de Puerto Rico. Una exorbitante inversión de tiempo y dinero, cuya principal conclusión forma parte de la realidad que nuestro pueblo vive todos los días: que actualmente tenemos un déficit creciente e insostenible de médicos, otro personal de salud especializado, y de facilidades de salud, que está afectando gravemente el acceso de las personas a los servicios, particularmente los adultos mayores con condiciones crónicas y otras poblaciones vulnerables, y principalmente en las áreas rurales y más remotas del pais.
Francamente, para eso no había que hacer un gran estudio. Con simplemente ir al consultorio de algún médico especialista y ver la dinámica allí, y hablar con los pacientes en la sala de espera, o con las enfermeras que auxilian al médico o con el médico mismo; o tener que ir a la sala de emergencia de un hospital, basta para entender que los indicadores de salud de nuestro pueblo irán en picada acelerada si el sistema sigue como está, decreciendo y dejando gente afuera, y a merced del poder decisional de las compañías aseguradoras de salud y de beneficios de farmacia. En este estudio, para el cual supuestamente se completaron cientos de cuestionarios y entrevistas en diversos sectores de la salud, por ningún lado se explora ni se aborda el peso de los planes médicos y los PBM de farmacia en el embudo que confronta la población para acceder a los servicios de salud de un sistema privatizado y cada vez más complejo, desarticulado, sobrecargado, ineficiente y costoso.
También debemos cuestionar ¿a qué viene este estudio ahora si la JCF trajo a Puerto Rico desde su llegada la visión de la salud pública como un privilegio y no como un servicio esencial que debe proveer el Estado? Desde su arranque, la JCF estableció como meta del plan fiscal del Gobierno de Puerto Rico la reducción en los gastos de salud, área para la que se propuso un ajuste de $ 1mil millones ( un billón de dólares). Claro, nadie explicó que para lograr esa reducción habría que constreñir las visitas a las salas de emergencia, disminuir los días de estadía de los enfermos en los hospitales, aumentar los copagos y deducibles que pagan los pacientes, reducir la cubierta de servicios, restringir la cubierta de farmacia para incluir solo medicamentos genéricos, limitar las pruebas y tratamientos y reforzar las medidas para evitar el fraude y abuso, entre otras.
El resultado de implantar esa «receta» sería que la vara de la salud del pueblo comenzaría a ser cada vez más corta, mientras las aseguradoras de salud en Puerto Rico tendrían grandes ganancias y pagarían a sus matrices cientos de millones de dólares en dividendos.
Esa visión, que es la típica receta neoliberal de privilegiar lo privado y las reglas del «mercado» por sobre los derechos de la gente y la cantidad y calidad de los servicios públicos, es la que ha prevalecido en Puerto Rico desde que se privatizó nuestro entonces excelente y efectivo sistema de salud pública por la administración de Pedro Rosselló y el PNP, y se entregaron y vendieron a mercaderes privados nuestros hospitales y facilidades de salud.
Aquellas lluvias trajeron estos lodos y este nuevo «estudio» de la JCF y FTI Consulting Inc.es solo un subterfugio para seguir empujando la privatización de toda la infraestructura de servicios públicos en Puerto Rico. No es casualidad que otra división de esa misma FTI Consulting haya sido la que intervino con la Autoridad de las Alianzas Público Privadas para que GeneraPR obtuviera su primer contrato con el Gobierno de Puerto Rico para administrar las plantas generatrices de energía eléctrica. Quien representa esa firma en nuestro país es una conocida activista, cabildera y empleada de políticos asociados al Partido Republicano de Estados Unidos y al PNP que lleva años pululando por ahí entre contratos para » estudios» de encargo como este de la JCF.
La gran tragedia nuestra es que Puerto Rico produce todos los años, una gran camada de los mejores médicos y profesionales de la salud de todo el hemisferio americano, y estos no reciben la paga ni el apoyo ni las condiciones mínimas que necesitan para poder quedarse a practicar la medicina y mejorar la salud pública en nuestro país. Sabemos, porque también existen estudios que lo confirman, que la gran mayoría preferiría quedarse en Puerto Rico. Entonces, ¿ cómo salir del embudo colonial que impide a Puerto Rico desarrollarse plenamente y superar esta dependencia asfixiante, y de todos estos mercaderes que se lucran de los desastres y las crisis de nuestro pueblo? Ese es el reto y la respuesta contundente que debemos darle como pueblo a la JCF, que sigue malgastando nuestros recursos en abogados, consultores, contratistas y demás sanguijuelas que nos menosprecian.
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