Era uno de los Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF) más convulsos. Hacienda llegaba a la reunión con la golosina sobre la mesa: 83.000 millones de condonación de deuda para todas las comunidades autónomas del Régimen Común, previo pacto con ERC. Todos los consejeros del PP iban a votar en contra de la quita, pero la medida iba a salir adelante adelante porque Hacienda solo necesitaba un apoyo más, y lo tenía garantizado. Sin embargo, cuando la reunión llevaba apenas una hora y se discutía el punto 5 de la agenda, sobre el impuesto a la banca, el Partido Popular decidió poner su particular “punto y final” al encuentro, con el abandono de todos sus representantes.
Sentados en torno a Montero, el consejero gallego de Hacienda, Miguel Corgos, tomó la palabra, mostró su rechazo al orden del día y anunció que todos los consejeros del PP abandonaban conjuntamente la sala. Los 14 cargos populares (de Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla) salieron en tromba. Los consejeros populares se han agrupado en las escaleras del ministerio y desde allí han hecho públicas sus críticas ante los medios de comunicación.
“Nos hemos retirado cuando se han empezado a tratar temas que son impropios de este Consejo… como es la norma que grava los rendimientos bancarios y la cesión parcial de la recaudación a las comunidades autónomas o la asunción de deuda por parte de la Administración General del Estado”, arrancó el consejero gallego como altavoz del grupo, y explicó que ni siquiera habían entrado aún a debatir sobre la condonación de la deuda, que rechazan. “La condonación se ha acordado en otro foro, las condiciones no las ha fijado la ministra de Hacienda, las ha fijado Esquerra. Rechazamos de plano un modelo negociado bilateralmente entre el Gobierno y Esquerra”, continuó. Los 14 consejeros habían acordado el gesto de protesta unas horas antes. El lunes todos se reunieron con la dirección nacional del PP en la sede de Génova.
Tras el plante, la vicepresidenta y ministra de Hacienda ha proseguido la reunión con los representantes de las tres comunidades gobernadas por el PSOE y, como observadores, los representantes de Navarra y País Vasco, autonomías a las que no afecta la quita porque no forman parte del Régimen Común.
Terminada la reunión, Montero ha tachado de “deslealtad inédita” el plantón de las comunidades en la rueda de prensa posterior al encuentro, en el que ha dicho que la decisión de los consejeros populares se debe más bien a que no querían quedar retratados rechazando una condonación que ha definido como “trascendente, generosa y valiente para las finanzas de las comunidades autónomas”, y que ha salido adelante aunque los consejeros populares hayan abandonado la mesa, pues solo se necesitaba del voto a favor de una comunidad. “Han preferido no votar en contra de algo que no pueden defender en su territorio”, ha zanjado.
La vicepresidenta primera ha insistido en que se trata de una “se trata de una dejación de funciones en toda regla” que nunca antes se había producido. “Más allá de cualquier otro relato es que evidentemente los políticos tienen que representar a aquellos que los han votado”, ha remarcado, añadiendo que lo ocurrido este miércoles refleja la “actitud irresponsable” del PP. “Cada vez nos sorprende menos (…). Feijóo lleva años pidiendo reforma sistema de financiación, pero luego rechaza la propuesta del presidente Sánchez de abordar la cuestión”.
El orden del día del CPFF incluía seis puntos, con la condonación de la deuda como protagonista y último asunto a tratar, sin hacer mención a la reforma del sistema de financiación, que lleva 10 años caducado y que los barones autonómicos exigen reformar de una vez por todas. Al recibir el programa de la reunión la semana pasada, los barones ya se levantaron en tropel, pidiendo incorporar el debate sobre la renovación del modelo, pues consideran que la quita supone un parche si no se cambia el sistema. Su cabreo aumentó más el pasado lunes, cuando Montero presentó la propuesta de quita para el conjunto de comunidades en una rueda de prensa en el Ministerio antes de debatirlo con los territorios. El líder del ERC, Oriol Junqueras, había anunciado con antelación el importe de quita que se le reconocía a Cataluña: 17.104 millones de euros sobre un total para el conjunto de territorios de más de 83.000 millones.
Tras el consejero gallego tomó la palabra su homóloga de la Comunidad de Madrid, uno de los territorios más beligerantes con Pedro Sánchez y con la quita. “Las 14 autonomías estamos diciendo que tiene que haber un nuevo modelo de financiación económica, especialmente aquellas que tienen problemas de financiación”, exclamó Rocío Albert, que justificó su presencia en el Consejo pese a las críticas por “lealtad institucional”. La tercera en tomar la palabra en primera fila junto a los consejeros gallego y madrileña fue Carolina España, la portavoz de la Junta de Andalucía, la comunidad más beneficiada por la medida: “Las deudas hay que pagarlas, no perdonarlas, porque las deudas no desaparecen”.
El departamento de Montero ha calculado la condonación en función de distintos criterios. El importe de partida ha sido la diferencia entre el endeudamiento acumulado por las comunidades entre 2009 a 2013 (unos 109.000 millones), los años más duros de la crisis financiera, y el de la pandemia y la espiral inflacionaria, de 2019 a 2022 (cerca de 29.000 millones). El 75% de esa cifra ha sido repartido entre los territorios según el criterio de población ajustada, es decir el número de habitantes ponderado por factores geográficos y demográficos.
Tras efectuar esa primera distribución, Hacienda ha aplicado unos ajustes: ha elevado los importes para las autonomías con las deudas más elevadas, que de no aplicar la corrección se hubiesen quedado con un porcentaje de quita inferior a la media, y ha añadido una inyección adicional de dinero para compensar la infrafinanciación de algunos territorios -una ecuación en la que, sin embargo, no entra la Comunidad Valenciana, una de las regiones más castigadas por el sistema de financiación– y para premiar a las autonomías que en los últimos años han ejercido su competencia normativa al alza en el IRPF.
La instantánea final es una propuesta de condonación por 83.252, con Andalucía como la mayor beneficiada en términos absolutos (18.791 millones), seguida por Cataluña (17.104), Comunidad Valenciana 11.210 y Madrid (8.644).
