Tras varias semanas de pelea, primero soterrada y luego en la arena pública, el Gobierno ha acordado cómo aprobar la reducción de jornada, según el Ministerio de Trabajo. El departamento de Yolanda Díaz y el de Economía han llegado a un entendimiento este lunes en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), el paso previo a que un tema de índole económica pase por el Consejo de Ministros. Como reclamaba la vicepresidenta segunda, la reducción de jornada se tramitará por la vía de urgencia, con el objetivo de cumplir los plazos que marca el pacto de Gobierno: ya fallaron con el prometido paso intermedio de 38,5 horas en 2024 y el ministerio de Díaz no quiere repetir con las 37,5 en 2025. Economía, que apostaba por el trámite ordinario, acepta este planteamiento y que la medida se discuta en el Consejo de Ministros de la semana que viene, sin cambios respecto al texto pactado con los sindicatos. A partir de aquí todo queda en manos de una endiablada negociación parlamentaria, vista la precaria mayoría del Gobierno. Economía aún no confirman el acuerdo.
“La CDGAE acaba de dar luz verde a la reducción de la jornada laboral”, indican desde el Ministerio de Trabajo. Celebran que la contracción “se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo martes por vía de urgencia y respetando el texto del diálogo social, tal y como había planteado desde un primer momento la vicepresidenta segunda”. En la misma línea, desde Trabajo consideran que “Sumar logra que se dé cumplimiento al acuerdo de Gobierno firmado con el PSOE”. “La reducción de la jornada laboral es una de las principales medidas que peleó Sumar para incluir en el programa de Gobierno con el compromiso de que estuviera aprobada en este año 2025″, añade Trabajo.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó este lunes por la mañana en un acto de Cepyme en la Bolsa de Madrid que el recorte se tratará en el Consejo de Ministros del 4 de febrero “si todo va según lo previsto”. Entonces no quiso pronunciarse sobre la urgencia de la medida, incógnita despejada durante la tarde.
La vicepresidenta segunda, que también intervino ante la prensa este lunes por la mañana, reivindicó la trascendencia de la medida: “Es importante para darle alma al Gobierno de España, decirle a los españoles que gobernar es transformar la vida de la gente”. “No queremos un país de trabajadores de primera y de segunda. En la Función Pública y en muchos sectores ya se tiene esta jornada. Es una propuesta que afecta directamente a los sectores más precarizados y liderados por las mujeres fundamentalmente”, abundó Díaz, informa Paula Chouza.
También se ha discutido en la CDGAE si las medidas de apoyo a las pequeñas empresas, que decayeron del texto acordado con los sindicatos por el rechazo de las patronales CEOE y Cepyme, se recuperan ya o durante el trámite parlamentario. Trabajo defendía la segunda opción, que no se toque “ni una coma” del entendimiento con las centrales en el gabinete, dejando posibles cambios para la discusión con los grupos parlamentarios. Según explica Trabajo, el texto que irá a la reunión del gabinete es el acordado con los representantes de los trabajadores.
En este cálculo cobra importancia la dificultad para sacar adelante la medida, ante la mayoría parlamentaria de los partidos de derechas y las dificultades legislativas del Ejecutivo, tan evidenciada en la última semana tras el fracaso de la revalorización de las pensiones y de las ayudas al transporte. Los sindicatos venían exigiendo que el Consejo de Ministros aprobase la reducción de jornada en los términos acordado con Trabajo, pero en todo momento se han mostrado dispuestos a aceptar que haya aportaciones de los partidos políticos durante el trámite parlamentario.
Mejor registro horario y más multas
Ese texto establece, más allá del cambio del artículo del Estatuto de los Trabajadores que ahora sitúa la jornada laboral ordinaria en 40 horas, otras medidas de calado. Por ejemplo, cómo aplica a los empleados a tiempo parcial: tendrán derecho a seguir realizando las mismas horas que tuvieran antes del nuevo máximo de jornada legal, de manera que les aplicaría un incremento proporcional de su salario. También podrán elegir una contracción proporcional y seguir cobrando lo mismo.
Asimismo, el pacto establece un registro horario más estricto, que deberá realizarse mediante medios digitales y no como ahora, ya que se permite hacerlo con papel y lápiz. Pero, quizá, el planteamiento más revolucionario al respeto es que el texto propone un sistema interoperable al que pueda acceder la Inspección de Trabajo, al estilo de la Seguridad Social. En la misma línea, el texto de sindicatos y Gobierno endurece las infracciones en materia de tiempo de trabajo: pasan a tener carácter grave, con multas de hasta 10.000 euros, la transgresión los límites legales o pactados en jornada, trabajo nocturno u horas extraordinarias, entre otras variables. Con todo, lo que más encarece estas sanciones es que se plantean por cada trabajador con el que se incumple, en vez de por empresa, como hasta ahora.
El pacto de Trabajo, UGT y CC OO también aspira a garantizar la desconexión digital, mediante “la ausencia de toda solicitud de realizar una prestación laboral y la ausencia de comunicación de la empresa o persona en quien delegue, así como de terceros con relación comercial con la empresa, con la persona trabajadora por cualquier dispositivo, herramienta o medios digitales, así como el derecho a no estar localizable fuera de su horario de trabajo”.
