El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, ha rechazado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declare como testigo en esta causa en la que se investiga una presunta trama que se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia y que salpica al exministro socialista José Luis Ábalos. Moreno también ha descartado que preste testimonio Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno entonces y actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones. La petición para que ambos altos cargos declarasen partió del grupo ultracatólico Hazte Oír, que ejerce una de las acusaciones populares, que pretendía que Sánchez y Calviño fueran interrogados sobre las circunstancias del rescate público de la compañía aérea Air Europa con una inyección de 475 millones de euros en 2020. El magistrado, en línea con lo defendido por la Fiscalía Anticorrupción, concluye que esa cuestión queda fuera del objeto de la actual investigación y, por tanto, no procede. La resolución puede ser recurrida.
En su auto, Moreno precisa que el objeto de las pesquisas son las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas por parte de varias administraciones públicas en el peor momento de la pandemia y recalca que, por tanto, “no se investigan las posibles irregularidades que hubieran podido existir en las ayudas concedidas por la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales] para el rescate de Air Europa”. En este sentido, el instructor argumenta que tomar declaración a Sánchez y Calviño “nada nuevo van a aportar” y recalca que, para determinar si hubo ilegalidades en los contratos públicos para el suministro de material sanitario adjudicados a Soluciones de Gestión, la empresa en el epicentro del presunto fraude, las pruebas se encontrarán “a la luz de la información que vaya obteniendo la unidad policial investigadora, según se vaya avanzando en el examen del contenido de la distinta documentación y evidencias digitales obtenidas” y no con dichas declaración.
El juez rechaza también que vuelva a testificar Javier Hidalgo, ex consejero delegado de la compañía aérea, como pedía Hazte Oír, que pretendía interrogarle para saber si en su aerolínea viajaban algunas de las personas investigadas en esta causa. Hidalgo ya compareció ante el juez el 12 de septiembre a después de que la Audiencia Nacional ordenara al magistrado que lo citara cono testigo . Entonces, Hidalgo negó que ni él ni la compañía de la que entonces era consejero delegado hubieran pagado comisiones a miembros de la red para hacerse con los contratos para el transporte a España de las mascarillas adquiridas en los contratos bajo sospechas. El empresario también desligó los pagos que hizo a una sociedad del empresario Víctor de Aldama, pieza clave en la trama, de la compra del material sanitario y los justifico en que tenía con él un contrato para la prestación de diferentes servicios de asesoría por el que le pagaba mensualmente 10.000 euros.
En su resolución, el juez también descarta la pertinencia de tomar declaración del exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos ―quien fue cesado por “motivos personales” el pasado septiembre― al entender que carece de interés para la investigación. La petición de la acusación se sustentaba en que el último informe de la Guardia Civil recogía una conversación telefónica entre Koldo García, exasesor de Ábalos, y el comandante del instituto armado Rubén Villalba, también imputado en el caso, en la que el primero aseguraba saber que le estaba investigando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que esa información supuestamente se la había sido proporcionada por Marcos cuando aún estaba al frente del instituto armado.
No obstante, el magistrado señala en su resolución que su decisión de rechazar todos estos testimonios ahora lo hace “sin perjuicio de lo que pudiera acordarse, en su caso, si se estimara pertinente en un momento posterior, la práctica de alguna de ellas como consecuencia del avance, desarrollo y resultado de la investigación”. Moreno ha negado también la petición de la acusación de pedir a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional toda la documentación que tuviera sobre investigaciones pasadas o presentes que hubiera iniciado sobre el empresario Aldama, Koldo García o Ábalos.