“Aquí hay hablantes que tienen hijos que no hablan nada y no entienden nada. Esa transmisión generacional de la lengua se ha perdido bastante”, cuenta el profesor y filósofo Omar Contreras sobre el resguardo cofán Santa Rosa del Guamuez, en Putumayo, donde viven 151 familias (poco más de 500 personas).
Contreras, quien lidera una iniciativa de revitalización de la lengua cofán entre niños y jóvenes de ese pueblo y ha compartido con sus autoridades tradicionales por más de 20 años, señala que allí los menores de 18 años ya no hablan su lengua nativa, solo español. “Hay muchos muchachos que son colonizados, se podría decir que ya no les gusta el idioma. Ellos creen que son blancos”, resume una adolescente de dicho proyecto.
En un país de alrededor de 50 millones de habitantes, apenas un 4 por ciento de la población usa 65 lenguas para comunicarse. Esta proporción demuestra al menos dos cosas. Primero, de nuevo la gran diversidad cultural que tiene Colombia y, en la otra cara, el ínfimo número de personas que custodian uno de los tesoros nacionales más valiosos: las lenguas aborígenes.
Si bien algunas de ellas preservan un nivel significativo de hablantes, estudios, investigadores y expertos en esta materia consultados por EL TIEMPO coinciden en que todas están en riesgo. Lo anterior, por razones como la marcada influencia del mundo occidental en los pueblos originarios, el impacto del conflicto armado y el desplazamiento de las comunidades indígenas de sus territorios, entre otros factores que hacen que la transmisión generacional de su idioma sea cada vez menos efectiva.
Dicha situación se refleja en todo el mundo, donde según información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), también recopilada por el Banco Mundial, los pueblos indígenas representan menos del 6 por ciento de la población global, mientras que hablan más de 4.000 de aproximadamente 7.000 idiomas existentes. También, la ONU advierte que –según estimaciones– más de la mitad de estos desaparecerían para el 2100 y que, en lo que respecta a lenguas indígenas, una de ellas muere cada dos semanas.
“Según otros cálculos, hasta el 95 por ciento de las lenguas que hay en el mundo podrían haberse extinguido o verse gravemente amenazadas a finales de este siglo. La mayoría de las lenguas amenazadas son lenguas indígenas”, reza un documento del Departamento de Información Pública del organismo internacional.
El mismo agrega que, más allá de cumplir un rol comunicativo, los dialectos indígenas son sistemas de conocimiento y son clave para la identidad y la conservación de la cultura y las ideas de los pueblos. “Cuando las lenguas indígenas están amenazadas, los pueblos indígenas también lo están”, enfatiza Naciones Unidas.
En el panorama latinoamericano, datos del Banco Mundial indican que en la región hay unos 42 millones de indígenas repartidos en 800 poblaciones, en las que se hablan 560 lenguas. “En el caso de América Latina y el Caribe, uno de cada cinco pueblos indígenas ya ha perdido su idioma nativo: en 44 de esos pueblos ahora hablan español y en 55 lo hacen en portugués”, advertían en 2019. En ese contexto, Colombia es el tercer país de la región con más lenguas indígenas, al contar con 65, y solo es superado por Brasil (186) y México (67). Le siguen Perú (47) y Venezuela (37), que ocupan el cuarto y el quinto lugar, respectivamente.
De acuerdo con datos del último censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), recogidos en el Plan Decenal de Lenguas Nativas de Colombia 2022-2032 –creado en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas fijado por la Unesco para preservar estos idiomas en el mundo–, en el país hay 115 pueblos indígenas que suman 1’905.617 personas. Esto corresponde aproximadamente al 4 por ciento de los 52,2 millones de habitantes que hay en el territorio nacional. Según dicho censo del 2018, el 79 por ciento de esta población habita en los centros poblados y áreas rurales dispersas, mientras que las cabeceras municipales albergan un 21 por ciento que ha migrado.
Del total de estos pueblos, la Amazonia tiene más de la mitad (64). Y es en esa zona, precisamente, donde están los idiomas más amenazados, como el carijona, el cocama, el miraña, el nonuya y el ocaina, entre otros, según indica la antropóloga Camila Rocha. Para la experta en etnolingüística y etnografía con pueblos indígenas, esto se debe “a los masivos desplazamientos de las comunidades hacia las urbes y su obligada introducción a la sociedad occidental, y por ende al español, sobre todo porque los niños y jóvenes dejan de hablar y aprender sus lenguas”.
Es importante anotar que, de los 65 dialectos mencionados, ocho se clasifican como aislados y el resto se agrupa en 13 familias lingüísticas: chibcha, arawak, caribe, quechua, tupí, barbacoa, chocó, guahibo, sáliba-piaroa, macú-puinave, tucano, witoto y bora.
¿Pero cuáles son los más amenazados? Lo primero que hay que decir es que, según se lo explicó el Ministerio de Cultura a EL TIEMPO, expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) precisaron nueve factores para evaluar el estado de vitalidad de las lenguas. Estos son: transmisión intergeneracional, número absoluto de hablantes, proporción de hablantes en cada población, cambios en los ámbitos de utilización de la lengua, respuesta a los nuevos ámbitos y medios, disponibilidad de materiales para el aprendizaje y la enseñanza, actitudes y políticas de gobiernos e instituciones hacia las lenguas, actitudes de los miembros de la comunidad hacia su dialecto y tipo y calidad de la documentación.
“Seis miden el estado de vitalidad de las lenguas”, puntualizan desde la Dirección de Poblaciones de la cartera. Aquí, la cantidad de niños que las hablan o las están aprendiendo son factor clave. Así las cosas, hay una escala de vitalidad con seis grados de peligro, desde cero (el peor panorama) hasta cinco (el más optimista).
La foto no es alentadora. El ministerio indica que en Colombia no hay ninguna lengua que no corra peligro. Luego, existen cuatro que están “estables, pero en peligro”, siete en la categoría de vulnerables, 25 “claramente en peligro”, nueve “seriamente en peligro” y 11 “en situación crítica”. Estas últimas son: carijona, cocama, nonuya, ocaina, pisamira, sáliba, taiwano, tinigua, ñengatú (o yeral), yaruro y yuhup. De las otras nueve, explican que hay estudios que deben ser completados.
Jon Landaburu, uno de los expertos en lenguas indígenas colombianas más reconocidos, gran conocedor del pueblo Andoque, fundador del desaparecido Centro Colombiano de Estudios en Lenguas Aborígenes (Ccela) de la Universidad de Los Andes y quien lideró la traducción de la Constitución a siete de estos dialectos, llama especial atención sobre cinco de los que dice que “prácticamente no tienen futuro”. Se trata del tinigua –considerado extinto por registrar un hablante–, el nonuya, el carijona, el totoró (namtrik) y el pisamira.
El lingüista e investigador señala, además, que alrededor de 20 están en una situación precaria, sobre las que la transmisión generacional no se está haciendo bien. “Estas, realmente, si no pasa algo en este momento, creo que en 40 o 50 años ya no existirán”, sostiene.
En contraste, indica que solo tres lenguas tienen más de 100.000 hablantes: el wayuunaiki, el nasa y el embera. Sobre estos idiomas robustos, el profesor Juan Manuel Espinosa, subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo, aclara que siguen considerándose en peligro “porque no están presentes en todos los niveles de la vida –familiar, ceremonial, educativo y otros–, sobre todo en el relacionamiento con el Estado”.
La transmisión generacional de la lengua es clave para que sobrevivan. En la foto, jóvenes emberá. Foto:Alejandro Martínez. AFP
¿Qué hacer?
Expertos como Landaburu sostienen que, pese a la amenaza, no hay que tener una visión catastrófica frente al futuro de las lenguas indígenas, pues recalca que los pueblos han encontrado la manera de preservarlas a lo largo de la historia. No obstante, este panorama sí pone el reflector sobre la necesidad de buscar maneras para preservar este patrimonio lingüístico, más allá de los esfuerzos de cada comunidad.
El Plan Decenal hace un llamado en ese sentido y asevera que estas situaciones “deberían alertarnos para actuar en consecuencia con su protección y salvaguarda, pues presentan alta vulnerabilidad frente a factores y situaciones diversas, tales como la educación convencional, la discriminación por parte de la ‘sociedad mayor’, el olvido y no uso de la lengua por las nuevas generaciones, el poco interés por parte de los adultos en transmitir la lengua materna, la migración de población indígena a las urbes” y otros detonantes.
A propósito, Diana Quigua, quien hasta diciembre fue la directora de Poblaciones del Ministerio de Cultura, hace énfasis en que el Plan –compuesto por 45 programas– tiene tres propósitos claves: preservar las lenguas en alto riesgo de desaparecer; fortalecerlas, protegerlas y difundirlas, y ayudar a revitalizar las durmientes (aquellas que se quieren recuperar). Además, que el propósito central de la actual administración es avanzar en el cumplimiento de esos fines. Para ello, Quigua revela que el gobierno Petro destinó 6.411’500.000 pesos en el 2024 para las lenguas nativas: indígenas, criollas y la romaní, siendo las primeras las de mayor participación dada su cantidad en el país. Este año, revela la cartera, serán 2.800 millones.
Bajo dicho marco, Mincultura detalla que se han realizado varias acciones desde 2022. Entre ellas se cuentan círculos de la palabra con siete pueblos (Wounaan, Embera, Kamëntsá, Inga, Awá, Wayuú y Murui) cuyo fin es la apropiación del Plan y el diseño de programas sobre las necesidades de protección, fortalecimiento y salvaguarda de las comunidades y sus lenguas.También destacan otros más focalizados, como un convenio entre Mincultura y el Resguardo el Suspiro para desarrollar “acciones que permitan el diseño de una ruta metodológica para el autodiagnóstico sociolingüístico del pueblo Sáliba del municipio de Orocué”. Y otro con el pueblo Polindara para recuperar, fortalecer y reconocer su idioma.
De otro lado, es importante destacar que actualmente se realizan importantes esfuerzos desde las comunidades indígenas para mantener sus lenguas y costumbres. Es el caso del resguardo indígena de Santa Rosa del Guamuez, donde el pueblo cofán –cuyo idioma se mantiene principalmente en los rituales– tiene activa una iniciativa en la que, a través de la música, busca vincular a niños y jóvenes para que aprendan, hablen y canten en su dialecto nativo. “A veces me daba pena colocarme mi propio traje tradicional, pero cuando me metí a la agrupación aprendí de que (sic)… yo me entregué a mi propia cultura, y entonces estoy muy agradecida de ser cofán”, relata una joven de 12 años que da cuenta de que el asunto va más allá del lenguaje y pasa por una reapropiación cultural.
“Especialmente notables han sido los esfuerzos y los avances con las lenguas del Pirá Paraná del Vaupés”, detalla Landaburu, quien cuenta que hay decenas de programas radiofónicos en los que se usa la lengua, “lo cual beneficia su prestigio y su uso”. Además, en el país se han editado diversas cartillas de cuentos, cantos y manuales, y se han traducido textos legales, entre otros.
A veces me daba pena colocarme mi traje tradicional, pero cuando me metí a la agrupación (…) yo me entregué a mi propia cultura, y estoy agradecida
Jóven cofán del Valle del Guamuez
También hay casos como el del pueblo Awá, que han venido realizando trabajos de autodiagnóstico en medio de un difícil contexto de violencia en Nariño. Así lo cuenta la lingüista arhuaca Gunnara Jamioy, quien señala que dicho pueblo se mueve en un territorio con fuerte presencia de actores armados. No obstante, durante el 2023 recorrieron los 26 resguardos que tienen en el departamento, “pues han visto el tema de la lengua como un ejercicio muy importante a partir del autodiagnóstico sociolinguístico”.
Lo más importante, apunta el subdirector académico del Caro y Cuervo, es entender qué quiere hacer cada comunidad, pues no todas tienen los mismos objetivos con su lengua. Algunas no quieren herramientas como los diccionarios, ni buscan traducir ciertos textos porque no pretenden enseñarlos, o prefieren que su idioma solo sea oral y no escrito. Por esta razón, lo que impulsa el instituto, faro del lenguaje en el país, es fortalecer las capacidades de los pueblos para que documenten sus dialectos, pues esa es la base para cualquier propósito que tengan. “Deben tener una conciencia lingüística o metalingüística de sus propias lenguas para poder construir más fácilmente esas palabras nuevas que nos están llegando a todos”, señala el profesor Espinosa.
En medio de estos esfuerzos, Colombia obtuvo una valiosa responsabilidad el año pasado: Bolivia le entregó la presidencia pro tempore del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas (IIALI), la cual ostentará hasta 2026. El bastón de mando fue recibido por la entonces viceministra de los Patrimonios, de las Memorias y de la Gobernanza Cultural, Adriana Molano, en un acto simbólico en mayo pasado en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería en Bogotá.
“Me comprometo con el presidente Gustavo Petro, con el ministro de las Culturas, Juan David Correa, con los 115 pueblos indígenas originarios y con todas las lenguas, a honrar esta lucha, a los vivos, a los ancestros, a los muertos y a los espíritus; a fortalecer las lenguas y a comprender su importancia como un sistema de conocimiento”, manifestó en su momento Molano.
Según lo informó la Cancillería, Mincultura trabajará en tres temas clave: el rol de las mujeres en la salvaguarda de las lenguas, la importancia de estas en el cuidado de la biodiversidad y su relación con la naturaleza, así como la transmisión intergeneracional. A su vez, la Dirección de Poblaciones resalta que la presidencia del IIALI es una oportunidad para visibilizar los avances del país en política lingüística, “cuyos ejes fundamentales son los derechos de los hablantes y la protección y gestión de las lenguas nativas” y que tiene como carta de navegación la Ley 1381 de 2010 o Ley de Lenguas.
“Esta presidencia será la plataforma para sensibilizar a los Estados de la región sobre la situación lingüística de las lenguas para la implementación de acciones para su fortalecimiento. Además, propenderá por fomentar la articulación regional para la creación de estrategias iberoamericanas para el intercambio de experiencias entre los países miembros, a través de la actualización del atlas sociolingüístico, encuentros binacionales”, entre otras acciones, concluye la dirección.
El conflicto armado
Además de las preocupaciones internas en las comunidades, como la transmisión generacional, hay factores externos que históricamente han puesto en jaque a las poblaciones indígenas, lo cual afecta la preservación de sus usos y dialectos. Bien lo señaló antes Naciones Unidas: “La amenaza es la consecuencia directa del colonialismo y de las prácticas coloniales que dieron lugar a la aniquilación de los pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas. Como resultado de las políticas de asimilación, del despojo de tierras y de las leyes y medidas discriminatorias, las lenguas indígenas de todas las regiones se encuentran en peligro de extinción”.
De esta manera, el organismo apunta a que las razones por las que están en riesgo estos idiomas van más allá de un asunto comunicativo y, como lo menciona el Banco Mundial, “las causas que más suman son aquellas que tienen que ver con sus niveles de pobreza, exclusión social; también por conflictos políticos, falta de reconocimiento legal y eficiente de los derechos indígenas”, entre otros. En Colombia, uno de ellos es, sin duda, el conflicto armado, que sigue causando migraciones y siendo una amenaza para el legado de las comunidades.
Los pueblos indígenas siguen luchando por preservar sus costumbres y dialectos y, así, sus saberes. Foto:Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO
Uno de los casos más recientes lo puso sobre la mesa la Defensoría del Pueblo, que emitió una Alerta Temprana de Inminencia (ATI), la 020 de 2024, por el peligro que corren diez pueblos indígenas del resguardo caño Mochuelo, en zona rural de Hato Corozal y Paz de Ariporo (Casanare). Lo anterior debido a la consolidación territorial del frente 28 José María Córdoba, del Comando Conjunto de Oriente de las disidencias de las Farc, y la entrada de otros grupos, que tienen en “inminente” vulneración de derechos fundamentales a estas comunidades.
“Los pueblos sikuani, piapoco, sáliba y amorúa (de tradición sedentaria: que permanecen en un mismo lugar durante generaciones) y los maiben masiware, wamonae, waüpijiwi, yamalero-mayaleros–tsiripus y yaruros (…) se encuentran solamente con su protección territorial”, detalla la comunicación del pasado 15 de agosto. La Defensoría señala que incluso los disidentes “obligan a las autoridades tradicionales indígenas a tomar medidas sobre ciertos comportamientos de las diez poblaciones. De no hacerlo, no solo las autoridades étnicas, sino todos los indígenas de las comunidades son sometidos a la propia ‘justicia’ del grupo rebelde, con tal de tener el control absoluto”. Por lo anterior, el organismo pidió intervención estatal urgente.
Casos como este, el subdirector académico del Caro y Cuervo los compara con los que viven, por ejemplo, los migrantes venezolanos. “Todo lo que ellos están viviendo, bien sea el orden público, la inestabilidad política, la falta de recursos, de posibilidades a futuro, eso los hace migrar. En el momento en el que emigran, su español venezolano empieza a mutar”, explica.
Pues bien, eso ocurre con todos los pueblos, incluyendo los indígenas, que abandonan su lugar de origen por razones como la violencia, con lo que se exponen a que sus comunidades se fragmenten y sus lenguas comiencen a debilitarse. “Entonces, todos los problemas de orden público, de inseguridad económica, de no acceso a la estructura de la educación, a la justicia, son factores que probablemente uno solo no va a acabar con la lengua, pero cuando se suman sí es una receta casi segura para hacer que esta desaparezca en el futuro”, concluye el profesor Espinosa.
Por ello, hace énfasis en que atacar cualquiera de estas amenazas ayuda a minimizar los riesgos. “Lo que se ha visto en el mundo es que tienen que ser soluciones a nivel social, para que la lengua resurja”, añade.
Esto ocurre, afirma Espinosa, porque para los indígenas el idioma no es un objeto aislado, sino que requiere de unas condiciones sociales, territoriales, económicas y ambientales para desarrollarse. “Nosotros, hablo del mundo occidental, pensamos que las lenguas están separadas de otras cosas, y las comunidades que no son de nuestra tradición las piensan mucho más integradas con ellos mismos, con su cuerpo, con su territorio o con la naturaleza, por ejemplo. Entonces, una comunidad que tenga ese nivel de integración con otras dimensiones, si se da cuenta de que está enfermando mucho o que los recursos naturales están desapareciendo, inmediatamente está viendo que también hay un riesgo con la lengua”, explica.
Lo que se pierde
“Con las lenguas indígenas desaparecen inevitablemente un conjunto de conocimientos ambientales, tecnológicos, sociales, económicos o culturales que sus hablantes han acumulado y codificado a lo largo de milenios”, afirmó antes Germán Freire, especialista en desarrollo social del Banco Mundial y líder del informe ‘Latinoamérica indígena en el siglo XXI’.
Él comentaba, por ejemplo, cómo el conocimiento etnobotánico está codificado en la forma en que los hablantes de una lengua describen y clasifican la naturaleza. “Sin esa información, es probable que grandes aportes indígenas a la medicina, como la quinina, que fue el primer tratamiento efectivo contra la malaria y aún hoy es el tratamiento de preferencia para la malaria resistente, no se hubieran hecho, pues ese conocimiento estaba asociado a lenguas indígenas del Amazonas”, destacó.
En esa línea, la exdirectora de Poblaciones de Mincultura advierte que, particularmente en Colombia, preocupa la desaparición de las lenguas amazónicas por los conocimientos que se van con ellas en una de las mayores coyunturas de la humanidad. “Aquí estamos hablando de pérdidas de un elemento que constituye parte de los conocimientos y saberes ancestrales de un pueblo, pero además, que en tiempos como los que estamos viviendo de crisis climática, son el soporte de los conocimientos para el cuidado de la biodiversidad. Se están perdiendo los saberes que se transmiten a través de las lenguas de toda una forma en la que se ha cuidado un territorio biocultural como lo es la Amazonia”, asevera Quigua.
Se están perdiendo los saberes (…) de toda una forma en que se ha cuidado un territorio biocultural como lo es la Amazonia
Diana QuiguaExdirectora de Poblaciones de Mincultura
Relación con el español
Más allá de su autonomía y costumbres, para los pueblos indígenas se hace inevitable mezclar sus lenguas con el español, y son sabidas las desventajas que les acarrea no manejar el idioma nacional. Para minimizar esto, el Plan Decenal insta a entidades e instituciones a hacer cambios que faciliten la comunicación y, con ello, el acceso de hablantes de lenguas nativas a bienes y servicios fundamentales.
La Dirección de Poblaciones del Mincultura señala que, “en relación a los procesos de traducción de documentos oficiales o normativos, es importante informar que cada institución, según su misionalidad, debe proveer los recursos para que las normas de su competencia puedan ser traducidas”. Además, la cartera les proporciona un directorio de intérpretes y traductores para tal fin. No obstante, es un supuesto que está lejos de ser realidad.
Desde el Caro y Cuervo, Espinosa reitera que quienes no saben español “tienen dificultades”, por ejemplo, para comunicarse con el Estado, los juzgados, los hospitales o los comerciantes. “Muchos indígenas terminan ‘tumbados’ no porque sean bobos, sino porque no tienen el dominio del español”, resalta.
Eso sí, no hay que perder de vista que la Constitución insta a reconocer como lengua cooficial las propias de cada comunidad dentro de su territorio, junto con el español. “Entonces, si bien el español se tiene que dictar y se está dictando, cumpliendo el mandato constitucional, también es necesario cumplir el otro lado del mandato, de enseñar la lengua para que sea cooficial, porque una lengua oficial es la que saca documentos oficiales”, dice Espinosa.
En este capítulo hay un actor clave: el etnoeducador. En el pueblo cofán del Valle del Guamuez, por ejemplo, el profesor Contreras sostiene que, pese a que la institución tiene un docente, “hay muchos problemas alrededor de la enseñanza de la lengua nativa”, comenzando por la falta de formación de profesores bilingües.
En Colombia, la norma más avanzada en esta materia es la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación. Esta define la etnoeducación en su artículo 55 como “la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos”. Agrega que debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, social y cultural, “con el debido respeto de sus creencias y tradiciones”. Su principal propósito es “afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura”. Sin embargo, tal como lo reconoce el Plan Decenal, esta ley “solo ha quedado en papel y discurso”.
De hecho, hoy los pueblos indígenas consideran que esta no recoge su lucha por la educación que reclaman, por lo que en lugar de la etnoeducación que allí se define han comenzado a hablar de la ‘educación propia’, un concepto incluido en el Decreto 2500 de 2010, que resultó de un trabajo entre el Ministerio de Educación y líderes indígenas. Así lo señala la cartera del ramo, consultada por EL TIEMPO.
“Es a partir de la educación indígena propia que se ha venido planteando el Sistema Educativo Indígena Propio (Seip) desde hace ya 18 años, y la consulta previa del mismo se inició en octubre de 2015, entre las delegaciones de las organizaciones y del Gobierno”, detallan. Ahora, tras años de trabajo, este sistema comienza a ver la luz, pues el pasado 6 de septiembre se protocolizó la norma sustantiva del Seip y se espera que en marzo de este año, cuando pase los trámites administrativos, llegue al despacho del Presidente para que la firme, se expida como decreto ley y se avance en su reglamentación.
“La educación propia en cada pueblo indígena es fundamental para que las lenguas originarias o nativas se puedan fortalecer y se pueda adelantar procesos de revitalización, para seguir existiendo y, con ellas, los múltiples conocimientos”, asevera el ministerio. Por esto, la cartera acompaña los procesos de vinculación de docentes indígenas en el país y se centra en apoyar el diseño y desarrollo de Proyectos Educativos Comunitarios (PEC) en sus territorios en lo relacionado con las mallas curriculares y su implementación. “El reto consiste en que la formación de docentes se haga desde los parámetros de las culturas ancestrales”, reconoce la cartera.
Lo que hay que entender, enfatizan, son las grandes diferencias entre la visión de un sistema y otro. “El sistema educativo nacional se centra alrededor del ser humano, en tanto que en el Seip los pueblos originarios plantean que la educación es para el cuidado de la vida, es decir, el cuidado del corazón, y el corazón de la educación es el territorio. (…) Tiene que ver con el cuidado del bosque, de las lagunas, de las montañas, de los ríos, que para la mayoría de los pueblos son sitios sagrados, son sitios de vida”, indican.
Dicho modelo propio busca una enseñanza sustentada en otras sabidurías sobre la matemática, la astrología, la botánica, la historia, entre otras materias. “Por ello es ejemplo para los pueblos indígenas de América y del mundo”, dicen con respecto a la norma del Seip.
Más allá de todo, la clave, como casi siempre, está especialmente en los niños. Es a ellos a quienes se debe llegar, enseñar y dejar como bastiones de una lucha que está lejos de acabarse. No hay espacio para equivocaciones. Como dice una joven cofán, “el objetivo que nosotros tenemos es la preservación y la recuperación de nuestro pueblo indígena”. Esto es lo que deben grabar las nuevas generaciones, de la mano de sus mayores. Solo así podrán seguir custodiando las lenguas indígenas de Colombia, un tesoro que debe conservarse con sus 65 piezas.
PAULA ANDREA GAVIRIA AUCIQUE
Subeditora del Impreso
EL TIEMPO
