Organizaciones ambientales y brigadistas advierten que la crisis es resultado directo de la reducción drástica del presupuesto estatal destinado al manejo del fuego: en lo que va del 2024, el gobierno de Javier Milei ejecutó apenas el 26% de los fondos asignados.
Un fallecido, cien casas destruidas y más de 24.000 hectáreas arrasadas son algunas de las consecuencias de los incendios que afectan a la Patagonia argentina. Los incendios forestales en Chubut, Río Negro y Neuquén han devastado reservas naturales y comunidades locales. La falta de inversión en prevención y respuesta rápida ha expuesto la precariedad del sistema de manejo del fuego en Argentina.
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Según datos oficiales, en 2023 el Servicio Nacional de Manejo del Fuego contaba con un presupuesto de 9.400 millones de pesos, mientras que para 2024 se redujo a 6.900 millones, con una ejecución parcial que ha dejado sin recursos a los brigadistas.
Según la agencia de noticias Tierra Viva, «el SNMF, a cargo desde diciembre del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, no ejecutó ni un solo peso en lo que va de 2025 y terminó 2024 con una ejecución de solo el 22 por ciento del total del presupuesto nacional destinado al área».
Esto se traduce en menos personal y menos equipamiento. Brigadistas y guardaparques denuncian despidos masivos en el sector, recortes en el mantenimiento de equipamiento y la falta de coordinación entre provincias. Mientras que pobladores de las zonas incendiadas afirman que la respuesta estatal ha sido tardía y que la contención del fuego ha dependido en gran medida de comunidades locales y voluntarios, con medios precarios.
A su vez, el Gobierno eliminó el Fondo de Protección de Bosques. En un contexto de incendios, desmontes y cambio climático, el presidente Javier Milei borró por decreto partidas presupuestarias destinadas al control y cuidado del diezmado monte nativo que permanece en pie pese a que organizaciones socioambientales advierten que es un medida inconstitucional.
Especulación sobre tierras devastadas y permisividad estatal
Las llamas han consumido bosques protegidos y tierras de pueblos originarios, reavivando denuncias sobre la intencionalidad de los incendios para favorecer negocios inmobiliarios. En zonas donde la legislación impide la urbanización de terrenos forestales, los incendios facilitan la modificación del uso de suelo, permitiendo la instalación de emprendimientos turísticos y loteos privados.
La Asamblea No a la Mina – Esquel denunció que los incendios son provocados por quienes buscan beneficiarse del cambio de uso de suelo. Advirtió que la Ley Ómnibus impulsada por el gobierno de Milei legaliza la venta de tierras incendiadas con la derogación del artículo 517 de la Ley 27.604, lo que, según la organización, podría generar una ola de incendios intencionales en áreas de interés inmobiliario.
En localidades como El Bolsón y Lago Puelo, donde existen más de 20.000 hogares en zonas de vegetación propensas a incendiarse, la situación se vuelve aún más alarmante. Además, la falta de sanciones efectivas contra quienes provocan incendios refuerza la sensación de impunidad.
No es sorpresa entonces que en medio de la inacción de Nación y el silencio de Milei, se confirmase que fueron intencionales los incendios en El Bolsón y Epuyén. Los gobernadores de las provincias de Chubut, Ignacio Torres, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmaron el domingo 2 de febrero que los incendios forestales en las localidades de Epuyén y El Bolsón fueron intencionales y que fue encontrado en el lugar material acelerante para el fuego. También advirtieron sobre «una escalada de violencia» en la zona de la Cordillera.
Del bosque a las residencias
La crisis ambiental en América se ve agravada por la creciente incidencia de incendios forestales, una problemática que afecta a múltiples países desde Estados Unidos hasta Argentina. Por mencionar un dato estadístico, en septiembre de 2024, Sudamérica acumulaba 400.000 focos desde enero de ese año, casi el doble que el mismo periodo de 2023, según el Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE).
En 2024, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Argentina sufrieron incendios de gran magnitud, lo que llevó a varios gobiernos a declarar emergencias ambientales. Este año las llamas fuera de control en la ciudad estadounidense de Los Ángeles mostraron una situación que pasa a ser cada vez más habitual, de ser fenómenos forestales, los incendios son cada vez más catástrofes urbanas y el fuego en esa localidad destruyó más de 14.000 hogares y un saldo de casi 30 víctimas fatales.
Esta transformación del fuego, impulsada por el cambio climático y el crecimiento desordenado de las ciudades, representa un riesgo latente para América Latina. En Chile, por ejemplo, incendios en 2024 devastaron barrios enteros, una situación que podría repetirse en otras urbes con escasa planificación territorial y deficiente infraestructura para la contención del fuego.
Las condiciones climáticas extremas, como sequías prolongadas, olas de calor y vientos fuertes, han favorecido la proliferación de incendios en América Latina. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Colombia enfrenta en 2025 un alto riesgo de incendios en 304 municipios debido a la acumulación de biomasa seca, convirtiendo extensas zonas en material inflamable.
