El documento de 25 folios denominado ‘Protocolo General de Actuación entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Comunidad de Madrid’ que han firmado este mediodía en Mérida las presidentas autonómicas María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso incluye mucho más que un frente común entre ambos territorios por intentar evitar el cierre de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres), cuyas instalaciones visitarán mañana martes. Esta alianza institucional entre ambos gobiernos, que incluye además dos declaraciones institucionales, desarrolla la defensa conjunta para exigir la aceleración de las obras del AVE Madrid-Lisboa, la derogación de la Ley de la Vivienda y la petición que se legisle contra la ocupación ilegal; una estrategia nacional común de inmigración y menores, una EBAU común en todas las regiones de España y la exigencia de una autonomía de gestión sanitaria, además del cumplimiento de la Ley ELA, entre otros asuntos destacados en este marco de colaboración .
En este contexto, y tras ser recibida por numerosos emeritenses a la puerta de la Presidencia de la Junta de Extremadura, que le vitorearon y le pidieron hacerse numerosos ‘selfis’, Isabel Díaz Ayuso, exigió Gobierno que abandone sus “criterios ideológicos” y prolongue la vida útil de las centrales nucleares al asegurar que la situación de cierre ha llegado a un punto de “casi no retorno” que afectará, según sus datos, a 22.500 millones de pérdidas, 30.000 empleos en todo el país y afectará al 70% de los ingresos económicos en las pequeñas poblaciones donde están ubicadas: “Será una catástrofe social, política y estratégica”, denunció la presidenta madrileña, quien abogó por seguir sólo “criterios técnicos” para tomar la decisión: “No podemos permitir que el Gobierno apague el futuro de España”, ha señalado.
En este sentido, ha señalado que, sin energía nuclear, ni una alternativa en estos momentos viable que representan las renovables, España será “más rehén de los combustibles fósiles y, sobre todo, de la Rusia de Putin“. Además, recordó los cambios de criterios de socialistas históricos como Felipe González, que hizo campaña contra las nucleares en 1982, o también Javier Solana o Jordi Sevilla “y ahora son sus mayores defensores”.
Otro de los nombres propios citados, como también hizo María Guardiola, fue de la vicepresidenta ejecutiva primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, que ha aprobado soluciones nucleares mientras que cuando estaba en el Gobierno de España las “negaba”, además de recordar que Bélgica acaba de apoyar con 32.000 millones de euros la prolongación de sus centrales nucleares por diez años más.
En el caso de la Central Nuclear de Almaraz (que visitará este martes), Ayuso recordó que trata de una infraestructura “esencial” para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y el desarrollo económico regional. Por ello, cree que el cese de operaciones que se ha programado para 2027 y 2028 es una decisión “va a causar un daño irreversible“, entre otras cosas para “el suministro en muchas zonas con alta demanda, como puede ser Madrid o de sus centros de datos. Y por todo esto pedimos al Gobierno de Pedro Sánchez que prolongue la vida útil de las centrales nucleares”, indicó para abogar por la instalación de pequeños reactores nucleares son “una alternativa en muchos países”. Así, se mostró convencida de que en la actualidad “España no está preparada para sustituir a esta energía” que, de no existir, “encarecería la factura electrónica en un 23% para los hogares y las pequeñas empresas“. Para Ayuso, ” exigimos una política energética que no nos haga rehenes de potencias extranjeras y que no ponga las empresas energéticas en el disparadero para luego usarlas de coartada”, exigió.
LA PRESIÓN FISCAL
Uno de los aspectos claves en este asunto es la subida fiscal, de hasta un 70% (la denominada tasa ‘Enresa’), que han padecido las empresas propietarias de las centrales nucleares en los últimos cinco años, con el fin, según expresó Ayuso, de “desincentivarlas” en su deseo de pedir la prórroga. En este sentido, se le preguntó en su comparecencia a María Guardiola sobre si prevé una rebaja de los impuestos autonómicos a los propietarios de Almaraz, que aproximadamente se elevan cada año a unos 80 millones de euros por la ‘Ecosata’ para un total de unos 120 millones que van directamente a las arcas regionales. Para la baronesa extremeña del PP, “siempre estamos dispuestos a revisarlo”, señaló Guardiola, pero puso una condición: “Que primero lo haga el Gobierno de España y el de Cataluña”, al que atribuyó una carga impositiva para las centrales nucleares en ese territorio superior en un 33% a la tasa que se paga en Extremadura: “La cuestión fundamental no es hablar de dinero sino de estrategia del Gobierno (sobre política energética), no juguemos al despiste”, aclaró Guardiola.
