Blanco de una arremetida judicial por los círculos de poder económico de Argentina, la expresidenta Cristina Fernández encara a partir de hoy otro juicio acusada de supuesta asociación ilícita y cohecho junto a exfuncionarios y empresarios.
La llamada Causa Cuadernos incluye también a otros 86 imputados, entre ellos exministros de su gobierno, el taxista autor de las notas Oscar Centeno y medio centenar de empresarios.
La fiscal general Fabiana León, quien lleva adelante la acusación advirtió que se trata de la investigación «de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina». Y aunque su nombre no aparece en ninguno de los cuadernos, Cristina es el centro del proceso.
El articulista Raúl Kollmann escribió para el diario Página12 que “la máquina de perseguir pone en marcha este jueves una serie de fraudes a los que dieron en llamar la Causa Cuadernos”.
El objetivo es evidente –señaló-, firmar dentro de dos o tres años que es lo que va a tardar el juicio una larga serie de condenas, pero especialmente la de Cristina Fernández”.
La expresidenta –añadió- no figura en ninguna anotación y ningún testigo o “arrepentido” pudo señalarla como habiendo recibido o pedido algo. Y, sin embargo, estará una vez más en el banquillo de los acusados en uno de los tribunales de Comodoro Py.
Los tres jueces del Tribunal Oral 7 encargados de juzgarlos son Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero. En un principio, las vistas tendrán lugar cada jueves durante el primer mes, con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio en el caso central y los conexos que llegan al debate.
La expresidenta deberá conectarse desde su lugar de detención domiciliaria en San José 1111 donde cumple la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta impuesta en la “Causa Vialidad” y que la Corte Suprema dejó firme este año.
En el banquillo están también el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obra pública José López y el exfuncionario de esa cartera Roberto Baratta y los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
En el expediente se juzgan 540 hechos de supuestos pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contrato de obra pública: llegan al estrado 65 hombres de negocios y dos choferes, uno de ellos el taxista autor de los escritos en los cuadernos, Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita.
Entre los empresarios que llegan a juicio están el primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.
La investigación se centró en una presunta asociación ilícita que habría funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.
Kollmann afirmó que el aparato judicial de Comodoro Py se convirtió desde hace más de una década, en una máquina de perseguir opositores. Y el centro de la persecución es la expresidenta.
Para el articulista, lo que comenzó hoy en el Tribunal Oral 7 es “un proceso sin relación alguna con lo que podría llamarse justicia”.
